El fiscal Anticorrupción Emilio Sánchez Ulled ha denunciado hoy en su informe final en el juicio del Caso Palau que el saqueo fue propiciado por un «círculo sociopolítico» con una «dinámica complaciente», en el que «la bandera justifica casi cualquier atropello a la cartera».
El fiscal del caso del Palau de la Música ha cifrado en 22.731.817 euros el expolio de la entidad musical por parte del que era su presidente, Fèlix Millet, y su mano derecha, Jordi Montull, y que se desconoce el destino final de 9 de estos millones.
«De unos años a esta parte, ¡todo el mundo a rasgarse las vestiduras! Pero las vestiduras se tenían que haber rasgado muchísimo antes», ha considerado el fiscal este lunes en la introducción de su informe final del juicio, que está previsto que desarrolle durante las dos próximas sesiones.
Ulled ha calificado estos diez años –de 1999 a 2009, los que abarca el escrito de acusación– de nefastos en la gestión del Palau, y que muestran una fotografía social y política concreta: «Y es una fotografía social demoledora».
Por ejemplo, ha aludido literalmente al patético papel de las administraciones públicas que debían controlar la institución, expoliada por su entonces presidente, Fèlix Millet, y por su ‘número dos’, Jordi Montull, sobre quienes ha dicho: «Ha quedado plasmada la prepotencia de mucha gente que se creía intocable».
Indolencia de las entidades bancarias
Asimismo, el fiscal se ha confesado «totalmente estupefacto ante el grado de indolencia de las entidades bancarias», que no dejaron constancia de cheques al portador de hasta 300.000 euros cobrados en ventanilla del banco, «contraviniendo la normativa antiblanqueo».
«Pero ninguna de esas entidades bancarias efectuó una comunicación al Servicio de Prevención del Blanqueo (SEPBLAC) acerca de esos movimientos sospechosos», ha añadido Sánchez Ulled, que ha ironizado: «digo yo que a un director de sucursal medianamente constituido le parecerían sospechosos…».
Ha hecho hincapié en que las administraciones públicas no detectaron las irregularidades de Millet y Montull en una década de expolio pertrechado en el Palau: «No han sido capaces de ver nada. Cantidades inusitadas de dinero que salían en forma de cheques de una institución pública».
También ha cargado contra la empresa que auditaba el Palau de la Música, que «no ha sabido y no ha querido ver un cúmulo de irregularidades», y que prescindió de poner atención a aspectos de riesgo en la gestión, como que las tres instituciones del Palau las controlaban las mismas personas.
«No fueron capaces de detectar que salieran de la Fundació siete millones de euros en cheques en nueve años. O lo vieron y les pareció lo más normal del mundo», ha añadido el fiscal, que también ha puesto de ejemplo que, con el gasto de ‘mailing’ del Palau, podrían enviar cartas a todo el planeta.
No solo confesiones
Sánchez Ulled ha aludido a las confesiones en juicio de Millet, Montull y de la hija de éste y entonces directora del Palau, Gemma Montull, que aseguraron en juicio que CDC cobró comisiones de Ferrovial a través de la institución y que admitieron en parte el expolio del Palau, aunque no el supuesto fraude a Hacienda.
En este sentido, el fiscal ha dejado claro que no sólo las confesiones acreditan la trama delictiva, sino que estas declaraciones corroboran las pruebas practicadas en el juicio, que para él confirman tanto el expolio como una financiación ilegal de CDC.
Ha ironizado con que el juicio se celebre, precisamente, en la Ciudad de la Justicia, una de las obras por las que supuesta CDC cobró comisiones irregulares: «Resulta peculiar que estemos celebrando el juicio dentro del objeto del delito».
Son algunas consideraciones que el fiscal ha puesto sobre la mesa antes de empezar a detallar su informe, que ha dividido en tres partes: el expolio de Millet y Montull en su beneficio; la supuesta financiación ilegal de CDC, y los delitos contra la Hacienda de los exmandatarios del Palau. (CONFILEGAL/EP)
