El sindicato de funcionarios de justicia, CSIF, denuncia «la falta de coordinación, el exceso de improvisación y la ausencia de claridad» en la puesta en marcha de los juzgados provinciales para cláusulas abusivas que tienen que arrancar el 1 de junio próximo en toda España.
«Después de cuatro meses desde que se anunció la medida, el 31 de mayo el CGPJ ha convocado a Ministerio de Justicia y CCAA con competencias», dice CSIF en un comunicado hecho público hoy.
«Es lamentable que a tres días de ponerse en marcha estos Juzgados no se sepan los medios materiales y personales que se ponen a disposición de los 54 Juzgados designados por el Consejo General del Poder Judicial el pasado 25 de mayo», afirma el sindicato mayoritario del sector.
«Desde CSIF asistimos con preocupación al triste espectáculo que están ofreciendo las diferentes administraciones e instituciones que lanzan propuestas sin el apoyo suficiente de medios materiales y personales, a otras que se rebelan contra la propuesta del Consejo y que, abiertamente, dicen que van a hacer lo que les dé la gana y a un tercer grupo que, ni ha hecho nada ni se le espera», añade.
Por ello, se preguntan si en su momento se hicieron los trámite que establece el artículo 98.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
«Precisamente, para asegurar el acuerdo que permita la dotación de esos medios materiales y personales adecuados y suficientes para llevar a cabo la iniciativa: informe favorable del de Justicia y trámite de audiencia a las Salas de Gobierno y a las CCAA con competencias», señalan.
«¿Qué dijeron cada uno de esas administraciones y órganos al respecto? Si la contestación fue negativa, ¿Porqué se decidió ir adelante con la medida sabiendo que no contaba con apenas apoyo?. Y sobre todo en este contexto, ¿qué sentido tiene la declaración del pleno del Consejo de 23 de febrero en el sentido de que si no había medios suficientes, no se iba a aplicar la medida?. ¿Existen los medios o no existen?», vuelven a preguntarse.
El CSIF recuerda que, en su momento, plantearon que si se tomaba una medida como esa tendría que venir precedida de un análisis, basado en datos objetivos, del incremento de la carga de trabajo que conlleva la presentación de las demandas sobre cláusulas suelo así como de un estudio comparado frente a otras alternativas, pensando siempre en facilitar los trámites a los ciudadanos.
Una medida que tenía que estar consensuada al máximo, entretodas las administraciones competentes en la materia -12 Comunidades Autónomas con competencias transferidas y el Ministerio, que ostenta las de 5 que no lo han sido-, asegurano la dotación de medios humanos y materiales suficientes para afrontar la previsible carga de trabajo.
Y que tenía que venir precedida por mesas de negociación para planificar todo, tal como exige el Estatuto Básico del Empleado Público.
«Nada de esto se ha hecho y, hoy estamos como estamos. A la espera de una reunión de última hora el 31 de mayo para ver si se ponen de acuerdo tras cuatro meses mareando la perdiz. Y mientras tanto, los funcionarios no tienen ni idea de lo que tienen que hacer y de cuanta carga de trabajo van a tener que asumir a partir del 1 de junio y los ciudadanos siguen sin saber qué tratamiento se les va a dar a sus demandas», concluyen.
