Un usuario de Bicimad montado en una de sus bicicletas pasando por la sede de la Fiscalía General del Estado, con salida al madrileño Paseo de la Castellana. Confilegal.
La APIF pide investigaciones independientes incluso sobre la propia Fiscalía General
|
15/6/2016 20:22
|
Actualizado: 16/6/2016 09:41
|
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha pedido más transparencia e investigaciones incluso sobre la propia Fiscalía General del Estado dentro de un paquete de 25 medidas contra la corrupción aprobado recientemente en su congreso.
Reclama como medida fundamental un Pacto por la Justicia que aborde reformas procesales y dotación de medios a la Justicia en la lucha contra la delincuencia económica y la corrupción, garantizando la imparcialidad efectiva de los órganos encargados de la investigación y enjuiciamiento de esas conductas.
«Ello implica un cambio en el modelo de designación del CGPJ, la exigencia de controles en las puertas giratorias de jueces y fiscales a la política o a la abogacía, el respeto al régimen y tiempo de incompatibilidad cuando se cesa en alguna responsabilidad pública para acudir a una empresa privada o a la abogacía, un cambio en la designación del Fiscal General del Estado con un muy amplio consenso parlamentario», señala la APIF.
También exige la supresión de aforamientos para todos los cargos públicos.
REGULACIÓN DEL GOBIERNO Y LA FISCALÍA
Dentro de su reclamación para regular la relación entre el Gobierno y la Fiscalía, APIF ha sostenido que se debe tipificar como delito grave contra la Administración de Justicia la comunicación al Ejecutivo de «información reservada» que el Ministerio Público obtiene en el ejercicio de sus funciones.
APIF ha solicitado más mecanismos para permitir investigaciones, incluyendo cuestiones como: la contratación de personal de secretaría con vínculos de parentesco; o la prohibición de todo tipo de regalo, sea o no de cortesía (incluyendo naturalmente la asistencia habitual a palcos de equipos de futbol, espectáculos o corridas de toros), a cualquier autoridad o funcionario público y con más razón a jueces o fiscales, incluso a familiares o personas interpuestas.
Y, al mismo tiempo, insisten en la necesidad de abstenerse en nombramientos de amigos personales o clarificar criterios de percepción de dinero por asociaciones de fiscales.
La asociación reclama implementar un reglamento democrático para el Ministerio Fiscal y abordar temas como la publicación de la agenda del fiscal general, la carga laboral o la «arbitrariedad en los nombramientos», donde, dicen, prevalece la fidelidad asociativa o política sobre la capacidad y la competencia.
PARAISOS FISCALES
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales exige «declarar una lucha sin cuartel contra el funcionamiento de los paraísos fiscales en tanto afecte su actividad a la ocultación de capitales provenientes del delito o por los que haya de tributar». E insisten en que hay que recordar que son numerosas las entidades bancarias y empresas importantes españolas que operan en dichos territorios.
Para la APIF también es necesario «tipificar como delito de malversación de caudales públicos la donación en negro de cantidades de dinero a partidos políticos» por quienes en un periodo de cinco años anteriores o de dos posteriores hayan contratado con las administraciones.
LECRIM Y LEXNET
APIF ha insistido en la derogación inmediata del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que clasifica las causas en sencillas o complejas –limitando la instrucción en seis o 18 meses– y que en que el sistema LexNET esté supervisado por el Poder Judicial y no por el Ministerio de Justicia, al entender que afecta a la independencia del sistema.
En su catálogo de 25 medidas de lucha judicial contra la corrupción y la delincuencia económica, exigen que el control del expediente digital, de Lexnet, y de toda la custodia de documentación judicial obtenida en registros pase del Ministerio de Justicia al Poder Judicial.
«Asimismo, la Oficina de Recuperación de Activos derivados del delito (liderada en toda Europa por los órganos de investigación –Policía y Fiscalía-) ha de ser sacada del control del Ministerio de Justicia, al tratarse de un instrumento para la investigación y buen fin de los procesos, y para garantizar la imparcialidad en la investigación».
ENLACE A LAS 25 MEDIDAS
http://www.apifiscales.es/ultimo-comunicado/
Noticias Relacionadas:
