Tras la detención este miércoles en su domicilio a Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, por el presunto desvío de fondos de la empresa pública Canal de Isabel II en beneficio propio. Hoy continúa la investigación con la declaración ante el juez Eloy Velasco como investigados de Mauricio Casals y Francisco Marhuenda, presidente y director, respectivamente del diario La Razón.
Fuentes de la investigación apuntan a que Marhuenda y Casals presuntamente presionaron a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, para evitar que denunciara las irregularidades detectadas por una auditoria realizada por su Ejecutivo en el seno del Canal de Isabel II y en las que estaba presuntamente implicado Edmundo Rodríguez Sobrino, actual consejero delegado de la empresa editora de La Razón.
El magistrado les cita ha citado a ambos a declarar en virtud del artículo 464 del Código Penal, que establece penas de prisión de uno a cuatro años para todo aquel que utilice la «violencia o intimidación para intentar influir directa o indirectamente en quien sea denunciante, parte o imputado, abogado, procurador, perito, intérprete o testigo en un procedimiento para que modifique su actuación procesal».
Según fuentes cercanas al caso, la UCO tendría grabaciones de esas posibles presiones. En esas cintas, el director del periódico y su presidente comentan que van a utilizar el medio para amedrentar a Cifuentes e incluso mencionan la opción de inventar noticias para que la presidenta no siga cooperando con la Fiscalía.
La propia Cristina Cifuentes aseguró en rueda de prensa que piensa colaborar con la justicia «siempre» en defensa de la «tolerancia cero con la corrupción», porque su administración es «la primera» interesada en esclarecer lo sucedido. Y para ello, ya ha recibido un cuestionario con las preguntas formuladas por el juez Eloy Velasco, a las que deberá responder en su condición de testigo.
Cifuentes se ha amparado en el artículo 412 de la Ley de enjuciamiento criminal, que permite a los presidentes de las comunidades autónomas informar por escrito al juez en la fase de instrucción de los hechos de los que tengan conocimiento por razón de su cargo.
Este miércoles también ha prestado declaración ante el juez Velasco el portavoz de la Comunidad de Madrid y presidente del ente Canal de Isabel II, Ángel Garrido, que lo ha hecho en la sede de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno.
De momento, 12 detenidos
Ya hay 12 detenidos, entre ellos el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, por ocho delitos de corrupción: prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios.
Además de González, en el marco de la Operación lazo han sido arrestadas otras 11 personas, entre ellas su hermano Pablo González, así como su antiguo hombre de confianza en la empresa de aguas, Edmundo Rodríguez Sobrino.
La detención da un golpe definitivo a la era de Esperanza Aguirre al frente del PP madrileño, cuya formación se ha visto acorralada por múltiples casos de corrupción.
