La consultora PwC ha asegurado que «no ha financiado al PP ni a niguna otra organización política». La compañía ha emitido un comunicado, en relación a una información publicada este lunes, en el que hace hincapié en que los contratos que mantuvo en 2010 con la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) «fueron absolutamente legales y obedecieron a trabajos realmente efectuados».
«El contrato con la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) al que se refiere la información publicada, del año 2010, así como las dos ampliaciones posteriores de los años 2012 y 2014 fueron absolutamente legales y obedecieron a trabajos realmente efectuados como consta en la documentación facilitada al juzgado de Instrucción 6 de Madrid», señala.
PwC asegura que la ampliación del contrato se produjo porque la adjudicataria de modernización de sistemas que sí quedó vigente se retrasó en sus trabajos y ello obligó a prorrogar la oficina de proyectos.
La empresa ha garantizado que está colaborando con el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional y que ha facilitado «toda la documentación relativa al contrato con ICM del año 2010 y las posteriores ampliaciones». Además, se ha mostrado confiada en que la cuestión se aclare «cuanto antes posible» para «evitar el uso de información errónea o parcial».
Según, afirmaban varios diarios, la Comunidad de Madrid falseó y manipuló un contrato público de seis millones de euros para beneficiar a la consultora PwC, habría financiado al PP madrileño, e incluso, habría colocado en su plantilla a familiares de cargos del Gobierno regional, según los datos de que disponen los investigadores de la Operación Lezo.
Según un auto del magistrado Eloy Velasco, titular de ese Juzgado, concretamente el que decretaba la prisión incondicional para Ignacio González, bajo el epígrafe «Financiación irregular del Partido Popular de la Comunidad de Madrid», el magistrado indicaba esos hechos.
Además, el juez Velasco y la Guardia Civil se apoyan para sostener la citada acusación en la declaración del subdirector general de ICM durante aquellos años, Silvano Corujo.
Éste, como señala Velasco, fue «testigo privilegiado de los hechos puesto que formó parte de todas las mesas de contratación de la Agencia [ICM]». Corujo señaló que hubo «contratos inflados» entre ICM y las mercantiles Indra y PwC. Este segundo caso ya había sido denunciado por UPyD. (CONFILEGAL/EP)
