El Colegio de Procuradores de Madrid acusa a la Asociación para la Defensa del Procurador (APD) de «desmedido afán persecutorio e incriminatorio» contra la procura madrileña por la querella presentada ante el Juzgado de Instrucción 52 por los supuestos delitos de falsificación en documento público y prevaricación contra los 16 miembros de la Junta Directiva del Colegio en 2003.
La APD afirma que en noviembre de 2003 la Junta General del Colegio de Procuradores de Madrid aprobó unos estatutos que no se corresponden con los que en 2007 publicó el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) en 2007.
El Colegio está tranquilo. La querella no tiene recorrido, porque los cambios se produjeron respondiendo a los «preceptivos controles de legalidad que debían realizar el Consejo General de Procuradores de España y la Comunidad de Madrid, según la Ley de Colegios Profesionales», afirman en un comunicado hecho público hoy.
Por lo tanto, no hay nada irregular.
«La APD está formada por 5 o 6 personas que fueron dados de baja del Colegio por no pagar las cuotas colegiadas. Lo que pretenden con esta querella es tratar de poner en jaque al actual sistema de financiación de la procura de Madrid», explicaron fuentes de Colegio a Confilegal.
Entre los querellados, que tienen que declarar el próximo 6 de octubre ante la magistrada Belén Sánchez Hernández, titular del 52, se encuentra Gabriel María de Diego Quevedo, actual decano del Colegio, quien en 2003 no formaba parte de la Junta Directiva.
Hasta la fecha la APD se ha querellado no sólo contra el Colegio de Procuradores de Madrid, también contra el Consejo General de Procuradores. Han presentado denuncias ante la Agencia Española de Protección de Datos, el Consejo Nacional del Mercado de la Competencia y el Ministerio de Hacienda.
«Todas han sido archivadas», cuentan las mismas fuentes.
LA ÚLTIMA
El último revés que sufrió la APD fue el pasado mes de diciembre, cuando la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial, en funciones de tribunal de apelación, decretó el sobreseimiento definitivo de la querella contra el exdecano de los procuradores de Madrid, Antonio Álvarez-Buylla, y el exsecretario, Ramiro Reynolds Martínez, por los supuestos delitos de falsificación en documento público y prevaricación.
Los mismos delitos por los que ahora se acusa a los 16 miembros de la Junta Directiva de 2016, entre los que se encuentra Juan Carlos Estévez, entonces decano y actualmente presidente del Consejo General de Procuradores.
En el auto los magistrados Ignacio Sánchez Yllera, Mario Pestana Pérez y José Joaquín Herás Ortiz, achacaron a los querellantes de la APD un “excesivo afán incriminatorio”, los mismos términos que hoy ha utilizado el Colegio de Madrid en su comunicado.
En esa ocasión el contencioso tuvo su origen en la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BCOM) de una versión del Estatuto Profesional del Procurador que no coincidía con la aprobada por la Junta General Extraordinaria del Colegio de Procuradores de Madrid, celebrada el 15 de julio de 2010.
La explicación de Álvarez-Buylla y de Reynolds Martínez sobre lo sucedido es que todo se debió a un error. Porque mientras que al BCOM se envió una versión que difería con la definitiva, “la buena”, aprobada por la Junta General, fue publicada de inmediato en la web del Colegio sin ningún tipo de cambio.
El tribunal consideró probado que no hubo mala fe y que todo se debió a un error administrativo, por lo que dio por cerrado el caso, absolviendo a Álvarez-Buylla y a Martínez Reynolds.
La querella de la APD perjudicó gravemente a Álvarez-Buylla, que podría haberse convertido en vocal del Consejo General del Poder Judicial, como jurista de reconocido prestigio, tras la renuncia de Mercè Pigem. El exdecano renunció a ocupar ese puesto por esa «espada de damocles» que pendía entonces sobre él.
