De izquierda a derecha, César Estirado, Francisca Valenzuela y Carlos García-Berro de la UPF, e Ignacio González Vega, de JpD, esta mañana, ante la Embajada de Turquía.
El embajador turco se muestra dispuesto a facilitar información sobre jueces y fiscales, tras recibir a JpD y a la UPF
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26/7/2016 18:49
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Actualizado: 12/4/2022 13:09
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El embajador de Turquía en España, Ömer Önhon, aseguró hoy a Ignacio González Vega, portavoz de Jueces para la Democracia (JpD) y a Carlos García-Berro, miembro del Secretariado de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) que estaba dispuesto a facilitar información sobre la situación en la que se encuentran los jueces y fiscales turcos represaliados tras el fallido golpe de Estado del pasado del pasado 16 de julio.
El encuentro con el embajador Önhon se produjo como consecuencia de la concentración que ambas organizaciones habían convocado hoy ante la Embajada de Turquía en Madrid para protestar contra la detención de jueces y fiscales y para pedir su liberación.
Önhon invitó a González Vega y a García-Berro a verse con él en el interior de la embajada, tesitura que aprovecharon ambos para entregarle sendas cartas en las que solicitaban la inmediata liberación de los jueces y fiscales detenidos así como reponer en sus cargos a aquellos que han sido suspendidos de sus funciones.
Los representantes de las citadas asociaciones profesionales han hecho saber al representante de la legación diplomática turca la preocupación por la situación en la que se encuentran dichos jueces y fiscales, que se han visto privados de todo tipo de garantías legales propias de un país miembro del Consejo de Europa y firmante del Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales.
Preocupación que es mayor, a raíz de la firma del Acuerdo entre la Unión Europea y Turquía sobre migraciones irregulares, al recaer sobre el poder judicial turco el papel de garante de los derechos humanos de los refugiados.
El diplomático turco, por su parte, manifestó que su país, al ser una democracia, es respetuoso con la separación de poderes y el estado de derecho, precisando que muchos de los jueces y fiscales habían sido ya liberados, algunos otros habían abandonado el país y que todos habían sido objeto de seguimiento meses antes de la intentona golpista, sin mayor detalle.
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