El magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Francisco Monterde ha afirmado que los tribunales tienen que ser «equilibrados» y no dejarse «llevar por los telediarios, sino realmente por la ponderación con cuidado de la gravedad de los asuntos», en referencia a casos como el de la tuitera Cassandra.
Cuestionado acerca de la desconfianza ciudadana en el poder judicial a raíz de sentencias tan mediáticas como la de Cassandra Vera, Monterde ha señalado a los periodistas que «hay casos puntuales en los que se pone en duda efectivamente la buena actuación de los tribunales, porque o te pasas o no llegas».
«Ese equilibrio, esa proporcionalidad es lo que hay que tener en cuenta para la aplicación de las penas, para la aplicación de las responsabilidades civiles. Es un problema de equilibrio y los tribunales tenemos que estar equilibrados», ha manifestado.
Monterde se ha referido al revuelo generado por la condena de la Audiencia Nacional de un año de cárcel a la tuitera en una sentencia que consideraba que los comentarios que hizo sobre la muerte de Carrero Blanco eran enaltecimiento del terrorismo: «hay opiniones para todos los gustos y los tribunales tenemos que acertar, que no siempre lo hacemos».
El magistrado, antes de su intervención en las Jornadas Jurídicas «Por el diálogo», organizadas en Málaga por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Cátedra de Derecho Procesal de la Universidad de Málaga (UMA), patrocinadas por Unicaja, ha indicado que la situación política y la corrupción son «uno de los criterios que se tienen en cuenta y que pueden valorar los jueces a la hora de la suspensión» de las penas.
Respecto al cumplimiento efectivo de las penas, Monterde ha dicho que «la doctrina entiende que hay que darle un poco de confianza a la ciudadanía para que confíe en la Justicia«.
Y en este sentido, durante su intervención ha realizado un repaso a los orígenes del sistema allá por 1908 y la finalidad de las penas. Además, ha comentado también que existen muchos supuestos de suspensión de la pena como reconoce el Código Penal en sus artículos 80 a 87.
Asimismo, preguntado por si la situación política y tantos casos de corrupción está influyendo en la suspensión o no de las penas, el magistrado ha indicado que «es uno de los criterios que pueden valorar los jueces a la hora de la suspensión, es una de las previsiones que hay y en la práctica yo creo que se está teniendo en cuenta».
«Hay casos muy escandalosos, las responsabilidades civiles -es decir, el dinero, que es lo que el ciudadano sobre todo reclama- es lo que hay que garantizar que se va a recuperar de la mejor forma posible y que sería un requisito para aplicar la suspensión de la condena. O pagan o entran en la cárcel», ha subrayado.
La mesa fue moderada Roser Bach, magistrada y vocal del Consejo General del Poder Judicial.
Por su parte, el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Alcalá de Henares Esteban Mestre ha señalado, antes de su intervención, que los jueces tienen que aplicar la legislación «que es igual para todos» a los casos concretos y en éstos «siempre hay una sensibilización mayor o peor atendiendo al impacto que esos casos provocan».
«No es lo mismo una pequeña delincuencia que ha generado una disrupción momentánea de la convivencia que alguien que sistemáticamente o desde posiciones de poder, de un gran dominio o gran crueldad realiza actos que tienen pequeña pena».
La profesora titular de Derecho Procesal de la Universidad de Granada Nuria Torres Rosell, ha indicado que la suspensión de la pena «queda a discrecionalidad del juez en función de lo que se acredite y si se considera o no cumplidos los requisitos», considerando que en su opinión «la legislación está bien, el problema es que aplicar el derecho es muy difícil». (CONFILEGAL/EP)
