El juez Eloy Velasco ha formado una pieza separada con los hechos que pusieron en aviso a Francisco Granados -foto pequeña- de que estaba siendo investigado por la UCO de la Guardia Civil. Confilegal/EP.
El chivatazo de un guardia civil a Granados permitio a Marjaliza quemar importantes documentos
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09/6/2016 18:03
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Actualizado: 13/9/2017 13:43
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El juez central de Instrucción 6, Eloy Velasco, ha formado una pieza separada, con la investigación sobre el chivatazo que el guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino le dio a Francisco Granados sobre la investigación que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil estaban llevando a cabo sobre su amigo, el empresario David Marjaliza. Dicha información empujó a Marjaliza a quemar «importantísimos documentos que hubieran servido de prueba».
En esta pieza separada, bautizada como ‘pieza 1 Talamino’, están incluidos Granados, Rodríguez Talamino y el guardia civil en excedencia, José Luis Caro Vinagre, quien había trabajado para Granados en su etapa de consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, amigo personal suyo.
Desde el punto de vista del juez Velasco, según figura en el auto, los hechos podrían ser constitutivos de un delito de revelación de secretos -artículo 417.2 del Código Penal– y de un delito de aprovechamiento de secreto -artículo 418 del mismo Código-.
De acuerdo con el relato del magistrado, Granados fue informado por Rodríguez Talamino a altas horas de la madrugada del 6 de septiembre de 2014 en una discoteca, durante las fiestas del pueblo de Valdemoro, de que la UCO estaba investigando a su amigo Marjaliza.
Rodríguez Talamino, que tenía su domicilio en Valdemoro, estaba destinado en la UCO, instalando balizas a los vehículos de los investigados.
Granados se lo contó al día siguiente a Caro Vinagre.
«Lo que tienes que hacer es llamar a este [por Rodríguez Talamido] y que te cuente, porque yo me dio la sensación es que no venía a cuento», le dijo Granados a Caro Vinagre por teléfono.
Después de la conversación con Caro Vinagre, Granados telefoneó a Marjaliza, en la puerta de cuya empresa la UCO había instalado una cámara oculta, para contarle que «uno que está en la UCO» le había contado que estaban cosas en su puerta.
De toda la secuencia de conversaciones tiene cuenta directa la UCO a través de los teléfonos intervenidos.
La cámara instalada en Plaza Éboli, de Valdemoro, tuvo que ser retirada y otros implicados en la trama comenzaron a adoptar medidas de seguridad adicionales en sus comunicaciones.
«La secuencia de llamadas anteriores, provocada por la alerta da por el agente de la UCO a Francisco Granados, supone que nuevos objetivos de la operación conozcan la existencia de una posible investigación penal contra ellos, identifiquen las posibles actividades por las que se centra la atención en ellos y los sensibiliza, aspectos todos ellos que ponen en serio peligro el éxito de las pesquisas», dice el juez Velasco en su auto.
La tarde de ese 6 de septiembre, Granados y Caro Vinagre, que ya había hablado con Rodríguez Talamino, quedaron para hablar en persona, lo que le provocó una gran inquietud.
Esa misma noche, Granados y Rodríguez Talamino volvieron a verse en las fiestas de Valdemoro. En esa conversación, dice el juez, el miembro de la UCO le aclaró que él era un mero componente de apoyo y le facilitó «el nombre del departamento que les encargó la instalación de la cámara oculta».
‘UNA PINTA MALÍSIMA’
A raíz de esa conversación, Granados comprobó qué era el grupo de la OCU y que se dedicaba a investigar la corrupción.
«‘Eso tiene una pinta malísima, que he metí o yo (se entiende por el contexto que en Internet), y eso tiene una pintaaaa’, mostrando posteriormente una seguridad plena al respecto de la existencia y objeto de la investigación: ‘¡exacto! Pero vamos, por lo que yo he visto y tal, ¡no tengo duda! Vamos, ¡100 por 100! (…) y con una pinta ¡mala, mala, mala!, en mi opinión'», dijo Granados, según el auto del juez Velasco.
«El hecho de que el guardia civil Talamino desvelara a los objetivos de la investigación los datos del Grupo encargado de la misma, permitió que Granados comprobara que dichos investigadores se dedican a la lucha contra la corrupción, lo que hizo que éste se preocupara sobremanera y le diera elementos de juicio necesarios para saber qué se pretendía», se puede leer en el auto.
Los objetivos de la investigación eran el propio Granados, su amigo y «socio», el empresario David Marjaliza, Ana María Ramírez Fernández, testaferro del anterior, y en menor medida el entonces alcalde de Valdemoro, José Carlos Boza Lechuga, que comenzaron a adoptar medidas de seguridad adicionales.
Durante su declaración ante el magistrado, Marlajiza recordó estos hechos. «Paco me dice: He coincidido en una discoteca de Valdemoro a las 4.00 horas de la mañana, con muchas copas, con un guardia civil y me ha dicho que están investigando a un empresario de Valdemoro que tiene su oficina en Pinto -explicó-. Y digo pues blanco y con asas, soy yo».
Marjaliza añadió que después le dijeron que «le habían balizado el coche» y que Granados le advirtió de que «tenía la UCO detrás». «Yo le digo: ¿Quién es la UCO? y en ese momento quemo todo», agregó, para precisar que entonces no conocía el papel de la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado. «Sacamos tres carros del Carrefour y los llevamos a quemar», precisó.
«Paco me dice si hay cualquier cosa rómpelo. Yo tenía miles de cosas, muchas no valdrían pero cojo miedo, como es lógico», prosiguió el empresario, para asegurar: «Yo llevo mucho tiempo no sintiéndome a gusto conmigo mismo y, en ese momento, eso me sirve de acicate para que yo diga limpio todo. Y rompí todo y quemé todo».
Según el juez Velasco, la actuación del guardia civil Talaamino «no respondió a un acto individual y aislado sino que se extendió en el tiempo, quedando constatados v arios encuentros en los que facilitó información y respondió a una actuación voluntaria en la que buscó a uno de los objetivos (Francisco Granados) para informarle tanto de la colocación del medio oculto como de la naturaleza de la investigación (algo que ya se deduce de la mera consulta por Internet al respecto de las funciones del Grupo de Investigación implicado, el Grupo de Delitos contra la Administración)». CONFILEGAL/EP.
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