Los Kokovev, tres españoles de origen ruso acusados de ejercer de presuntos testaferros del dictador guineano, Teodoro Obiang Nguema, en España, llevan 15 meses en prisión provisional a la espera de juicio. Y eso pese a carecer de antecedentes penales, y desconociendo gran parte de los hechos que les imputan, al prorrogarse catorce veces el secreto de sumario que pesa sobre la causa.
Esta es una de las principales quejas de la familia Kokorev y de su defensa, ejercida por el bufete Choclán Montalvo, que entienden que la prorroga del secreto del sumario limita el derecho de defensa.
Asimismo, fuentes de la defensa también han señalado a Confilegal que han presentado varios recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional que están a la espera de ser admitidos a trámite solicitando, reiteradamente, la suspensión de la prisión provisional sin fianza o que les aporten los elementos esenciales para la defensa.
En estos recursos se argumenta que la transposición de la Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales y la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales, obligan a los Estados a entregar a los imputados e investigados en un causa secreta suficiente información para poder impugnar la prisión provisional.
Y además alegan que existen contradicciones entre determinadas Audiencias como la de Madrid y Las Palmas.
Esas Directivas son de obligado cumplimiento en nuestro país desde el 1 de enero cuando entró en vigor la Ley 5/2015 de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim).
Concretamente, la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Madrid, aplicó las citadas Directivas en el caso de la “Operación Sombra”, del banco chino ICBC. Un caso sobre el que la magistrada de instrucción había impuesto el secreto del sumario y que la Audiencia corrigió, poniendo a los dos detenidos en libertad.
Con la citada ley, entró en vigor el reformado artículo 505.3 de la Lecrim, “que dice que el abogado del investigado tiene que tener acceso a los elementos de las actuaciones que resulten esenciales para impugnar la privación de libertad del detenido”.
O dicho de otra manera, el detenido tiene que saber por qué está en prisión y se debe entregar al abogado la parte del expediente, con la información necesaria que le permita construir una defensa para conseguir su libertad.
Algo que no ocurre en la causa contra los Kokorev.
SECRETO DE SUMARIO DESDE HACE 15 MESES
Fuentes judiciales aseguran a Confilegal que la causa que sigue la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas, Ana Isabel de Vega Serrano, contra los Kokorev “continua bajo el secreto de sumario y no puede revelar nada porque aún continúan practicando diligencias”.
Vladimir Kokorev, de 65 años, empresario, y Julia Kokoreva, de 65, periodista, y su hijo Igor, de 35 años, fueron detenidos en Panamá, en septiembre de 2015, y extraditados a España, después de una larga e intermitente investigación que inició en 2008 tras una querella interpuesta por la Asociación Pro Derechos Humanos contra altos cargos del gobierno guineano por blanqueo de capitales.
Se intentaba esclarecer la procedencia de más de 26 millones de dólares en las cuentas del matrimonio procedentes de las arcas públicas guineanas.
Tras una investigación, se decreta una orden de busca y captura emitida en 2015 por la juez De Vega, y desde el 6 de septiembre de 2015, tras su extradición, los Kokorev permanecen en prisión.
La defensa de los Kokorev, hasta la fecha, desconoce la imputación real de sus defendidos, ni siquiera tienen acceso a cierta documentación básica de la causa.
Tienen alguna idea gracias a la «escueta petición de extradición».
Por ello, y en cumplimiento de las citadas Directivas europeas, creen que padecen «indefensión».
Hasta hace una semana, el pasado 16 de noviembre, sus abogados no han tenido acceso ni siquiera a los autos de prisión del 23 de noviembre de 2015.
DOS VERSIONES ENFRENTADAS
Mientras la justicia incide en que los 26 millones de euros son el resultado de su presunta acción como testaferros del presidente Teodoro Obiang Nguema por una duda surgida en un informe de 2004 del Senado de Estados Unidos contra el blanqueo de dinero, donde aparecen los citados 26 millones de dólares transferidos a la compañía Kalunga, cuyo apoderado era Vladimir Kokorev.
Los Kokorev han intentado, por todos los medios, desmontar esa versión aportando informes contables que demostrarían que sus ingresos proceden de la venta de barcos, buques de transporte y lanchas que los compraban en Ucrania, o algún país europeo, y vendía en África.
Es decir, que son el resultado de transacciones comerciales.
Para ello, los abogados de los Kokorev han aportado todo el material documental que ha podido recabar de la Embajada de Guinea, como facturas, transferencias bancarias, contratos de compra-venta de embarcaciones, e incluso fotos de los citados buques navegando.
Sin embargo, el juzgado decidió que no había existido tal transacción económica y que Vladimir era el testaferro de Obiang.
Todo el tema de los Kokorev, que apenas está teniendo eco en los medios nacionales sí tiene mucha repercusión mediática en Canarias, como sostiene el escritor Alfonso Merlos, que ha liderado en España la investigación sobre el caso,
Merlos asegura que “No es fácil justificar ante la opinión pública ni ante ninguna instancia que una persona de 65 años con graves problemas de próstata, cardiovasculares y respiratorios, que ha sido intervenido quirúrgicamente y que necesita ayuda para ir al baño y hacer sus necesidades, pueda fugarse de España. A más abundamiento, cuando siempre ha manifestado su voluntad de colaborar con la justicia”.
“Es sorprendente, por lo que pueda significar de violación de derechos fundamentales, que cuando se ha presentado toda una colección de contratos y facturas para justificar un patrimonio sospechoso, la juez señale que seguirá investigando hasta encontrar un origen ilícito. Se les está exigiendo a estos ciudadanos que prueben su inocencia. Se les está mandando el mensaje de que hasta que no persuadan a la juez, al fiscal y a la Audiencia Provincial de que son inocentes, seguirán en prisión. El mensaje es demoledor en un Estado democrático de derecho. Es una condena preventiva y anticipatoria”, subraya Merlos.
Este caso, además, se ha visto «contaminado en las últimas semanas tras hacerse públicas las “deliberaciones nada secretas” magistrados de la Audiencia Provincial de Las Palmas, con comentarios racistas, xenófobos y sexistas en las que se calificaba de mafiosos, genéricamente, a todos los ciudadanos rusos.
LA CLAVE: UN «DUDOSO» TESTIGO PROTEGIDO
Ismael Gerli, un abogado panameño que trabajó durante años para el matrimonio formado por Vladimir Kokorev y Julia Kokoreva, se ha convertido en la principal prueba de cargo.
El citado letrado, al que se ha otorgado la condición de testigo protegido, en su declaración ante la juez De Vega y el fiscal anticorrupción Luis del Río, y vulnerando el secreto profesional, implicó a la pareja rusa en operaciones de presunto blanqueo.
Curiosamente, Gerli está imputado por la Fiscalía de su país por falsedad documental y se le investiga por haber adquirido fraudulentamente muchas de las propiedades de los Kokorev: un individuo perseguido por sus graves delitos y en su propio país.
Incluso, el propio patriarca Kokorev, al cumplirse un año de su ingreso en prisión escribió una carta -de la que se hicieron eco algunos medios de comunicación- en la que denunciaba que el origen de su detención en Panamá y posterior extradición a España fue fruto de la “declaración falaz del abogado Ismael Gerli”.
Kokorev sostenía que esas declaraciones de Gerli, se produjeron por negarse ellos a aceptar el chantaje “de unos 300.000 dólares por cambiar su declaración”, como queda acreditado “en las cartas de Ismael Gerli entregadas a la juez de instrucción por nuestros abogados”, señalaba entonces Vladimir Kokorev.
La presunción de inocencia debe primar siempre. No se puede imponer en casos como éste una prisión preventiva que podría superar la condena final, convirtiéndose así en una pena anticipada, algo que ha sido condenado repetidamente por las más altas instancias judiciales.
