Las XVI Jornadas de presidentes de Audiencias Provinciales, que tuvieron lugar entre el 8 y el 10 de junio pasado en Tarragona, y a las que asistieron 45 de ellos -de un total de 50-, concluyeron elogiando el acuerdo tomado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo -y «santificado» por la Sala de Gobierno del alto tribunal-, en el que establecía que “los escritos de interposición y contestación tendrán una extension máxima de 50.000 ‘caracteres con espacio’, equivalente a 25 folios.
En las conclusiones de las mencionadas Jornadas, los 45 presidentes de Audiencias Provinciales -que son elegidos por el Consejo General del Poder Judicial, cuyo presidente, Carlos Lesmes, estuvo en el acto de inauguración-, instan al CGPJ y a las Salas de Gobierno de los diferentes tribunales a que adopten «acuerdos de buenas prácticas en relación con los escritos procesales, documentación aportada en los procedimientos y duración de los informes orales, y resoluciones judiciales, informando de tales acuerdos al Consejo General de la Abogacía o a los Consejos de la Abogacía de cada ámbito territorial, para su difusión, especialmente allí donde existan Comisiones mixtas Sala de Gobierno-Consejo de la Abogacía».
De la misma manera, se comprometen a promover «libros de estilo respecto de la redacción de las resoluciones judiciales, llevando a cabo la adecuada difusión de los mismos y realizando actividades de formación inicial y continua al respecto, asumiendo provisionalmente, y en tanto el CGPJ elabora un texto, el aprobado por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, reclamando del Consejo General del Poder Judicial su pronta divulgación».
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechazó el 9 de junio la petición de la decana del Colegio de Abogados de Madrid, Sonia Gumpert, de dejar en suspenso el acuerdo de la Sala Tercera del Supremo, que fue aprobado a finales del pasado mes de abril.
El órgano de gobierno de los jueces denegó dicha suspensión basándose en el principio de ejecutividad de los actos administrativos y por considerar que, en su petición, Gumpert no concretó los daños a los que se refería ni tampoco explicó por qué eran irreparables.
Unas normas que, a partir del próximo 22 de julio, deberán acatar todos los abogados que recurran ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de ese órgano.
Luis María Díez-Picazo, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, aseguró, el pasado 25 de mayo, en el seno del Consejo General de la Abogacía, que “las reglas establecidas tienen sólo carácter de mera recomendación”.
Así lo explicó en una Jornada sobre la nueva configuración legal del recurso de casación en la Sala de lo Contencioso Administrativo celebrada en el salón de Actos del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE). Díez-Picazo insistió en que las reglas limitadoras de la presentación de escritos de preparación eran “puras recomendaciones”.
