De izquierda a derecha, Enrique López, Rafael Catalá, Oriol Rusca y Rosalina Díaz. WK.
El problema de la Justicia no es tanto de dinero sino de organización, según El Observatorio de la Actividad Judicial
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10/6/2017 05:04
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Actualizado: 15/12/2020 14:25
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«El modelo de la Administración de Justicia española es un modelo agotado que bebe, en su esencia, de una estructura obsoleta del siglo XIX», afirmó Enrique López, magistrado de la Audiencia Nacional y director del Observatorio de la Actividad Judicial, durante el acto de presentación de su informe anual, que tuvo lugar el pasado jueves por la tarde en el Colegio de Abogados de Barcelona.
«Por ello, podemos afirmar que el problema de la Justicia no es tanto de dinero sino de organización, o de reorganización, para ser más precisos. Hay que cambiar la estructura global del sistema de Justicia, apostando por los tribunales de instancia», añadió.
«Esto no quiere decir que haya que generalizar los tribunales de instancia en todas partes. Hay que estudiarlo con cuidado, porque puede ser que, en algunos sitios, esa no sea la mejor solución. Hay que tener muy presente que el 80 por ciento de la población vive en ciudades y el 20 por ciento en el campo. Esto nos da la pauta de dónde deben implementarse», prosiguió.
El estudio ya es un clásico desde hace 9 años y aporta una visión -desde unos datos objetivos- que pueden ser muy valiosos en estos tiempos en los que la Subcomisión para el estudio y definición de una Estrategia Nacional de Justicia del Congreso de los Diputados, que preside la diputada Margarita Robles, está llevando a cabo una serie de comparecencias con jueces, fiscales, sindicatos, abogados, procuradores, etc, con el fin de llevar a cabo una reforma a fondo de la Administración de Justicia.
«La presidenta de la Fundación Wolters Kluwer, Rosalina Díaz» -avanzó López a Confilegal-, «remitirá el informe a la presidenta de esa Subcomisión -quien también lo es de la Comisión de Justicia-, la diputada Margarita Robles. Estamos seguros de su contenido ayudará a los señores diputados a tomar cualquier tipo de decisión que tengan que asumir, con el mayor conocimiento preciso».
La presidenta de la Fundación, que acoje y financia el Observatorio, también participó en la presentación, junto con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el del ICAB, Oriol Rusca.
En relación al informe, el ministro Catalá, que siempre ha defendido en muchas comparecencias le necesidad de contar con estos datos, señalaba que “en cualquier sector necesitamos información para tomar decisiones y estos indicadores son importantes para seguir trabajando en la mejora de la Justicia, para las reformas que tenemos que llevar adelante, con incorporación de nuevas tecnologías y dotando de más medios a la Justicia, mejorando las leyes”.
Desde su punto de vista esta publicación va a ser una herramienta muy útil para todos los que tenemos responsabilidades en el ámbito de la Justicia.
Datos esperanzadores de mejora
En este último informe presentado, realizado con los últimos datos disponibles ofrecidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), López, destacaba en su intervención que, a nivel estatal, el número de asuntos iniciados en todas las jurisdicciones disminuye en un 3,2 por ciento con respecto al año anterior (un 11,16 ciento en total desde 2010, en que comenzó el descenso); el número de asuntos en trámite disminuye también un 5,09 por ciento; y la planta de jueces y magistrados no varía, aunque sí se han cubierto las vacantes a través de las correspondientes oposiciones.
Otro dato que ofreció este magistrado es que, en ese periodo analizado también decrece la cifra de asuntos resueltos (un 4 ciento respecto al ejercicio anterior) que queda en 8.376.365 asuntos, de los que solo 1.513.612 dan lugar a sentencia, terminando el resto con otras fórmulas resolutivas.
El indicador de calidad referido a la “Razonable duración de los procesos” empeora levemente, ya que queda en el 58,02 por ciento (frente al 59,01 por ciento del año anterior). Es decir, de cada 100 juzgadores sólo el 58 por ciento resuelve sus asuntos en el plazo considerado óptimo, mientras el 41,98 por ciento lo hace en plazos mayores, algunos significativamente excesivos.
Por el contrario mejora en casi un punto el indicador de “Ejecución de las resoluciones judiciales”, dado que el 39,10 por ciento de las sentencias y resoluciones se están ejecutando en plazos razonables. López también destacó que el Índice global de la Actividad Judicial empeora ligeramente, pero sigue en un nivel notable al alcanzar una calificación de 72,05 sobre 100.
Como una de las conclusiones principales del informe señala la necesidad de retomar una profunda reorganización de medios personales y materiales en la Administración de Justicia, puesto que el aumento del número de jueces por sí mismo no se convierte en la solución definitiva en la mejora de nuestro sistema judicial.
Resultados en Cataluña
En Cataluña, según el análisis del Observatorio, el número de asuntos ingresados representa el 14,77 por ciento del total nacional, y el número de asuntos concluidos, el 15,34 por ciento.
La plantilla judicial parece estar menos sobrecargada en esta Comunidad Autónoma que en el resto del país (un 14 por ciento frente a la sobrecarga del 17,71 por ciento), señalando el Informe que “sería necesario un incremento de 42 jueces (10 por ciento de la cifra recomendada para toda España)”.
Según Enrique López, “desde el año 2007, analizando el índice global de la actividad de la justicia, se constata que permanece prácticamente invariable superando la caída de los años 2008 a 2010, lo que denota que nuestro sistema de justicia responde con cierta eficacia a las necesidades reales pero requiere cambios sustanciales”.
Por su parte, Oriol Rusca, decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona, destacaba “la importancia de analizar en qué estado se encuentra la justicia año tras año con la finalidad de que la abogacía y otros operadores jurídicos puedan proponer al Ministerio de Justicia medidas para subsanar y /o corregir las disfunciones que se dan en éstos, puesto que la ciudadanía merece un sistema judicial que funcione con mayor agilidad”.
Un estudio con nueve años de vida
El Informe de la Actividad Judicial es un documento que elabora anualmente un panel de expertos que, desde el año 2007, mide diez indicadores objetivos del nivel de actividad de los tribunales españoles. Analizada la evolución de esos indicadores a lo largo del tiempo, el Observatorio realiza cada año propuestas concretas de mejora del sistema, tanto de índole legislativa como metodológica y organizativa.
El objetivo es realizar una mirada panorámica y reflexiva de largo alcance sobre la actividad judicial en el seno de un sistema social, económico y jurídico complejo.
“El Observatorio fue el primer proyecto que puso en marcha la Fundación Wolters Kluwer al crearse a finales de 2007 con el objetivo de articular la acción social de la propia editorial multinacional en España, centrándose en proyectos en los que podemos ofrecer valor añadido por pertenecer a un grupo editorial experto en crear conocimiento y contar con prestigiosos autores”, declaraba en su intervención la presidenta de la Fundación, Rosalina Díaz.
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