El Tribunal Supremo abordará este miércoles la cuestión de las cláusulas suelo por primera vez desde que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) reconociera la plena retroactividad y obligase a la banca a devolver las cantidades percibidas de más desde la firma del contrato.
En concreto, el Supremo tiene previsto analizar un recurso que afecta a BBVA y otro relativo a Caja Rural de Teruel, según fuentes judiciales.
En principio, estaba previsto que el alto tribunal resolviera sobre este asunto a comienzos de enero al tener sobre la mesa un recurso contra una sentencia que afectaba a Unicaja. Sin embargo, entidad y clientes llegaron a un acuerdo antes de que el Tribunal Supremo pudiera estudiar el caso y, por lo tanto, el recurso fue retirado.
Los consumidores se muestran esperanzados en en que el Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, presidido por Francisco Marín Castán, modifique doctrina y elimine de su jurisdicción la limitación temporal de la devolución, fijada por este órgano en mayo de 2013. Es decir, que adopte la «retroactividad total» fijada por la sentencia emitida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado 21 de diciembre.
La citada sentencia el TJUE declaró el deber de devolver la totalidad de las cantidades cobradas de más por las cláusulas suelo, teniendo en cuenta dos excepciones: que hubiera cosa juzgada o que las acciones para solicitar la devolución hubieran caducado o prescrito. Y precisamente estas son las dos principales aclaraciones que el BBVA ha formulado ante el Supremo.
En este sentido, desde Asufin, su presidenta, Patricia Suárez, se muestra optimista en que el Supremo acatará la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y reconocerá la plena retroactividad de todas aquellas cláusulas suelo que no superen el control de transparencia.
Además, opina que este nuevo escenario favorecerá a los clientes que suscribieron una hipoteca de tales características y a los que una sentencia firme les ha reconocido la recuperación de parte de las cantidades consignadas, en tanto que el error original fue del Supremo y no de los jueces que siguieron su doctrina.
Desde Adicae, recuerdan que hay sucursales de los bancos ‘empecinados’, como Sabadell, Ibercaja, Popular, Liberbank, Kutxabank, Bantierra, Unicaja, etc., que siguen defendiendo la falsa transparencia de sus cláusulas suelo, a pesar de que la Justicia ha declarado ya reiteradamente la abusividad y nulidad de todas.
SENTENCIA TJUE
El 9 de mayo de 2013, el Alto Tribunal declaró la nulidad de las cláusulas suelo cuando el consumidor no hubiera sido debidamente informado; un éxito parcial para los afectados pues sólo obligaba a la banca a devolver las cuantías a partir del día en el que fue dictado el veredicto.
Dicha posibilidad abrió la puerta a centenares de recursos de casación, tanto por parte de las entidades como de los propios usuarios, cuya tramitación fue suspendida el pasado abril a expensas de conocer la opinión de los magistrados comunitarios. Una decisión que fijaba la retroactividad total de las cláusulas suelo abusivas.
Tras el fallo del tribunal de Luxemburgo, donde prima la protección del consumidor sobre la estabilidad de las entidades financieras, el alto tribunal español deberá dilucidar cuáles son los criterios básicos de aplicación del citado fallo europeo. No conviene olvidar que los juzgados y tribunales ya están aplicando el criterio marcado por el TJUE en sus sentencias.
Algunas entidades como Bankia y Banco Mare Nostrum (BMN), no han querido esperar el fallo del Supremo y han puesto a disposición de sus clientes esta medida extrajudicial.
Otros, más cautos, como la BBVA, ya ha avanzado que devolverán el dinero de las cláusulas suelo «a la gente que tenga derecho» lo antes posible una vez que el Supremo se pronuncie al respecto, lo que podría traducirse en un impacto de hasta 1.200 millones. Así lo aseguraba, esta semana, el presidente de la entidad, Francisco González.
En el ámbito político, el martes pasado, el Congreso de los Diputados daba luz verde al real decreto ley que establece una vía alternativa para el millón y medio de hipotecados que, durante años, no se beneficiaron de las caídas del euríbor.
