Robin Camp, juez de la Corte Federal de Canadá, de 64 años, podría ser cesado de su puesto si, finalmente, así lo decide el Consejo del Poder Judicial canadiense tras la investigación llevada a cabo sobre el caso en las últimas semanas por un Comité de Investigación.
«¿Por qué no mantuvo bien juntas las rodillas?», «¿Por qué no hundió el culo en el lavabo para que no la pudiera penetrar?», fueron algunas de las frases que Camp le hizo a la víctima, una joven de 19 años, había sido violada en un lavaba durante una fiesta que se estaba celebrando en una casa y que, como tales, figuran en el acta del proceso.
El juicio en el que el juez le hizo esas preguntas tuvo lugar en 2014, cuando estaba destinado en un tribunal provincial; en 2015 se convirtió en juez federal.
Sobre el tema del sexo en general y del sexo con mujeres jóvenes, de forma particular, Camp dijo: «las mujeres jóvenes quieren mantener relaciones sexuales, de forma particular si están borrachas».
En otro momento del juicio declaró: «Algo de sexo y de dolor alguna vez van juntos…, eso no es necesariamente malo».
EL JUEZ SE HA SOMETIDO A UN PROCESO DE «REEDUCACIÓN»
De acuerdo con el Consejo del Poder Judicial Canadiense, que ha hecho público lo que se denomina un «aviso de respuesta a las alegaciones», «el juez Camp está de acuerdo en que hizo comentarios insensibles e inapropiados durante el juicio Wagar. Se ha disculpado de forma general y específica. Tiene la intención de pedir disculpas en la audiencia del Comité de Investigación. Ha sido entrevistado por la juez del Tribunal Superior de Justicia, Deborah McCawley, por el psicólogo, doctor Lori Haskell, y con la profesora Brenda Cossman, experta en la ley de asalto sexual, para conocer sus creencias y mejorar su comprensión de la ley, el contexto social en el que se produce la violencia sexual y su impacto psicológico. Esta le ha dado una comprensión más profunda del trauma al que se enfrentan los sobrevivientes de las agresiones sexuales y sobre la historia de la discriminación sexual».
El polémico juez ha dejado muy claro que quiere seguir siéndolo.
Ahora le corresponde al Consejo del Poder Judicial canadiense si es posible o no.
EL CASO ESPAÑOL
El pasado 21 de julio, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial impuso un correctivo al promotor de la Acción Disciplinaria, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, quien archivo la denuncia contra la magistrada María del Carmen Molina, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Vitoria, y ordenó que se le abriera un expediente disciplinario a la magistrada.
La juez Molina pregunto a una mujer, supuestamente violada por su expareja, si había cerrado las piernas: “¿Cerró toda la parte de los órganos femeninos?”, le dijo.
Fonseca-Herrero había archivado la denuncia tras conocer las explicaciones de Molina, que argumentó que según fueran las circunstancias del caso -la antigüedad de las presuntas violaciones, que habrían ocurrido en 2011 y 2012, sin que fueran denunciadas en su día, sin que la mujer hiciera alusión a ellas en dos denuncias interpuestas contra su ex pareja en 2015 y 2016, sin que existieran partes médicos u otros elementos corroboradores de su versión- hacían necesarias esas preguntas “para el esclarecimiento de la verdad” y determinar el empleo de la fuerza física y la oposición o resistencia de la víctima frente a la agresión.
Para Fonseca-Herrero, si las expresiones denunciadas “aparecen descontextualizadas, pueden considerarse poco afortunadas, pero en ningún caso suponer un reproche disciplinario por desconsideración a la víctima”.
Además, ni los letrados ni el fiscal hicieron constar protesta alguna durante el interrogatorio.
La magistrada fue denunciada por la Asociación Clara Campoamor por el contenido del interrogatorio a la denunciante, que consideró “ofensivo” y “atentatorio de su dignidad”.
Y fue apoyada por la Asociación de Mujeres Amparo Poch y por la subcomisión de violencia de género del Consejo General de la Abogacía.
