Mientras que la Asociación de Fiscales (AF) ve con esperanza el nombramiento de Rafael Catalá para un segundo mandato al frente del Ministerio de Justicia, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) no lo ve como positivo, «a no ser que cambie de política»; la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), por su parte, no «son optimistas».
Desde el punto de vista de Emilio Frías, portavoz de la AF, «en principio, empezamos de cero en un tiempo en el que no hay mayorías políticas. Eso es beneficioso porque habrá que buscar grandes consensos. Por eso estamos muy esperanzados. Creemos que las primeras medias a tomar sería reformar la jurisdicción penal entera en España, elaborar una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal y armonizarnos con el resto de los países de nuestro entorno, convirtiendo al fiscal en el director de la investigación. Eso hay que hacerlo sí o sí».
El portavoz de la UPF, Álvaro García, subraya las necesidades: «Necesitamos medios materiales y personales y que esta legislatura ha sido un abandono hacia la Fiscalía y así nos sentimos». Y añade, con cierta ironía, «esperamos que aunque no haya cambiado el ministro cambie la política del ministro».
Para Miguel Pallarés, quien recientemente asumió la portavoces de la APIF, es necesario «que cambie el talante. No soy optimista, pero hay que ser realista y abrir un periodo de cierta esperanza».
Pallares considera imprescindible la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establece 6 meses para instruir una causa. «Es inviable. Ha traído más problemas que ventajas», afirma. Y como Frías, reivindica la promulgación de un nuevo código procesal penal y la entrega a la Fiscalía de la instrucción. «Hay que empezar por los hechos».
