La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a cinco años y cuatro meses de cárcel al empresario Rufino Pereda, conocido como el ‘Steve Jobs’ cántabro, por un fraude tecnológico por un valor de 6 millones de euros.
Así consta en una sentencia en la que la Sección Cuarta condena al empresario en concepto de autor de un delito de falsedad en documento mercantil en concurso ideal con un delito continuado de estafa agravada.
Además, la Audiencia le impone una pena de multa de doce meses, a razón de 30 euros de cuota diaria, absolviéndole de un delito continuado de otorgamiento de contrato simulado.
Al resto de acusados se les impone penas de prisión que oscilan entre tres años y seis meses a un año y seis meses de cárcel por delitos continuados de estafa.
Sobre Rufino Pereda, los magistrados destacan que es quien «idea y ejecuta todos los hechos fraudulentos que integran el conjunto de la estafa continuada». Y recalcan que es coautor también de la falsedad de los documentos mercantiles al formar parte del acuerdo que determina su elaboración y hacer uso posterior de ellos conforme a lo planeado.
En el juicio, que se celebró en febrero de 2015, afirmó que los inversores perjudicados por sus negocios son «una pequeña excepción» ya que el 90 por ciento de los mismos continúan con él en diversos negocios.
Según los hechos, el empresario cántabro junto a otros socios «con ánimo de enriquecerse ilícitamente» crearon un entramado societario al que llamaron Grupo Red Enlaza, del que Pereda era presidente. De esta red colgaban 17 filiales (una por cada comunidad autónoma).
Los acusados participaban presuntamente en «numerosos eventos» con el objetivo de «captar ilícitamente» fondos de terceros, en los que aseguraban que el grupo de empresas iba a ser «el primer operador en explotar comercialmente en España la telefonía móvil de cuarta generación» y suministrar teléfonos personalizados con los clubes de fútbol de Primera División y con empresas como Coca Cola, Zara o Telepizza.
Para este fin, se rodeó de gente de confianza y construyó una imagen de empresario de éxito que se exteriorizaba en el uso de automóviles de alta gama, oficinas en La Moraleja y aviones privados, pagados con el dinero obtenido de los inversores.
En su declaración, el empresario cántabro manifestó que llevaba «toda la vida» dedicándose a los negocios y que va a «continuar en ello».
Relató que cuando fue detenido llevaba ocho años con su proyecto de inversión de venta de teléfonos móviles, –que requería 3,2 millones de euros–, y otro proyecto, el operador de telefonía móvil, –que necesitaba más de 800 millones de euros–. Él aportó al principio 3.000 euros, luego parte de sus empresas y después «todo» su patrimonio para hacer frente a ambos negocios.
NI COMECIALIZÓ MÓVILES, NI FRMÓ NINGÚN CONTRATO DE LICENCIA
Rufino tenía un plan megalómano para competir con Telefónica y Vodafone y un ramillete de empresas de tecnología punta que, pese a que su factótum recaudó millones de euros de más de un centenar de inversiones.
No obstante, el procesado «no fabricó ni comercializó teléfonos móviles de ningún tipo, personalizados o no, bien directamente o bien a través de las sociedades que constituyó y en las que los inversores compraron participaciones».
Tampoco suscribió acuerdos de compra ni encargó la fabricación de teléfonos móviles, no firmó ningún contrato de licencia con clubes de fútbol españoles ni con empresas titulares de marcas o nombres comerciales de renombre.
Dice el tribunal que desde que comenzó su captación de inversores para el proyecto de comercializar teléfonos móviles personalizados, el procesado «era consciente de las escasas posibilidades de colocar en el mercado su producto en términos de mínima rentabilidad económica».
