JpD asegura que «los jueces no se han confabulado» para acabar con las cláusulas suelo
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17/1/2017 12:46
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Actualizado: 12/4/2022 13:24
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Jueces para la Democracia recuerda a «diversos sectores académicos y de la banca», que los jueces españoles «no se han confabulado con determinadas asociaciones de consumidores imputadas por delito» para «promover demandas contra las cláusulas suelo», que simplemente han hecho su trabajo, planteando «las sucesivas cuestiones prejudiciales» que han desembocado en el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Estas declaraciones de Jueces para la Democracia (JPD) viene a colación de las críticas vertidas por representantes de la banca, que han llagado a calificar la sentencia del TJUE, del pasado 21 de diciembre, sobre las cláusulas suelo con “asalto al tren del correo”, un “fenómeno de ataque a la banca” y ha que no han dudado en arremeter «contra los jueces que han planteado las sucesivas cuestiones prejudiciales que han desembocado en dicho fallo.
A través de un comunicado, la asociación de jueces recuerda que, en este sentido, los «juzgados y tribunales se han limitado a poner en marcha los mecanismos e instrumentos jurídicos para depurar e interpretar el ordenamiento, de acuerdo la normativa legal española y europea».
Y subrayan que la labor diaria de los jueces españoles se ha atenido en este caso, como en todos los sometidos a su conocimiento, a «los parámetros de independencia y sometimiento a la Ley y al Derecho. Entre sus funciones se encuentra, según los Tratados de la UE y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, el planteamiento de la cuestiones prejudiciales con el resultado de todos conocido».
Insisten en que Jueces para la Democracia, como no puede ser de otro modo, respeta y alienta la libertad de expresión de los ciudadanos y ciudadanas en la crítica a la resoluciones judiciales, pero recuerda, como ha tenido ocasión de decir el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, que «cualquier opinión vertida sobre el funcionamiento del sistema judicial y del personal a su servicio, no debe de atentar contra la confianza de los ciudadanos en la administración de justicia dentro de los parámetros de una sociedad democrática».
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