De izquierda a derecha, Santiago López (Plena inclusión), José Fabián Cámara (DOWN ESPAÑA). Alberto Durán, presidente de Ilunion, Miguel Carballeda, presidente de la ONCE y Luis Cayo Pérez Bueno (CERMI Estatal).
Las personas con discapacidad se manifiestan frente al Tribunal Constitucional reclamando ejercer su derecho a voto
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09/2/2017 05:58
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Actualizado: 17/2/2020 14:08
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Procedentes de toda España medio millar de personas con discapacidad pertenecientes a Plena inclusión, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y DOWN ESPAÑA celebraron este miércoles una concentración ante el Tribunal Constitucional (TC) para reclamar su derecho fundamental al voto. La falta de sensibilidad e incomprensión de este Tribunal hacia esta situación va a encaminar a los más de 100.000 españoles que no pueden votar a defender ese derecho en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Ni los más viejos del lugar recuerdan una protesta de este tipo ante el Tribunal, teórico garante de la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
En una mañana gélida este acto reivindicativo tuvo su impulso paralelo en redes sociales desde el hastag #MiVotoCuenta desde el cual muchas personas afectadas o simpatizantes con esta causa hicieron llegar mensajes de apoyo al colectivo de las personas discapacidad.
El desencadenante de esta protesta cívica ha sido la no admisión a trámite por parte del Constitucional de un recurso de amparo interpuesto por la Fiscalía General del Estado que pedía que Mara, una joven gallega con discapacidad intelectual, pudiera votar.
Las organizaciones convocantes consideran que cualquier negación del derecho al sufragio por el hecho de tener una discapacidad supone una clara discriminación, y vulnera la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ratificada por España en 2008.
Precisamente, durante la protesta, la madre de Mara y Antonio Hinojosa, una persona con discapacidad intelectual miembro de Plena Inclusión, han sido los encargados de dar lectura a un manifiesto en el que se denuncia la flagrante vulneración de los derechos de las personas con discapacidad al arrebatarles el derecho al voto.
En ese manifiesto indican que presuponer que una persona con discapacidad no puede ejercer un derecho fundamental en democracia cercena cualquier principio de igualdad.
Lamentable línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional
Para el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, “la experiencia del sector social de la discapacidad con el Tribunal Constitucional es de permanente frustración y decepción, pues no ha asumido ni conoce ni practica la dimensión de derechos humanos con la que ha de abordarse la realidad de las personas con discapacidad”.
Al mismo tiempo califica de lamentable la línea jurisprudencia de este Tribunal porque no entienden la Convención Internacional que regula nuestros derechos y están anclados en visiones paternalistas y tuitivas.
«Es muy difícil mantener interlocuciones con ellos, cuando lo hemos logrado tanto con el anterior Pascual Sala y el actual Francisco Pérez de los Cobos no fueron receptivos. Creemos que interpretan mal la Constitución”.
A su juicio, el fallo del Constitucional contra el recurso de amparo de la familia de Mara hace que “nuestros derechos por enésima vez se vean arrojados a la cuneta de la vida en comunidad. Desde CERMI ya se prepara un recurso ante el TEDH de Luxemburgo y esperemos que “en Europa nos den la protección que aquí se nos ha negado tanto nuestros tribunales y poder legislativo”.
Para Pérez Bueno, “ lo último que debemos perder es la esperanza cuando leemos en la Constitución que todos los españoles somos iguales ante la ley”.
En este asunto específico, del que ya se hizo eco CONFILEGAL.
Desde esta entidad solo se valora de forma alentadora el voto particular de la magistrada Adela Asua, que reprocha implícitamente a la mayoría que dictó el auto la incomprensión y el error, jurídico, y para CERMI también ético, que cometen contra las personas con discapacidad”.
Ante este escenario, el máximo representante de la plataforma representativa de la discapacidad en España ha señalado que se hace más necesaria que nunca la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para que la propia legislación garantice el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad. “Mantenemos reuniones con todos los partidos políticos. Se abren a la reforma de la Ley Electoral pero no quieren que el derecho a voto sea universal. No podemos admitir excepciones”.
Reivindicación histórica, hasta ahora desatendida
El presidente de Plena Inclusión, Santiago López Noguera, se muestra partidario de la ecuación “un ciudadano, un voto. En declaraciones a nuestro medio señaló que las personas con discapacidad llevan años con esta reivindicación histórica para estos ciudadanos que en ningún caso son de segunda. “Igual que hace unos días hemos tenido la noticia de que nos podemos casar sin necesidad de un certificado médico que avale nuestra salud, en esa línea va el ejercicio del derecho al sufragio”.
Indica al mismo tiempo que el Gobierno, no debe demorar la reforma de la LOREG; la Junta Electoral, facilitar los procesos para ejercer el derecho al voto; los partidos políticos, facilitar el acceso de las personas con discapacidad a su organización; los jueces, no perder de vista el artículo 29 de la Convención de la ONU a la hora de interpretar la Ley. “Nuestro objetivo es que el cien por cien de las personas con discapacidad puedan votar, al cambiarse la ley electoral”.
A su juicio, los jueces deben interpretar los procesos de incapacitación “no solo a la vita de la ley electoral, sino teniendo en cuenta el espíritu de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con discapacidad de la ONU y que ya está incluida en nuestro ordenamiento jurídico desde hace una década. El propio articulo 29 de la Convención que exige que las personas con discapacidad mantengan sus derechos políticos no se cumple en nuestro país”.
Los derechos de las personas con discapacidad se protegen mal
Oscar Moral es el asesor jurídico del CERMI subraya que esta manifestación pone de manifiesto la falta de garantía en la protección de los derechos de esta joven con discapacidad “precisamente por quien tendría que ser el garante de esos derechos, el propio Tribunal Constitucional. En la anterior legislatura ya nos manifestamos frente al Congreso de los Diputados para pedir la reforma de la Ley Electoral que impide a cerca de 100.000 ciudadanos, con alguna discapacidad, votar”.
El problema que subyace en esta cuestión es que “cuando se realiza un proceso de incapacitación de una persona, de forma inmediata los jueces eliminan el derecho al sufragio de esa persona. Creemos que esa medida no debería ser tan automática y habría que estudiarse caso por caso”.
Moral señala la falta de voluntad política de los parlamentarios “en la anterior legislatura se modificó la Ley Electoral para no votar en Navidad en las nuevas elecciones, pero este asunto se dejó al margen”.
Los convocantes de esta manifestación son conscientes de que si se vulneran los derechos fundamentales de cualquier ciudadano, nuestra democracia se resiente
Desde su punto de vista si” se vulneran derechos fundamentales no puede haber democracia porque se excluyen a muchos ciudadanos”. Para este jurista pese a que se celebre el X Aniversario de la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, aún hay mucho por hacer en nuestro país en este tipo de asuntos.
“Los tratados internacionales llevan tiempo y hay asignaturas pendientes como este tema o la modificación de la capacidad en el Código Civil o la esterilización forzosa para mujeres con discapacidad”.
El poder judicial discrimina a las personas con discapacidad
Por su parte, el presidente de DOWN ESPAÑA, José Fabián Cámara, ha afirmado que este proceso “está poniendo en evidencia, una vez más, que el poder judicial de nuestro país sigue manteniendo criterios claramente discriminatorios hacia las personas con discapacidad”.
“La decisión del Constitucional –ha señalado Cámara- como antes la del Supremo, vulnera los principios de igualdad de la Constitución y de la Convención de la ONU.
No podemos quedarnos de brazos cruzados ante la que es una de las violaciones más flagrantes que se están produciendo en nuestro país. Necesitamos alzar la voz para denunciar este hecho y reclamar que en nuestro país se respeten los derechos civiles de toda la población, con o sin discapacidad.”
“Además, necesitamos que se modifique cuanto antes la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.
Obligar a los jueces a realizar un examen para constatar la capacidad de comprensión de las personas con discapacidad para poder votar supone segregar a nuestro colectivo y someterlo a un proceso denigrante, en cuanto no se le solicita el resto de la sociedad”, subrayaba.
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