Representantes del PSOE, PP y Ciudadanos han presentado una proposición de ley para para dejar exentos de IVA a los abogados y procuradores del turno de oficio. Una medida que beneficiará a más de 40.000 profesionales.
La diputada socialista Meritxell Batet presenta, junto a los portavoces de PP y de Ciudadanos en la Comisión de Justicia, María Jesús Moro y José Ignacio Prendes, respectivamente, han sido los encargados de registrarla ante la Mesa del Congreso de los Diputados.
Se trata de una Proposición de Ley de modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, para reforzamiento del sistema y de la garantía del acceso de los ciudadanos a la Administración de Justicia.
Una decisión que ya anunció hace unas semanas el ministro de Justicia Rafael Catalá, quién subrayó que «una vez que se presente la propuesta de reforma en el Congreso de los Diputados, en los próximos días, la Dirección General de Tributos suspenderá de inmediato la aplicación de la consulta vinculante, con efectos retroactivos al 1 de enero, a la espera de la aprobación del nuevo texto legal”.
En su momento, y ante la aplicación del 21% de IVA a este colectivo, asociaciones, colegios profesionales y abogados llegaron a convocar encierros a principios de mes en protesta por la decisión de la Dirección General de Tributos del Ministerio.
Hacienda lo justificó en aplicación de una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que entiende que este servicio es voluntario y está sujeto a remuneración, por lo que no cabe la exención del IVA.
Sin embargo, la presente reforma hace hincapié en «el carácter de servicio público de esta actividad prestacional» destacando que dicho «servicio será obligatorio» en los términos previstos en esta Ley.
Para María Jesús Moro, portavoz de Justicia del PP, este proposición es fruto del “fruto del trabajo y del diálogo” y ha subrayado que “cuando los partidos moderados y constitucionalistas se ponen de acuerdo en temas de interés general ganan todos los ciudadanos”.
Moro ha lamentado la «interpretación inadecuada» de la sentencia comunitaria que se refiere solo a un país, Bélgica, que cuenta con otro sistema distinto al español, «donde el servicio es obligatorio, los colegios tienen que atenderlo y lo que se abona es una indemnización y no una retribución».
La diputada socialista Meritxell Batet, por su parte, tras recordar que el 25 de enero la Dirección general de Tributos cambió el criterio seguido desde 1986, aplicando al turno de oficio el IVA, ha advertido de que “ese servicio no tenía sentido que estuviera afectado por el IVA, porque es un servicio obligatorio para el profesional y gratuito al 100% para los ciudadanos beneficiados por este servicio público”.
“Hablando con el Consejo General de la Abogacía y con los representantes de los turnos de oficio vimos que había unanimidad, y lo que hemos hecho ha sido presentar esta proposición de ley, con la firma del Grupo Parlamentario popular y del Grupo Ciudadanos, para revertir una situación que nos parecía injusta”, ha explicado. Batet.
Y ha destacado que la proposición se ha hecho «para arreglar algo que el Gobierno había hecho mal».
Por su parte, Juan Ignacio Prendes, de Ciudadanos, ha destacado que con esta iniciativa se pretende «reparar una injusticia y una incertidumbre creada por las resoluciones de Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda».
Los diputados han subrayado que la proposición de ley, que previsiblemente saldrá adelante con la amplia mayoría que forman estos tres grupos parlamentarios, se tramitará en lectura única y con carácter de urgencia. Y su aplicación, una vez aprobada y publicada en el BOE, «producirá efectos desde el 1 de enero de 2017».
Serán los Consejos Generales de la Abogacía Española y de los Colegios de Procuradores de los Tribunales de España lo encargados de regular y organizar los servicios obligatorios de asistencia letrada gratuita.
