Esta semana saltaba a la prensa la noticia de que una jueza brasileña, Maria de Andrade, que encarceló durante 26 días a una joven de 15 años en una celda en la que estaba rodeada de unos 30 hombres, que la violaron y torturaron innumerables veces.
Durante este tiempo, la joven, de menos de 40 kilos y un metro y medio de alto, además de ser violada en numerosas ocasiones, fue torturada (posee numerosas quemaduras de cigarrillos en su cuerpo) y obligada a tener sexo a cambio de comida en la cárcel de Abaetetuba, en el estado brasileño de Pará.
Y todo ello porque la joven intentó robar un móvil y se topó con una jueza sin un ápice de sensibilidad, que ordenó su detención y su posterior ingreso en prisión. Y no en una prisión cualquiera, sino que ante la falta de una celda libre para ella en el pabellón femenino, esta jueza decidió mandarla al pabellón masculino, rodeada de hombres.
La juez tomó esta absurda y cruel decisión, desoyendo incluso una petición de la Policía en la que se solicitaba que la joven fuera llevada a otra celda de manera “urgente” ante el riesgo de sufrir algún tipo de violencia por parte de los otros presos. Como finalmente ocurrió durante días.
Pese a la gravedad de los hechos, el Consejo Nacional de Justicia de Brasil ha decidido suspender a esta jueza de sus funciones durante dos años. Y lo que es peor, durante esos dos años seguirá percibiendo un salario proporcional al tiempo trabajado.
Nadie hace mención a la víctima, quien seguramente no podrá olvidar esos 26 días terribles, llenos de torturas y humillaciones.
Hablamos de una joven que en octubre de 2007, cuando ocurrieron los hechos, solo tenía 15 años. Seguramente jamás podrá olvidar, ni superar, las vejaciones que sufrió. Y tampoco olvidará la cara de la jueza que la condenó a tamaña humillación y sufrimiento por haber intentado robar un teléfono móvil.
Es cierto que nuestros actos tienen consecuencias, pero esa joven pagó un precio excesivo por la decisión incomprensible e irracional de una jueza, a quien el órgano de los jueces de Brasil solo ha sancionado con dos años de inhabilitación. Una pena ridícula para una decisión judicial incomprensible.
Lo lógico hubiera sido su expulsión de la carrera judicial.
En Derecho se defiende que hay que cumplir con el sagrado «principio de proporcionalidad de la pena». Un principio que sostiene que la severidad de la pena debe ser razonable y proporcional a la gravedad de la infracción.
Pues bien, en este caso no se ha cumplido, para nada, con el sagrado «principio de proporcionalidad de la pena». La joven padeció una pena totalmente desproporcionada a sus acciones (intento de robo), mientras que la jueza ha recibido una sanción disciplinaria mínima por una decisión inhumana que marcará para siempre la vida de una joven.
