Francisco Vieira, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y máxima autoridad de la Justicia en la Comunidad de Madrid, ha dirigido una comunicación a Ángel Garrido, consejero de Presidencia, Justicia y Portavoces, para celebrar, cuanto antes, una reunión urgente de la Comisión Mixta de la Consejería de Justicia de la Región y la Sala de Gobierno del TSJM para abordar la crisis desatada en torno a las deficiencias de las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid.
El Gobierno regional madrileño es el competente para el mantenimiento y dotación de infraestructuras y medios ya que posee las transferencias en materia de Justicia, transferidas desde el Gobierno Central.
La decisión del presidente del TSJM de convocar de urgencia la Comisión Mixta tiene lugar tras los últimos acontecimientos acaecidos en torno a varias sedes judiciales y coincide con el comunicado de los 21 jueces decanos de la Comunidad de Madrid.
La gota que desbordó el vaso fue el incendio acaecido el pasado 11 de enero en los juzgados de Violencia Sobre la Mujer y Primera Instancia nº 5 de dicha localidad de Torrejón de Ardoz, población a 29,5 kilómetros al este de Madrid, que fueron clausurados por problemas de salubridad.
La situación de los juzgados de Torrejón de Ardoz, que no es única, ha llevado a los 21 jueces decanos de la región a poner una vez más el énfasis en las deficiencias, tanto de infraestructuras como de medios materiales y humanos, en los juzgados de la Comunidad.
En su comunicado, los decanos insisten en que el citado incendio no es un accidente inevitable, sino una de las consecuencias del deficiente estado y mantenimiento de las instalaciones judiciales en nuestra Comunidad.
Los jueces, tras señalar que “estos hechos podrían llegar incluso a encajar en el tipo penal de los delitos contra los derechos de los trabajadores, por lo que cabria plantearse la posibilidad de ponerlos en conocimiento de la Fiscalía de no arbitrarse los medios necesarios para solventarlos”, reclaman poder desempeñar su trabajo en unas instalaciones dignas para funcionarios, profesionales y usuarios de la Justicia.
