La Audiencia Nacional ha dejado este jueves visto para sentencia el juicio contra los 65 usuarios de las polémicas tarjetas black de Caja Madrid, entre ellos los expresidentes Miguel Blesa y Rodrigo Rato, que se enfrentan a penas de entre seis y cuatro años y medio de prisión por apropiación indebida y administración desleal.
Veintiséis sesiones, 120 horas y más de cuatro meses después, el juicio de las tarjetas «black» de Caja Madrid ha quedado visto para sentencia. Sin embargo, pocos dudan de que este caso acabe en el Tribunal Supremo.
Pese a todo, este jueves, la presidenta del tribunal, la jueza Ángela Murillo, ha dejado visto para sentencia el proceso.
En la última sesión del juicio solo ha hecho uso de su derecho a la última palabra el exvicepresidente de Caja Madrid Virgilio Zapatero, quien ha reiterado que nunca obró de mala fe y que usó la tarjeta «con mesura y diligencia». Y ha relatado como ha vivido estos «739 días de pesadilla» desde que recibió su primera citación en fase de instrucción.
Además, ha solicitado al tribunal que tenga en cuenta la devolución que hizo de la compra de un viaje personal y que al darse cuenta que efectuó con la Visa de la entidad devolvió, algo que a su juicio prueba «la buena fe» de su comportamiento y la «mesura» en la utilización de este instrumento de pago.
Durante las 26 sesiones del juicio, que arrancó el 26 de septiembre, todos los acusados han proclamado su inocencia y han buscado desmontar los cargos, señalando a organismos e instituciones como el Banco de España o Hacienda, los cuales conocerían la existencia de dicho sistema según la versión de quienes fueran máximos responsables de la entidad.
Por su parte, las acusaciones han denunciado que los beneficiarios hicieron un uso personal de las tarjetas otorgadas para gastos de representación mientras que las defensas han expuesto que las recibieron como complemento retributivo. Y este ha sido el tema principal de las sesiones, intentar distinguir entre gastos de representación y libre discrecionalidad.
El tribunal tiene ahora que dirimir la naturaleza de estas tarjetas para concluir si los acusados incurrieron en delito continuado de apropiación indebida y administración desleal al utilizar las citadas tarjetas para gastos personales. En concreto cargaron a sus plásticos compras en artículos de lujo, viajes, menaje del hogar, safaris y restaurantes por valor de 15 millones de euros entre 1999 y 2012.
Se trata de uno de los juicios más mediáticos de los últimos tiempos ya que sientan en el banquillo de los acusados a Miguel Blesa, Rodrigo Rato, Ildefonso Sánchez Barcoj y una importante representación de políticos de todos los partidos (José Manuel Fernández Norniella, Ramón Espinar, Moral Santín), líderes de la patronal (Gerardo Díaz-Ferrán, Arturo Fernández) y sindicales (Ricardo Martínez o Rafael Eduardo Torres Posada), entre otros.
Para todos ellos, la Fiscalía pide penas de prisión que oscilan entre seis años y uno.
En su informe de conclusiones finales no modificó la petición para Blesa (seis años) ni para Rato (cuatro y medio) pero sí aplicó la atenuante de reparación del daño a consejeros y altos cargos por devolver las cantidades gastadas durante el proceso de instrucción de la causa.
Por su parte, el abogado de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), Andrés Herzog, que ha ejercido la acusación popular, confía en una sentencia condenatoria generalizada y no ha descartado que alguno de los usuarios, que al margen de Blesa y Rato hacen frente a peticiones de entre cuatro años y doce meses de la cárcel, se vea obligado a entrar en prisión, ante la «gravedad de los hechos».
