El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha archivado las diligencias informativas incoadas el pasado mes de marzo contra la juez de Violencia sobre la Mujer número 1 de Vitoria, María del Carmen Molina Mansilla, a la que la Asociación Clara Campoamor denunció por tratar de manera «completamente ofensiva» a una mujer presuntamente maltratada, que estaba embarazada de cuatro meses, y atentar contra su dignidad.
Según la presidenta de la Asociación denunciante, Blanca Estrella Ruiz, el máximo órgano de gobierno de los jueces les comunicó ayer su decisión de archivar las diligencias.
Clara Campoamor está pensado en recurrirla.
Esta Asociación pidió al CGPJ que apartara o suspendiera a la magistrada que, durante la toma de declaración a una mujer que días antes había denunciado a su expareja por maltrato habitual y dos agresiones sexuales, preguntó a la supuesta víctima «si había cerrado bien las piernas».
El promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, ha archivado el asunto al entender que las palabras de la juez se enmarcan en la necesidad de concretar los hechos porque las agresiones sexuales habrían ocurrido entre 2011 y 2012, sin que fueran denunciadas en su día y sin que haya partes médicos.
Según el CGPJ, las palabras de María del Carmen Molina se tienen que «valorar en el ámbito de su necesidad de concretar el empleo de la fuerza física y la oposición o resistencia de la víctima frente a la agresión ante la inexistencia de otros datos o elementos que llevaran a clarificar los hechos».
Asimismo, Fonseca-Herrero recuerda que ninguno de los letrados ni el Ministerio Público hicieron constar ninguna queja durante el interrogatorio.
SIN «DESCONSIDERACIÓN»
El órgano de Gobierno de los jueces admite que, «si aparecen descontextualizadas», las manifestaciones de la magistrada se pueden considerar «poco afortunadas», pero rechaza que conlleve «reproche disciplinario por desconsideración».
La decisión de Fonseca-Herrero se ha producido tras estudiar la grabación de la declaración, de casi 45 minutos, y después de solicitar informes a la jueza, a la letrada de la Administración de Justicia y a Fiscalía.
En cuanto a la queja de Clara Campoamor por el retraso en el comienzo de la toma de declaración de las 11.00 horas a las 15.00 horas, el Consejo afirma que no se le puede atribuir a la juez porque ese día había señalamientos y asuntos fuera lo previsto.
Además, indica que el Juzgado tiene un problema estructural con el turno de letrado de refuerzo y el órgano judicial ha experimentado un aumento en la entrada de asuntos.
PREMIO GARROTE DE BRONCE
La jueza María del Carmen Molina Mansilla fue galardonada, el pasado 7 de junio, con el premio «Garrote de Bronce», un premio internacional que otorga la organización Women’s Link Worldwide y que se conceden a decisiones judiciales o pronunciamientos con impacto negativo (Garrote) o positivo (Mallete) sobre las mujeres y niñas.
Según esta organización internacional, la denuncia llegó al Juzgado de Violencia sobre la Mujer Nº 1 de Vitoria y cuando la jueza titular citó a la mujer “le preguntó, entre otras cuestiones, si cerró bien las piernas y si cerró toda la parte de los órganos femeninos para evitar que su expareja la violara”.
Además, cuando la mujer solicitó una orden de protección, “la jueza se la negó argumentando que su testimonio era ‘contradictorio’, no era ‘riguroso’ ni ‘veraz’ y no mostraba un riesgo real que mereciera esa protección”.
Estas actuaciones, de acuerdo con Women’s Link Worldwide, ocasionan una falta de protección real hacia las mujeres y se envía el mensaje a toda la sociedad de tolerancia hacia la violencia de género, lo que suscita situaciones de más vulnerabilidad hacia las mujeres.
La actuación de la jueza se basó en prejuicios y mitos sobre las víctimas de violencia de género, según la Asociación Clara Campoamor que había presentado la denuncia contra la jueza ante el CGPJ por su actuación discriminatoria e indiferente ante la violencia de género en la administración de justicia. Denuncia que finalmente ha tumbado el promotor de la Acción Disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces. EP/CONFILEGAL.
