La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha aprobado hoy, con el voto en contra del PP, una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a derogar la reforma impulsada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2014 que limita el ejercicio de la jurisdicción universal en España.
Con 23 votos a favor y 14 en contra, la Comisión ha sacado adelante la propuesta de Podemos que ha aceptado incorporar una transaccional de PSOE y Ciudadanos para volver a la ley impulsada por el Gobierno de Jose Luis Rodríguez Zapatero de 2009, aunque la formación morada reclamaba también derogar esta última, puesto que limitó la actuación de la Audiencia Nacional a casos en los que existiera víctimas españolas o en los que los responsables del delito cometido, en el caso de ser extranjeros, se encontraran en España.
Todos los grupos han lamentado la reforma de 2014 por ser «restrictiva» y dejar «indefensos a los ciudadanos españoles», si bien Leopoldo Barreda (PP) ha considerado que derogar dicho texto no solo sería «un retroceso» sino también supondría «destinar recursos de la Justicia a casos que solo generar frustración«.
No lo entiende así Jaume Moya (Podemos) que ha destacado que la actual normativa «no solo niega la justicia a las víctimas extranjeras de graves violaciones de derechos humanos» sino que también «deja por tanto en situación de desamparo a las víctimas españolas que sufran delitos internacionales en el extranjero».
Y ha lamentado que «en España ya no existe una jurisdicción universal», pues «se ha limitado a tales extremos que hace prácticamente imposible seguir un procedimiento de justicia universal en nuestro país.
Desde el PSOE, Soraya Rodríguez ha recordado la posición «totalmente en contra» de la «desafortunada y lamentable» reforma impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2014, supuso la «estrangulación del ejercicio de la jurisdicción universal» en España.
La citada reforma supuso “un retroceso en el combate contra las violaciones de los derechos humanos y un menoscabo de la jurisdicción universal, cuyo principio inspirador no es otro que el castigo de los culpables de crímenes que atentan contra la propia condición y dignidad humana y evitar la propia impunidad de los mismos”. subrayó la parlamentaria socialista.
Por su parte, Marcial Gómez de Ciudadanos ha apoyado la derogación de la norma para volver a la legislación de 2009, mientras que el PNV ha abogado por la derogación inmediata pues «desvirtúa la jurisdicción universal» aunque ha criticado igualmente el texto aprobado por los socialistas en 2009, como también ha hecho ERC
