Vladimir Kokorev se encuentra ingresado en la prisión de Las Palmas.
Los Kokorev declararán ante la juez 21 meses después de entrar en prisión
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07/6/2017 09:08
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Actualizado: 31/3/2022 13:44
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Los Kokorev, tres españoles de origen ruso acusados de ejercer de presuntos testaferros del dictador guineano, Teodoro Obiang Nguema, prestarán declaración el próximo lunes 12 de junio ante la juez del Instrucción nº5 de Las Palmas, Ana Isabel de Vega, y el fiscal Luis del Río, tras permanecer 21 meses en prisión provisional en la cárcel canaria de Juan Grande.
Esta declaración coincide con el empeoramiento del estado de salud de Vladimir Kokorev, un anciano ruso, nacionalizado español, de 66 años, que junto a su mujer, de 66, periodista, y su hijo (Igor, abogado) se encuentran en prisión desde que el 6 de septiembre de 2015, fueron extraditados desde Panamá.
A Vladimir se le ha detectado diabetes, con frecuencia sufre desmayos debido a su desgaste físico y psicológico, y ha perdido la movilidad en una pierna, como él mismo ha asegurado en un manuscrito al que ha tenido acceso CONFILEGAL.
En las últimas semanas, los problemas de circulación de Vladimir Kokorev, se han agravado, y se han multiplicado los dolores en la pierna izquierda hasta hacerle perder la movilidad cada pocos días: “intento caminar cojeando todo lo que puedo para que la sangre circule pero llega un momento cuando ya no puedo aguantar más y me acuesto”, como relata él mismo en su escrito.
Los Kokorev fueron detenidos en Panamá, en 2015, y extraditados a España, después de una larga e intermitente investigación que inició en 2008 tras una querella interpuesta por la Asociación Pro Derechos Humanos contra altos cargos del gobierno guineano por blanqueo de capitales.
Se intentaba esclarecer la procedencia de más de 26 millones de dólares en las cuentas del matrimonio procedentes de las arcas públicas guineanas.
Pese a carecer de antecedentes penales, y desconociendo gran parte de los hechos que les imputan, los tres siguen en prisión, al prorrogarse repetidas veces el secreto de sumario que pesa sobre la causa.
La defensa de los Kokorev, hasta la fecha, desconoce la imputación real de sus defendidos, ni siquiera tienen acceso a cierta documentación básica de la causa.
Dos testigos acusatorios «dudosos»
El caso contra los Kokorev se sustenta en dos testigos Ismael Gerli (un abogado panameño que trabajó durante años para el matrimonio formado por Vladimir Kokorev y Julia Kokoreva) y el disidente ecuatoguineano Tomo Mangué.
La credibilidad otorgada a este disidente por las autoridades españolas (policía, jueza Ana Isabel de Vega Serrano y fiscal Luis del Río) choca frontalmente con la que le otorgan las autoridades de Estados Unidos, según señala Madrid Code.
Indica que durante el proceso seguido contra la corrupción del hijo del presidente Teodoro Obiang señalan que “en el periodo comprendido entre 1998 y 2003, Germán Pedro Tomo Mangué, propietario de Tromad Forestal, abonó a Nguema tasas (…) bien en maletas de efectivo o con cheques personales que Tomo depositaba directamente en una cuenta bancaria”.
Además, subraya que las autoridades estadounidenses establecieron en 2012 que no podían dar veracidad a las declaraciones que sobre la corrupción en Guinea Ecuatorial llevaba a cabo Tomo Mangué ya que “es en realidad un político de un partido opositor que trató de derrocar al gobierno de GE en un golpe de estado frustrado (…) y fue condenado a veinte años de prisión por el destacado papel que desempeñó en la preparación de la intentona golpista”, añadiendo que “el juzgador podría determinar perfectamente que el testimonio del señor Tomo no resulta creíble”.
Respecto a Ismael Gerli, convertido en la principal prueba de cargo, y al que se le ha otorgado la condición de testigo protegido, en su declaración ante la juez De Vega y el fiscal anticorrupción Luis del Río, y vulnerando el secreto profesional, implicó a la pareja rusa en operaciones de presunto blanqueo.
Curiosamente, Gerli está imputado por la Fiscalía de su país por falsedad documental y se le investiga por haber adquirido fraudulentamente muchas de las propiedades de los Kokorev.
Se trata de un individuo perseguido que sigue investigado por estafa agravada y fraude (entre otros delitos) y podría enfrentarse a más de diez años de cárcel.
Dos versiones enfrentadas
Como ya publicó CONFILEGAL sobre este asunto hay dos versiones totalmente contrarias.
Mientras la justicia incide en que los 26 millones de euros son el resultado de su presunta acción como testaferros del presidente Teodoro Obiang Nguema por una duda surgida en un informe de 2004 del Senado de Estados Unidos contra el blanqueo de dinero, donde aparecen los citados 26 millones de dólares transferidos a la compañía Kalunga, cuyo apoderado era Vladimir Kokorev.
Los Kokorev han intentado, por todos los medios, desmontar esa versión aportando informes contables que demostrarían que sus ingresos proceden de la venta de barcos, buques de transporte y lanchas que los compraban en Ucrania, o algún país europeo, y vendía en África.
Es decir, que son el resultado de transacciones comerciales.
Para ello, los abogados de los Kokorev, pertenecientes al bufete Choclán Montalvo, han aportado todo el material documental que ha podido recabar de la Embajada de Guinea, como facturas, transferencias bancarias, contratos de compra-venta de embarcaciones, e incluso fotos de los citados buques navegando.
Sin embargo, el juzgado decidió que no había existido tal transacción económica y que Vladimir era el testaferro de Obiang.
Todo el tema de los Kokorev, que apenas está teniendo eco en los medios nacionales sí tiene mucha repercusión mediática en Canarias.
“Es sorprendente, por lo que pueda significar de violación de derechos fundamentales, que cuando se ha presentado toda una colección de contratos y facturas para justificar un patrimonio sospechoso, la juez señale que seguirá investigando hasta encontrar un origen ilícito. Se les está exigiendo a estos ciudadanos que prueben su inocencia. Se les está mandando el mensaje de que hasta que no persuadan a la juez, al fiscal y a la Audiencia Provincial de que son inocentes, seguirán en prisión. El mensaje es demoledor en un Estado democrático de derecho. Es una condena preventiva y anticipatoria”, subraya Alfonso Merlos, el periodista que ha liderado en España la investigación sobre el caso.
El caso Kokorev también se ha visto contaminado tras hacerse públicas las “deliberaciones nada secretas” magistrados de la Audiencia Provincial de Las Palmas, con comentarios racistas, xenófobos y sexistas en las que se calificaba de mafiosos, genéricamente, a todos los ciudadanos rusos.
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