Jaume Moya es quien lleva "la voz cantante" de Podemos en la Comisión de Justicia; sus intervenciones se distinguen porque son directas y contundentes. Carlos Berbell/Confilegal.
Jaume Moya, de Podemos: «Tal como está el sistema, nos dan muchas más garantías los jueces de instrucción»
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14/5/2017 05:59
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Actualizado: 14/5/2017 00:27
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Jaume Moya i Matas, de 45 años, es el portavoz, en la Comisión de Justicia, del grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Barcelonés y procurador de los tribunales desde hace más de 20 años, sus intervenciones se distinguen porque son directas, claras, cortantes y molestas. Como la que hizo cuando compareció el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, el pasado 15 de marzo, durante 5 horas y 47 minutos, al que le dijo, sin florituras, que el mandato de su Consejo había fracasado, en especial en la defensa de la independencia de los jueces.
Una intervención que irritó, de forma visible, a la máxima autoridad de la Justicia.
Y había que echarle bemoles, porque Moya hasta hace poco más de un año era un profesional de a pie de la procura de Cervera, una población de poco más de 9.000 habitantes de la provincia de Lleida.
Moya ha probado que los tiene, al igual que un sentido del humor muy acusado, un carisma personal evidente y un don de gentes innegable.
La sonrisa segura aflora las más de las veces durante la entrevista, que tuvo lugar en su minusculo despacho de la tercera planta del Congreso de los Diputados.
Durante la última comparecencia de Carlos Lesmes ante la Comisión de Justicia usted tuvo un duro enfrentamiento dialéctico con él. ¿No le impone encararse con la máxima autoridad de la Justicia y decirle las cosas que le dijo -desde el respeto- como que el órgano que dirige no funciona?
No. Nosotros escuchamos a las asociaciones de jueces y fiscales. La denuncia que hice yo de que el Consejo era presidencialista no es mía. Tal y como está funcionando ahora el Consejo no es como establece la Ley Orgánica del Poder Judicial. Su respuesta fue fácil. Se ciñó al texto. Él se irritó porque le expliqué lo que me habían comentados jueces y fiscales de cómo funciona realmente el CGPJ.
La idea, es cierto, era ponerle nervioso. Queremos hacer visible que somos la alternativa. El pacto del PP con Ciudadanos, con la omisión del PSOE, básicamente establece dos grandes ejes. Lo que nosotros “llamamos la Triple A”. Tenemos que ejercer de esto, poniendo en evidencia las contradicciones internas de este pacto y la perpetuación de los antiguos modelos.
Por ejemplo, nosotros nos hemos abstenido en el proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita porque se abre un modelo para la privatización de servicios. No queda claro que quede en manos de los Colegios, los auténticos garantes de la profesionalidad y del servicio público.
Nuestra principal función es doble: poner énfasis en estas contradicciones. “No me van a tomar el pelo con estas propuestas” y, por otro lado, formular alternativas. «Tengo que demostrar que si estoy yo lo voy a hacer de otra manera». Y esto, en justicia, es muy evidente, especialmente en las dos últimas legislaturas. Me refiero a toda la tarea de Alberto Ruiz Gallardón y, por desgracia, la de Rafael Catalá, al frente del Ministerio de Justicia.
No vamos a ser palmeros de nadie; ni damos palmas ni vamos a salir a bailar
¿Esta va a ser la legislatura de la justicia?
Si se refiere a la justicia como uno de los temas principales sobre los que vamos a debatir en el Parlamento, la respuesta es sí. En cuanto a protagonismo, sí lo va a ser, pero no va a ser la Legislatura del gran cambio estructural de la Justicia que necesita el Estado. No lo va a ser.
Porque tenemos la preeminencia de los antiguos partidos para los que el cambio les resultaría traumático.
El ministro, en sus manifestaciones públicas, es tremendamente ambicioso, como nosotros. Nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. Perfecto, pero ¿hacia dónde? En la deriva que usted me lleva, hacia un procedimiento que cuelgue del Ejecutivo, pues no.
Habla también de la gran reforma de la Ley de Registro Civil. Muy bien, vamos allá. ¿Cómo? Lo único que propone es sustituir el juez por el letrado de la Administración de Justicia.
¿Y el resto? Queda igual.
Se nos presenta con mucha música y serpentinas. Los cambios que propone son cosméticos o a peor.
Existe un pacto con Ciudadanos y con el PSOE para llevar a cabo una serie de reformas que, nosotros consideramos involucionistas. Y lo digo con espíritu constructivo.
Esta no va a ser la Legislatura del gran cambio estructural de la Justicia
¿Ustedes se creen la Subcomisión de Justicia?
Estamos ahí y votamos a favor de su creación. Ahí está Edu Santos, que es un jurista fantástico y comprometido. También está Sara Carreño.
Lo que no vamos a ser es palmeros de nadie. Vamos a estar en las propuestas constructivas. Todos, incluido el PP, coincidimos en la urgente necesidad de hacer una reforma integral de la Justicia. Seguiremos allí mientras sea, de verdad, un foco de transformación. Si solo se trata de una operación de maquillaje, pues no. Nosotros ni damos palmas ni vamos a salir a bailar.
Moya avisa que durante esta Legislatura nadie debe esperar cambios estructurales en la Justicia, aunque sí va a estar en el centro del debate. Yolanda Rodríguez/Confilegal.
En estos momentos se están debatiendo casi todas las medidas aprobadas por el gobierno del PP en la legislatura anterior. ¿No podemos hacer algo para que haya un consenso en algo tan importante como la justicia?
Absolutamente de acuerdo. Pero es que empezamos mal. El otro día el ministro Catalá decía que “queremos iniciar una reforma de la Justicia partiendo de los éxitos consolidados en estas dos últimas legislaturas”. Claro, si hablamos de la Justicia Universal, donde soy ponente, tenemos tarea por hacer. Vamos a volver a la situación aprobada por el PSOE, así lo hemos hablado con Juan Carlos Campo, su portavoz de Justicia.
Estamos haciendo un trabajo de deshacer, cuando tendríamos que construir. No debemos olvidar que somos 67 de 350 diputados. Para sacar adelante nuestras propuestas necesitamos alianzas.
¿Ve factible que, con lo que está pasando en estos momentos, se pueda hacer la transición hacia el fiscal instructor?
Yo espero que no. Se lo he dicho al ministro varias veces. Nosotros confiamos plenamente en los fiscales y hay fiscales de mucho prestigio. El problema está en la cúspide de la Fiscalía, que están designados directamente desde el Ejecutivo.
El fiscal general del Estado tiene que ser independiente política y económicamente, máxime cuando desde el gobierno popular se quiere quitar la acusación popular, algo a lo que nosotros nos oponemos tajantemente
¿Aprobaría la elección del fiscal general del Estado por el Parlamento?
Sí. También podríamos estudiar otras fórmulas como que el Parlamento decidiera su idoneidad. Aunque podríamos estudiar otras formas de participación ciudadana, o de elección directa.
No nos gusta el modelo que tenemos ahora. Queremos democratizarlo. ¿Cómo? Que el informe que tiene que hacer el Consejo General del Poder Judicial tenga mucho más peso, que no sea simplemente enunciativo y que el trámite en el Congreso sea en comisión o en el plenario, y que sea vinculante. Que se vote.
El fiscal general del Estado tiene que ser independiente política y económicamente, máxime cuando desde el gobierno popular se quiere quitar la acusación popular, algo a lo que nosotros nos oponemos tajantemente.
Nosotros no vamos a dar apoyo a una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en la cual la instrucción está en manos de alguien que está supeditado al Ejecutivo. Ya sabemos que Montesquieu está a dos metros bajo tierra pero vamos a intentar resucitarlo.
El secretario general de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, Jesús Villegas, proponía recientemente una figura alternativa a la del fiscal instructor: la del juez instructor sin el poder de juez de garantías, que tiene ahora, y la creación de jueces de garantías para las decisiones que se tuvieran que tomar en ese sentido. De esa forma se terminaba con la “esquizofrenia” actual del juez de instrucción. que tiene que ser las dos cosas. ¿Qué le parece a usted?
Tal como está el sistema, nos dan muchas más garantías los jueces de instrucción que los fiscales.
Para nosotros es fundamental la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, de modo que el fiscal general del Estado no sea elegido por el Gobierno.
El portavoz del grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem y En Marea ante la puerta de acceso de los señores diputados al Congreso. Carlos Berbell/Confilegal.
¿Para ustedes es fundamental cargarse al fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix?
Eso suena muy feo. Eso depende de Maza. Nosotros lo que hacemos en poner el foco en cómo han ido las cosas. Que Moix haya intentado bloquear una inspección en el domicilio de González, que los fiscales hayan tenido que convocar una Junta de Fiscales Anticorrupción para llevarla a cabo… No es necesario pedir la cabeza de Moix sino que todo el mundo sepa cómo han sucedido los hechos para que cada uno saque sus propias conclusiones.
Tampoco queremos personalizar. El problema es el sistema. Porque saldrá Moix y pondrán a otro.
Pero si salta Moix, el siguiente en la lista es Maza…
Ah, claro. Si salta Moix el siguiente en la lista es Maza. Moix ha quedado muy tocado por las conversaciones de Zaplana y de González. El fiscal anticorrupción tendría que salir por la propia decencia de Maza.
Vuelvo a repetirlo. El problema no es de personas. No es Maza. No es Moix. El problema es la manera de designar al fiscal general del Estado. El sistema.
¿Como piensan ustedes solucionar el tema de la elección de los vocales del CGPJ?
Nosotros, por programa, tenemos la elección directa por parte de la ciudadanía. La ciudadanía entiende que el gobierno de los jueces tiene que tener independencia del Ejecutivo y del Legislativo. Pensamos que a través de unas campañas profundas, que hablen de la necesidad de independencia y de la democratización del Consejo General del Poder Judicial, y desde la necesidad de establecer unos mecanismos de elección directa de la ciudadanía, se podría conseguir un buen modelo.
Que el gobierno de los jueces dependa únicamente de la aritmética parlamentaria en cada momento hace que no nazca con la independencia que sería necesaria.
También está la fórmula de Ciudadanos que plantea la elección por parte de las asociaciones de la judicatura, pero a nosotros no nos gusta. Respondería a un mundo endogámico y corporativista.
Que el gobierno de los jueces dependa únicamente de la aritmética parlamentaria en cada momento hace que no nazca con la independencia que sería necesaria
¿Cómo puede solucionarse el tema de los nombramientos discrecionales? ¿Nos ceñimos al mérito y la capacidad? ¿Hay alguna fórmula especial?
Nosotros hablamos también del tema de paridad. Cuando vemos la foto de la cúpula judicial vemos la foto de todos, aquí no podemos hablar de todos y todas. Hay que establecer cuotas. En este sentido, el tema de Àngels Vivas es un ejemplo claro.
El otro día una magistrada del Constitucional decía que, después de 40 años, no ha funcionado la auténtica representatividad de la mujer.
Esto también lo vemos en la Fiscalía, cuando se designa a Manuel Moix en Anticorrupción hay dos magníficas candidatas.
Nosotros apostamos por algún mecanismos que alejara la elección de los cargos discrecionales del Ejecutivo y del Legislativo.
Se podría optar por un mecanismo de descarte. En vez de que cada fuerza presente sus candidatos que se presenten una serie de candidatos a través de una elección abierta de méritos, gente de reconocido prestigio, y que cada fuerza política vaya descartando. Al final, los residuales no habrán sido designados por nadie. No deberán su cargo a nadie.
Habrá que tener un baremo para ver lo del reconocido prestigio, en Europa existe
Que sean evaluables, sí. En la hoja de ruta de la Subcomisión del Pacto Nacional, o Estatal, por la Justicia es uno de los deberes que hay que hacer.
Moya tiene muy claro que si Moix cae lo lógico es que Maza vaya detrás. Yolanda Rodríguez/Confilegal.
¿Cómo contempla su grupo la protección de los denunciantes, los informantes de corrupción en las empresas o en las administraciones públicas, lo que en el mundo anglosajón llaman los “whistleblowers”?
Hay una propuesta de ley, que ha presentado finalmente Ciudadanos. Podríamos haberla presentado conjuntamente y haberla trabajado juntos. Porque ahora vamos a enmendársela. Pero no, por eso de la medalla…
La Plataforma por la Honestidad ha venido esta mañana [el martes pasado] con el texto de Ciudadanos con todas y cada una de las propuestas de enmienda. Es un trabajo importante y fundamental el proteger la figura del informante. Es una figura muy poliédrica. Porque hay que proteger su seguridad laboral, también su seguridad física, además de prestarles asistencia jurídica y psicológica.
Nosotros tenemos el compromiso, desde el primer momento, de dar apoyo y regular la protección de los que denuncian la corrupción
Sí, porque tanto Segura como Garrido se han quedado sin trabajo, marginados…
Sí, Luis vendiendo sus libros. Ana vendiendo sus pulseras… Nosotros tenemos el compromiso, desde el primer momento, de dar apoyo y regular la protección de los “whistleblowers”, a los que denuncian la corrupción.
Esperamos que no le moleste si le decimos que usted es una «rara» avis en su grupo.
¿Por qué?
Porque usted procede del mundo del derecho. Tiene usted una formación legal, una estructura mental que, sin duda, condiciona su forma de ver el mundo y la política. ¿No es así?
Sin duda. A veces mis compañeros me dicen que se nota mucho que soy jurista, porque soy tremendamente garantista.
Pero eso no es malo.
El otro día mis compañeros pidieron la dimisión del ministro. Yo interpuse una objeción. Solicitar la dimisión de un ministro no es algo que se pueda banalizar. No podemos estar pidiendo cada día dimisiones. Acabamos de pedir una comparecencia [esta entrevista se hizo el martes, un día antes de que el ministro Catalá depusiera ante la Comisión de Justicia, un día después], dije. Vamos a escucharle. Y después pedimos su dimisión. Pero primero tiene el derecho a declarar.
Soy jurista desde hace más de 20 años y político ejerciente desde hace un año. Es lógico que mi trayectoria profesional me condicione.
El portavoz de En Comú Podem tiene más de 20 años de experiencia legal, como procurador, a sus espaldas y sólo poco más de uno como diputado, lo que condiciona su forma de encarar las cosas. Yolanda Rodríguez/Confilegal.
¿Cómo lleva el tema de la disciplina interna?
Soy enormemente partidario de la disciplina de voto si la decisión se toma de forma horizontal. En En Comú Podem nos reunimos y debatimos. Y al final, cada uno hace lo suyo, pero lo que sí es muy importante es que la decisión se haya tomado de forma participativa y razonada. Y cuando se ha tomado, hay que defender la decisión del grupo.
Estamos sometidos a un programa electoral, que es nuestro contrato con la sociedad, y a un proceso de toma de decisión. En tanto en cuanto esto existe, la disciplina de voto me parece fundamental y democrática.
Yo sigo siendo mi propio jefe.
¿Cómo se metió en política siendo procurador?
En total, somos tres procuradores en el Congreso. Yo soy de los que defienden que siempre he hecho política. Siempre he estado implicado, a nivel personal, en cambiar las cosas que no me gustan o que entiendo que no son justas.
En mi incorporación en el Colegio de Procuradores de Barcelona en el año 1996, comencé a participar en las comisiones de trabajo: la comisión de tribunales, la comisión de la elaboración de la revista y la comisión de política lingüística. También tomé parte en distintas entidades culturales, en defensa del patrimonio cultural y medioambientales.
Siempre he estado en la acción en la sociedad civil. El cambio principal fue en 2010, cuando dejé de residir en la ciudad de Barcelona. Traspaso el despacho y me voy vivir al campo. Entonces ya tenía dos críos, con dos y cuatro años. Yo era del barrio de Las Corts.
Compré una casa de campo y poco a poco la casa te va llamando. Prácticamente te abduce. Lo que era un proyecto de segunda residencia pasó a ser la casa principal. A una hora y media de Barcelona. Al principio, subía y bajaba al despacho hasta que lo dejé. Lo traspasé y monté un despacho en Cervera, Lleida.
Esa inquietud por participar en la sociedad civil la trasladé al ámbito rural, donde el activismo es mucho menor.
En total, somos tres procuradores en el Congreso. Yo soy de lo que defienden que siempre he hecho política
Son más inmovilistas, ¿no?
Sí. El secano interior es un ámbito muy conservador. Uno de sus principios de vida es que cualquier cambio es traumático. Ellos siempre dicen “eso se ha hecho siempre así, ¿para qué lo vamos a cambiar?”.
Cuando yo llegué, con mi cosmogonía urbanita y progre, les sorprendió mucho. Creé una entidad social de dinamismo social, económico y cultural y entré en el Colegio de Procuradores de Lleida. También entré en una plataforma medioambiental, en un movimiento ecologista que me dio mucha proyección a nivel comarcal, provincial y autonómico en la lucha contra el «fracking» y el desarrollo rural.
Y el salto a la política nacional, ¿cuándo se produce?
Fue en el 2015. Como quien dice, hace dos días. A través de todas estas luchas en las que estaba implicado, te vas dando cuenta de que necesitas tener una pata metida en la política institucional. Necesitas las cadenas de conexión entre los movimientos sociales y las instituciones. Es fundamental también incidir en que las instituciones hay que cambiarlas desde dentro. Y por eso, empiezo a canalizar, como independiente, contactos alguno partidos del Parlament de Cataluña. Y, poco a poco, me convierto en una figura dinamizadora.
Y así llegamos a las municipales de 2015 donde me proponen ir de cabeza de lista y me niego.
Su padre, un arquitecto, le dijo a los 18 años que si quería estudiar en la Universidad tenía que pagárselo él; comenzó derecho, trabajando para un bufete y cuando terminó la carrera se hizo procurador en Barcelona. Carlos Berbell/Confilegal.
¿Qué le dijo su mujer?
Nada. Mi mujer, Nuria, era alcaldesa [se ríe]. No me podía frenar. En 2015 cierro la lista que se presenta en Cervera, donde tengo ahora el despacho profesional. Más tarde, en las Autonómicas, voy de número 5.
Y en diciembre de 2015, en las Estatales, “en las del cambio”, en mi comarca nos encontramos con que se necesita un candidato de consenso, hablamos de unas listas que no había tenido nunca representación en las Estatales. Lleida siempre había sido representada por el PP, PSOE y CIU, en los cuarenta años de historia. Y yo soy el primer diputado a la izquierda del PSOE que sale en la comarca.
Hicimos una campaña muy “chula”, con mensaje de ruptura, aunque debo confesar que yo estaba convencido de que no iba a salir. Pero salgo elegido como uno de los cuatro diputados por Lleida, el de En Comú Podem.
Y en las de junio, vuelvo a salir candidato. Solo cambia el cuarto candidato, cae el PSOE y entra el PP.
¿Y le toca ser el portavoz de Justicia en la Comisión de Justicia?
Sí, en la Legislatura 11, en la anterior, por formación entré en Justicia y por territorio, como es un territorio rural, te meten en agricultura. [risas]. Es agricultura, alimentación y medio ambiente. En temas de ecologismos, protección de paisajes y eso sí que es algo que yo he desarrollado mucho.
Ahora en la duodécima legislatura, el grupo federal me elige a mí portavoz de la Comisión de Justicia; portavoz adjunto en Reglamento; vocal en Agricultura y ahora también vocal de la Comisión de Investigación presunta financiación ilegal del Partido Popular.
Uno de nuestros objetivos es que la ciudadanía considere el poder judicial como un pilar fundamental del Estado de Derecho y que vea a la justicia como una herramienta propia, no como una herramienta lejana
A corto plazo, ¿cuáles son los grandes retos de su grupo en el tema de la Justicia? ¿Qué tres cosas querrían sacar?
La independencia del poder judicial, de la Fiscalía y del Tribunal Constitucional. Para que la ciudadanía considere el poder judicial como un pilar fundamental del Estado de Derecho y que vea a la justicia como una herramienta propia, no como una herramienta lejana.
Hoy en día, cuando a los ciudadanos se les habla de juzgados se asustan. ¿A qué nos lleva esto? A soluciones alternativas a los conflictos, que no son las mejores ni las más garantistas ni las que respetan mejor los derechos de la ciudadanía.
Y lo hemos visto con el tema de las cláusulas suelo. Esta solución arbitral, que terminó aprobándose por decreto ley del gobierno, abusa de esto, del miedo del ciudadano a ir a los tribunales. La ciudadanía piensa que si acude a los tribunales sus problemas se van a solucionar mal, tarde, y van a costarle mucho dinero. Y si hay una alternativa me agarro a ella.
Por eso el PP monta un servicio arbitral que va a ser fantástico, dicen, rápido y usted no va a tener que acudir a los tribunales. Lo que no explican es que el sistema está en manos de quien ha causado el problema. Que va a ser el banco el que va a mirar qué derechos y cómo los va a cuantificar, y que va a poner las trabas que sea para dar la solución.
Es muy importante que el ciudadano recupere el concepto de que el tribunal es el defensor de sus derechos. Un tribunal independiente y con medios. Porque por muy independiente que sea si no tiene medios, recursos, va a funcionar mal.
Las enmiendas que hemos presentado van en este sentido. 150 millones, señores del Gobierno, para la modernización de la Justicia. Bien, pero ¿sobre qué estructuras? ¿Sobre unos cimientos del siglo XIX?
Pensamos que conseguir amabilidad en la justicia, en las formas, en las salas de espera, también es muy importante.
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