La Asociación de Fiscales (AF) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) ven «genérico» el acuerdo al que han llegado el Partido Popular y Ciudadanos para facilitar la investidura de Mariano Rajoy como presidente de Gobierno. Tanto Emilio Frías (AF) como Álvaro García (UPF) consideran que, en lo referido a la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal «para fortalecer su autonomía y eficacia» (punto 143), lo que se propone es muy abierto. La clave está «en la letra pequeña», en lo que finalmente salga.
Lo que proponen PP y Ciudadanos se resume en dos puntos:
- Los requisitos y condiciones exigidos para la designación del Fiscal General del Estado, de manera que se exijan 20 años de ejercicio profesional y capacidad e independencia acreditadas. Igualmente, se regulará el mecanismo de reprobación por el Congreso de los diputados y su posterior cese.
- Los requisitos para la promoción interna en la carrera fiscal para reforzar la exigencia de los principios de mérito y capacidad”.
«La ampliación de los requisitos para la designación del fiscal General del Estado a 20 años puede ser para acomodar el hecho de que para ser fiscal de Sala del Supremo se exigen 20 años de antigüedad, mientras que para ser fiscal general el requisito es de 15 años. Esto es algo anecdótico, porque no se va a ser más imparcial o menos por tener cinco años más o menos de antigüedad en el ejercicio de esta función», dice Frías.
Sobre la reprobación del fiscal General del Estado por el Congreso de los Diputados, Frías opina que está bien.
«Siempre que sea por causas tasadas y que esté suficientemente homologado quien puede ejercitar esa reprobación», explica.
El portavoz de la AF, sin embargo, lamenta que no estaría de más que se aprovechara esta oportunidad para reforzar las funciones del Consejo Fiscal, como órgano elegido por toda la carrera, para controlar al fiscal General del Estado.
«En la línea de lo que se quiere hacer con el CGPJ -un órgano más independiente-, habría que hacer lo mismo con el Consejo Fiscal. Porque es el órgano que conoce realmente a toda la carrera. Habría que alejar el poder de decisión del fiscal General del Estado y reforzar al Consejo Fiscal», añade. «Y en cuanto reforzar mérito y capacidad, cuanto más se consiga, mejor».
Álvaro García, por su parte, es abiertamente crítico.
«Es tan genérico que no dice nada. Me falta letra pequeña. Si lo que se plantea es cambiar las circunstancias de cese del fiscal General del Estado, que antes era potestad del Gobierno y ahora que lo decida el Parlamento, pues eso está bien», cuenta.
«Pero no se introducen causas de cese alguna, como, por ejemplo, no seguir la política criminal del gobierno. Esto de las leyes es lo que tiene. Una cosa es enunciarlo en general, pero la hora d ella verdad es cuando se concreta, que es cuando se ve si se ha conseguido el equilibrio entre una cosa y otra», puntualiza.
Sobre la modificación del Estatuto del Ministerio Fiscal para reforzar los criterios de mérito y capacidad, García lo recibe muy positivamente.
«Eso es lo que queremos todos. Eso es lo que pone el Estatuto y la Ley de la Función Pública, pero hay que ver a lo que se refiere. La letra pequeña. Siempre la letra pequeña», concluye.
Confilegal ha tratado de recabar la opinión de Salvador Viada, portavoz de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), pero no ha sido posible.
