La Fiscalía ha presentado un informe al Tribunal de Cuentas en el que apoya la apertura de una investigación contra Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs para determinar su responsabilidad en el gasto de más de 5 millones de euros en las votaciones de la consulta del 9N, del 2014.
En una nota remitida por la Fiscalía General del Estado, se informa que el Tribunal de Cuentas cuenta con un escrito que le ha sido remitido por “Sociedad Civil Catalana”, “Associació Civica y Cultural” y “Abogados Catalanes por la Constitución”, donde solicitan la apertura de una investigación contable en este órgano por el posible uso irregular de dinero público en la citada consulta popular.
Dichas asociaciones sostienen que los citados responsables de la Genaralitat “dispusieron de fondos para llevar a cabo un proceso de participación ciudadana carente de cualquier cobertura constitucional y presupuestaria, dirigiendo y facilitando la logística y todos los medios materiales y presupuestarios necesarios para su realización el día 9 de noviembre de 2014, por lo que destinaron caudales y efectos públicos puestos a su cargo para una finalidad ajena a las competencias y funciones públicas que tenían encomendadas, que aunque amplias, lógicamente, no eran ilimitadas”.
Además, “ordenaron a funcionarios jerárquicamente subordinados y entes públicos dependientes, cada uno dentro del ámbito de su ámbito de responsabilidad institucional, la aplicación económica de fondos públicos por un importe no inferior a 5.129.833,00 € para realizar un conjunto de actuaciones en abierta y franca contradicción con la Constitución, desprovistas de soporte presupuestario por desborde competencial, y desobedeciendo la orden de suspensión que había decretado el Tribunal Constitucional”.
El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres, considera que los hechos pueden ser constitutivos de responsabilidad contable por tratarse de gastos destinados «a un fin radicalmente ajeno a la función pública, por tanto carentes de justificación».
Es decir, «numerosos pagos» con cargo al erario público cuyo fin era desarrollar un acto contrario al ordenamiento jurídico.
En su informe, pide a la Comisión de Gobierno del Tribunal de Cuentas el nombramiento de un delegado instructor, a fin de que practique las actuaciones previstas en el artículo 47 de la LFTCu.
Dicho artículo dispone «que los hechos supuestamente constitutivos de alcance de caudales o efectos públicos, tanto si su conocimiento procede del examen y comprobación de cuentas, o de cualquier otro procedimiento fiscalizador, como si es consecuencia de una gestión de aquéllos que hubiera tenido lugar al margen del proceso normal de rendición de cuentas al Tribunal, se pasarán a la Sección de Enjuiciamiento a efectos de que se proponga a la Comisión de Gobierno, si procediere, el nombramiento de Delegado Instructor».
