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Disparar al fiscal

Susana Gisbert es fiscal en la Audiencia Provincial de Valencia. Twitter: @gisb_sus.
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Vivimos malos tiempos. No sé si para la lirica, como dice la canción, pero si, desde luego, para la Justicia –usando la mayúscula intencionadamente-. Las noticias relativas a lo que se cuece, o a lo que supuestamente se cuece, en nuestras cocinas, andan en boca de todos por mor de unos medios de comunicación a los que interesa el tema más que nunca.

Y es lógico, habida cuenta que la vida política se está pareciendo tanto a la crónica de tribunales que resulta verdaderamente difícil distinguir una y otra sección en cualquier periódico.

Eso es precocupante.

Y mucho, desde luego.

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Pero todavía resulta más preocupante lo contrario. Que la crónica de tribunales se parezca a la política. Algo que hace tambalearse a los pilares del estado de derecho y removerse a Montesquieu desde su tumba.

Los fiscales andamos hoy en día en boca de todos, y no precisamente para alabarnos. Me gustaría aducir a eso lo de que la noticia es que el hombre muerda al perro y no al revés pero, visto lo visto, quizá no sería demasiado bien recibido. Lo que no deja de ser injusto, con la cantidad de fiscales que cada día se rompen los cuernos en pro de la justicia.

Pero, más allá de todas estas cosas, hay algo sobre los que quería reflexionar. Y echaré mano del refranero español, que siempre resulta útil.

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Porque lo de que “a río revuelto, ganancia de pescadores” es una verdad universal, y no lo es menos eso de que “a perro flaco, todo son pulgas”. Y, como alguien se estará preguntando que tienen que ver el pescado y los canes con la fiscalía, trataré de explicarme.

No hace falta que insista sobre lo convulso de los tiempos para nuestra institución, y el terrible mal que determinadas cosas causan en la imagen que de nosotros tiene la opinión pública. Por eso, me produce mucho desasosiego –por no decir otra cosa- leer determinadas opiniones de algunos miembros de la carrera hermana. Pero claro, ya se sabe que las peores traiciones son las que ocurren dentro de las familias.

Que se lo cuenten a Julio César.

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Pues bien, y aún sin decir nombres, me referiré a un par de ellos. A buen seguro que el avezado lector adivina a qué me estoy refiriendo.

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En primer lugar, aparece un juez haciendo gala de su total desconfinza de los fiscales. Y libre es de confiar o no en quien quiera, por descontado, pero debería pensarlo un poco mejor antes de emitir determinadas afirmaciones falsas como si de un dogma de fe se tratara. Porque falsa es la afirmación de que los fiscales pertenecemos al poder ejecutivo.

Y no se trata de una cuestión de opinión sino de simple legalidad, ya que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal afirma que el mismo se incardina en el poder judicial con autonomía funcional, y que la propia Constitución configura la institución dentro del título dedicado al poder judicial, y no al ejecutivo ni al gobierno.

Así que afirmaciones como ésas confunden al justiciable y echan tierra sobre unos profesionales que no hacemos otra cosa que servir a la justicia, exactamente igual que los jueces.

Tal vez habría que explicar, como se ha hecho una y otra vez, que nuestro sistema de acceso no es que sea exactamente igual, sino que es el mismo. En la actualidad, en una misma oposición se decide quién pertenecerá a ambas carreras, y una vez superado el examen, es el azar traducido en la mayor o menor calificación obtenida, quien permite decantarse a los afortunados por una u otra carrera, o quedarse con lo que quede.

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Por ello, y con exacta formación, resulta difícil explicar por qué, según algunos, unos acaban siendo libres, independientes y puros, y otros meros soldaditos prestos a obedecer la voz de su amo. ¿Verdad que no parece razonable? Pues eso. Les aseguro que nadie nos coloca un chip que nos obligue a una obediencia ciega.

Dudas

Pero tampoco seré yo la ciega que niegue que a estas alturas determinados movimientos en la cúpula siembran cuanto menos la sombra de la duda. Pero esa duda debe quedarse allá donde fue originada y no dejarla extender como una mancha de aceite sobre la totalidad de la carrera.

Y si de duda se trata, también podría interpretarse otro tanto respecto de la judicatura, sobre cuya cúpula también se cierne desde hace tiempo la sombra de la politización. No obstante, aquel que presume de su independencia frente a los dependientes fiscales, no se siente en absoluto salpicado por ello. Quizá por aquello de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, si de refranes se trata.

Es evidente que algo grave está pasando. Pero también es evidente que los mecanismos de reacción existen y se usan, aunque tal vez menos de lo que debieran. Y no solo es injusto sino que resulta irresponsable transmitir al ciudadano una sensación de desconfianza en toda una profesión, echando leña al fuego en unos momentos en que ya tenemos más que suficiente con lo que nos cuentan cada día los informativos para provocar un incendio.

Pero, por si no había suficiente, una nueva voz se une al coro. Y, aprovechando que el Ministerio Fiscal es hoy día como un pim pam pum de feria, dispara sin piedad a la diana indefensa. Arguyendo sin despeinarse que si de los fiscales dependiera, la corrupción no se perseguiría y que hacemos mucho menos de lo que deberíamos.

Pero, eso sí, ante un micrófono y en un momento en que la cosa está que arde, en lugar de ante las instancias correspondientes y por el trámite oportuno. Que existe en la ley, desde luego, que establece mecanismos para que los jueces reaccionen ante una actuación del fiscal que no consideran ajustada a derecho.

Y es que no se trata de darnos o no la instrucción. Porque difícilmente puede darse algo que no se tiene. Y la instrucción de las causas no es un bien sacrosanto que pertenezca a la judicatura por derecho propio sino por una decisión del legislador, y sería a éste a quien correspondería cambiar el modelo, si procede. Los jueces tienen por función, según la Constitución, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Pero en esa misión de juzgar en modo alguno se incluye la decidir si la carrera fiscal es digna para asumir esa encomienda.

Cosa distinta es cómo se haga, y si con la regulación y los medios actuales estamos preparados para ello. Y, desde luego, toda modificación de tal calibre exige una puesta a punto material y legislativa que aun nos queda lejos. No olvidemos que el Estatuto Orgánico está viejillo, pero el Reglamento es arcaico, de 1969 nada menos.

Y no solo eso, sino que el sistema sobre el que pivotamos data de un tiempo en que las nuevas tecnologías eran el telegrama y el correo postal y el medio de transporte más rapido era el coche de caballos. Pero el modelo procesal donde es el fiscal quien instruye es el que se sigue en todo nuestro entorno jurídico, y nadie se rasga las vestiduras por ello.

Así que, volviendo a lo anterior, resulta triste que algunos se quieran subir al carro y aprovechar la situación provocada por unos acontecimientos que nos ponen en la picota para arrojar escombros sobre quienes, en su mayoría, no somos sino unos trabajadores de la justicia que peleamos día a día por ello.

Y es que se olvida algo. Que ese “injuria, que algo queda” que el refranero también nos recuerda, no afecta solo a los fiscales, sino que desluce la imagen de la justicia, que engloba a todos los que trabajamos en ella, sea del color que sea nuestra placa, con puñetas o sin ellas.

Y sería el momento de arrimar el hombro todos juntos para acabar con todo aquello que empaña la imagen de la justicia. Si disparamos al pianista, es la melodía la que se estropea. Aunque el violín se empeñe en hacer un magistral e independiente solo.

No disparen al pianista. Recordemos que eso acaba afectando a la orquesta entera. Y, lo que es peor, al público a quien la interpretación va dirigida, que no es otro que el ciudadano.