«Existe una alternativa más viable a la del fiscal de instrucción , que tendría un coste ínfimo, sería fácilmente aplicable y preservaría la independencia que tanto nos preocupa: la del juez de instrucción sin la capacidad de juez de garantías que posee ahora, que le permite autorizar la entrada y registro en las casas o las intervenciones telefónicas, por ejemplo», explica a Confilegal el magistrado Jesús Villegas, secretario general de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial.
«Ese es el talón de Aquiles del juez de instrucción actual. Su naturaleza, hay que reconocerlo, tiene algo de esquizofrénica porque tiene que perseguir y proteger al mismo tiempo al investigado. Por eso, si al juez de instrucción simplemente se le quita esa capacidad y se crea, al mismo tiempo, la figura del juez de garantías, que asumiría esas capacidades, dando luz verde a esos registros, esas intervenciones o las detenciones mismas, tendríamos la seguridad de que el instructor sería imparcial e independiente, puesto que no dependería de un superior, como en el caso del fiscal general del Estado», añade Villegas.
Según el decano de los Juzgados de Guadalajara -un firme defensor del juez de instrucción frente al fiscal-, «pasaríamos del sistema mixto actual, inquisitorial-acusatorio, a un sistema acusatorio, con la salvedad de que «sería un juez de instrucción en vez de un fiscal de instrucción».
Una figura que ya existe en Francia. Allí a los jueces de garantías se les denomina jueces de libertades y cumplen esa función.
De acuerdo con la propuesta de Villegas, habría, por una parte, un número de jueces de instrucción, y, por otra, otro número, éste mínimo, de jueces de garantías. La operativa sería muy parecida a la que se produce con el fiscal de instrucción en países donde tienen estas funciones.
Villegas, que intervino hoy en el tercer aniversario de la Brigada Tuitera, que ha tenido lugar en el salón de actos del Palacio de Telecomunicaciones de Madrid, sede principal del Ayuntamiento, contesta así a las múltiples declaraciones que desde diferentes ámbitos se están pronunciando a favor de la adopción de la figura del fiscal de instrucción, que vendría a sustituir al juez de instrucción actual, cuando se apruebe el futuro código procesal penal.
«El problema con la figura del fiscal de instrucción es que no sería independiente. El Ministerio Fiscal se rige, según su Estatuto, por el principio jerárquico, cosa que no ocurre con nosotros los jueces, que somos independientes e imparciales. ¿Qué ocurre si el superior del fiscal de instrucción le ordena que no investigue a un político en el gobierno, en la Comunidad Autónoma o en el Ayuntamiento? La propuesta que pongo sobre la mesa aquí, sinceramente, creo que es mucho mejor que la que pretende adoptar el Ministerio de Justicia. Sería una solución ‘ a la española'», añade Villegas.
En opinión del secretario general de la Plataforma Cívica, «el sistema de juez de instrucción ha funcionado muy bien a lo largo de la historia porque es independiente. Ahora se trata de evolucionar el modelo hacia algo más moderno y respetuoso con los derechos de los investigados. A un coste muy inferior al del fiscal de instrucción que se pretende implantar».
