«Urge la incoación de un procedimiento penal para el esclarecimiento de la noticia criminal pues, de acreditarse tales hechos, constituirían indiciariamente un grave delito que compromete la confianza de los ciudadanos españoles en el normal funcionamiento del Estado de Derecho. Instamos, por tanto, a la Fiscalía a que adopte las medidas conducentes a tal efecto», concluye la denuncia.
Según publicó el diario El Español -entre otros medios-, el presidente del periódico La Razón, Mauricio Casals, y el expresidente del Gobierno de Madrid Ignacio González sabían desde hacía al menos cinco meses que sus conversaciones estaban siendo intervenidas por orden judicial. Lo sabían porque «una magistrada amiga de la casa» había llamado para prevenirles.
Así se desprende de una conversación recogida por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el 22 de noviembre de 2016, en la que González comenta con Eduardo Zaplana, ex ministro y portavoz del Gobierno de José María Aznar, su último encuentro con Casals.
«El otro día me dice Mauricio (…) era la comida de colaboradores de La Razón», comienza señalando Ignacio González en esa conversación, cuya transcripción publicó El Español.
«Vamos a comer allí, me siento en una mesa de esas enormes y tal y cuando vamos a sentarnos se sienta Mauricio, nadie se quería sentar al ‘lao’ de él, me siento al ‘lao’ de Mauricio y al otro ‘lao’ Parera [Joaquín Parera, fundador de La Razón] y [Casals] me dice: ‘Oye, ¿tú le has dicho a Edmundo esto que tenemos…?».
Edmundo Rodríguez Sobrino, consejero delegado de la editora de La Razón y presidente de Inassa (filial sudamericana del Canal de Isal II) es otro de los detenidos en la Operación Lezo.
Según Ignacio González, Casals le dijo que «Edmundo está ‘acojonao’, me ha dicho que le están grabando o no sé qué (…). Es que tenemos una amiga de la casa que es magistrada, que ha ‘llamao’ para decir ‘oye, cuidao que han grabao una conversación de Edmundo muy extraña'».
Esto es lo que la PCIJ quiere que se aclare.
