Firmas
El fraude de la temporalidad sonroja a la Administración
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene su sede en Luxemburgo; el autor es doctor en derecho y fiscal de la Audiencia Nacional. TJUE
21/9/2016 07:57
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Actualizado: 24/6/2020 16:56
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De nuevo nuestros jueces, al igual que lo hicieran en cuestiones como la legislación hipotecaria o el derecho al olvido, han pedido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) claridad ante la ambigüedad de nuestro legislador en un tema tan espinoso como es de la contratación laboral de la Administración.
En la entrevista que este medio ha publicado al abogado Luis García Botella, letrado que gestiona cientos de casos similares donde la concatenación de contratos eventuales se ha hecho en fraude de ley, queda claro que este asunto no ha hecho más que empezar.
Consejerías de diferentes CCAA; Ministerios de toda índole, todas estas instituciones, algunas de dudosa utilidad, han preferido abusar de la precariedad laboral, pese a estar fuera de la ley, en lugar de tener un equipo de profesionales consolidado.
Recientemente una de las cabezas más brillantes de los abogados laboralistas, Luis Enrique de la Villa, ahora of counsel en Roca Junyent, tras más de cuarenta años dedicado al derecho del trabajo, señalaba su preocupación al comprobar como más de 8 millones de contratos de trabajos estaban en fraude de ley.
De la Villa pedía más ímpetu a los inspectores de trabajo, figura que hace veinte años realizaban una gran labor vigilando los abusos en las empresas. Hoy por hoy, estos profesionales están desbordados y haría falta triplicar la plantilla de inspectores para poder atajar el fraude de la temporalidad.
Queda por saber cuál será la reacción de las diferentes administraciones públicas, tanto a nivel estatal, autonómico cuando local. El fundamento jurídico de la citada sentencia es claro, se pide que se solucione esta situación y se establezcan mecanismos que eviten el abuso de la temporalidad.
En el sector de la justicia, la situación de los jueces sustitutos podría dar un vuelco. Aquella reforma que puso en marcha el por aquel entonces Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón y que no frenó el actual titular Rafael Catalá ha hecho que más de la mitad de esos 1500 profesionales hayan dejado la toga y se dediquen a otra cosa.
Profesionales, algunos de ellos que llevan diez o quince años encadenando contratos temporales, sin ningún derecho ni indemnización , en una lista de plena disposición en los diferentes TSJ, donde no pueden trabajar en nada hasta que se les llame, ese ha sido el triste deambular de magníficos jueces, algunos de ellos han tenido que abandonar este trabajo vocacional para subsistir.
Con estas dos sentencias del TJUE y otra del mismo día, 14 de septiembre que señala que los trabajadores fijos y eventuales deben tener la misma indemnización se abre un hilo de esperanza para este colectivo profesional, maltratado desde el CGPJ y Ministerio de Justicia y olvidado por las asociaciones judiciales en los momentos más críticos.
En un país como el nuestro como un índice de paro del 19,6 por cien, solo superado por Grecia en la UE y cuando se habla de la necesidad de crear empleo de calidad, provoca vergüenza ajena que las diferentes administraciones realicen estos chanchullos ante profesionales cuya preparación y experiencia profesional es intachable.
Ninguna reforma laboral puede funcionar y surtir efectos en un país en el que el primero que infringe la ley es la Administración al concatenar de forma indiscriminada contratos temporales a profesionales que llevan años en esta situación tan inestable.
Según nos comentaba el citado abogado, García Botella, el problema acaba de empezar. ¿Cómo recolocarán las administraciones los miles de profesionales que están en esa situación de temporalidad? Es una pregunta de difícil respuesta pero lo que está claro es que una vez más Europa vuelve a sacar los colores a nuestra Administración.
Nuestra Constitución lo refleja como un derecho fundamental en el artículo 35 pero hasta la fecha, la experiencia nos dice que una cosa es la teoría académica y otra es la dura práctica diaria donde muchos trabajadores realizan su actividad diaria en unas condiciones indignas.
Confiemos que, por una vez y sin que sirva de precedente, nuestros políticos hagan los deberes y establezcan los mecanismos adecuados para evitar, de ahora en adelante este tipo de contratación fraudulenta, impropia de un Estado de Derecho.
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