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A propósito de los presupuestos: la oferta pública de empleo público

Cristóbal Montoro en la presentación de los presupuestos 2017. EP.
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Este año, y sin precedentes similares desde antes de 2011, se vaticina una suculenta y necesaria oferta de empleo público adjunto a los anhelados y recientes presupuestos generales que contempla, a 3 años, 250.000 plazas de funcionarios.

De estas, la mayoría para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Sanidad y Educación y una minoría para Administración de Justicia entre otros.

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Era de esperar desde hace tiempo dado el tapón oculto de opositores que pocos parecen ver y que delatan cifras como los 33.000 opositores inscritos para 850 plazas de Guardia Civil en 2015, hasta 300 aspirantes por plaza en Administración de Justicia en 2016, 151.000 aspirantes a enfermeros para 3.200 empleos para el Servicio Andaluz de Salud en 2015 o 14.000 personas para 1.100 plazas de docente en Valencia el pasado año.

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Sabemos qué mueve a esta gente, un trabajo estable, pero si nos preguntamos quiénes son estos opositores y quién los defiende o representa la respuesta es más compleja. La institución del opositor es una antiquísima y casi endémica figura no regulada, no profesional y no académica cuya única gasolina es la ilusión y el esfuerzo.

Este aspirante, que estudia en régimen intensivo por una plaza y que vegeta sin avanzar académica  ni laboralmente con seguridad si no logra plaza y que encima es caro, pues consume y no produce, comienza a tener derechos parcialmente a partir de la convocatoria y de las bases de procesos de selección, y totalmente una vez aprobado.

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No goza desgraciadamente de tutela jurídica alguna ni representación personal en la negociación de los procesos de selección con las delegaciones o ministerios y pocas veces se habla de ellos en las asambleas y parlamentos a pesar de ser un lobby para el que se dé cuenta del poder de este numeroso y perenne colectivo.

Esto en una sociedad que presume del principio de igualdad queda en evidencia.

Por el otro lado los funcionarios interinos, agregados, sustitutos y de carrera entre otros poseen una defensa sindical en toda mesa de negociación, declaración e escenario en que un portavoz pueda apelar a la defensa de los intereses propios de sus representados.

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La desigualdad comienza cuando son los sindicatos los que, aparte de la obvia defensa por mejoras y protección de sus afiliados tal como les corresponde, comienzan a rascar en la esfera opositoril los pocos beneficios que les queda para acceder a una plaza.

La puerta de acceso a la función pública tiene la dimensión que tiene, desafortunadamente, y esto no hace otra cosa que empequeñecer la puerta de acceso al mérito y capacidad por el acceso libre para agrandar la del interino o de promoción interna a acceder por medios menos difíciles, o lo que es lo mismo, allanar el camino a unos a costa de otros.

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Para visualizarlo, podemos citar unos ejemplos que suelen delatar las defensas y exigencias en mesas de negociación en la que sindicatos varios protegen los intereses del interino o funcionario en su promoción y raramente los del opositor, a sabiendas de que un día habrá de elegir sindicato y es un posible afiliado. El primer ejemplo puede ser la lucha continua por el sistema de concurso-oposición.

Es claramente una propuesta siempre presente en los programas de los sindicatos en sus negociaciones ante el ofertante de empleo público para valorar méritos que solo personal interino puede alcanzar (como experiencia laboral de esa disciplina) con lo que el opositor vuelve a perder.

Otro ejemplo puede ser el tema de los porcentajes de reserva a promoción interna, los cuales suelen ser del 50 por ciento o 30 por ciento algunas veces.

En cualquier caso el sindicato siempre procurará que el porcentaje de promoción interna sea superior, con el detrimento consecuente del porcentaje de acceso libre por oposición. En ese debate el sindicato y los aspirantes que no acceden por turno libre no encuentran más oposición que un gobierno, del cual confiamos en que vele por los intereses de todos por igual.

La contradicción es que el gobierno ha de ser el árbitro o moderador en estas negociaciones y no solo parte representante, que también. En estas mesas falta alguien que lleve autónomamente la voz de los opositores por turno libre, y muchos funcionarios de carrera estarán de acuerdo en estas disquisiciones.

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He ahí la responsabilidad del ejecutivo en la protección del opositor y de cuidar por la igualdad en el acceso al empleo público, además de la imparcialidad y el mérito.

Sería sugerible y aconsejable la creación de un defensor del aspirante o un consejero de acceso a la función pública que cuide de la probidad y legalidad en los procesos de selección además de sus intereses en el proceso de acceso al funcionariado

Por terminar con optimismo, y por aquello de que no hay mal que por bien no venga, ha de decirse que de la escasez y la carestía de plazas los últimos 8 años se ha extraído un fenómeno positivo.

Y es que la selección tan escrupulosa y sofisticada entre tantísimos candidatos ha desembocado en que las mínimas remesas que ganaban plaza eran la flor y nata de la sociedad aspirante para sus vocaciones profesionales.

Así podemos afirmar con toda seguridad que disfrutamos de los mejores y más capacitados funcionarios (policías, guardias civiles, bomberos, secretarios de ayuntamiento o jueces) del continente, de lo que podemos presumir y estar orgullosos.