A pesar de lo que se intenta poner en cuestión últimamente, el aforamiento es un instituto procesal. No es un instrumento de la política.
El aforamiento tiene mucho que ver con la presunción de inocencia y con el principio de separación de poderes.
No es un privilegio, sino una exigencia fundamental del Estado de Derecho y de la democracia parlamentaria.
La razón de ser del aforamiento reside en última instancia en el deseo del legislador de separar la discusión política del juicio de responsabilidad penal, atribuido en exclusiva al poder judicial.
Sería impensable que los escaños pudieran depender de una decisión del Gobierno, dando instrucciones al Ministerio Fiscal para la investigación penal de tal o cual diputado o senador. El principio de separación de poderes se opone a ello.
También sería cuestionable que la decisión de la permanencia en el escaño dependiera de la decisión del presidente de una u otra Cámara, perteneciente al partido contrario. O que la denuncia de un partido permitiera sin más la investigación penal en el grupo de la oposición.
El aforamiento es un «filtro» donde un juez independiente separa el combate político de la estrategia procesal, permitiendo un juicio justo para preservar la presunción de inocencia del ciudadano que además es titular de un poder del Estado.
Por eso, el aforamiento previene también al diputado o al senador de los ataques desde su propio partido, que no puede arrebatarle el escaño por principio de oportunidad política, poniéndolo al pie de los caballos de una «presunción de culpabilidad».
Me estoy refiriendo desde luego al asunto de Rita Barberá.
La senadora ha decidido legítimamente salir de la discusión política, no enfrentándose a su propio partido, a cuya militancia ha renunciado.
Pero ha decidido defender su inocencia en los tribunales, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, donde se personará y declarará voluntariamente, sin renunciar a su aforamiento.
¿Es legítimo lo que ha hecho? Desde luego que lo es.
¿Técnicamente es una buena solución? Sí, sin lugar a dudas.
Haciendo lo que ha hecho, Rita Barberá puede convencer al magistrado instructor de que los indicios que puedan existir contra ella no son de la suficiente entidad como para pedir el suplicatorio.
Si lo consigue, y el magistrado deniega el suplicatorio y archiva la causa contra ella, Barberá habrá ganado la batalla judicial, y también la batalla política, pidiendo el reingreso a su partido.
Si renuncia al escaño, ese juicio previo no existirá, y será investigada directamente, quedando también defenestrada políticamente.
