Ángel Garrido, consejero de Presidencia, Justicia y Portavocía de la Comunidad de Madrid, no tuvo escapatoria. Y mira que lo intentó. Pero cuatro jueces decanos de la Comunidad de Madrid se las arreglaron para «acorralarle» en un aparte, tras los postres de la cena que el Colegio de Procuradores de Madrid, celebró en el restaurante Domenico ayer por la noche.
No fue agradable para el consejero. Porque los magistrados Javier Echarandio, de Getafe, Raquel Rodríguez, de Torrejón de Ardoz, Rafael Rosel, de Leganés y Juan Ramón Rodríguez Llamosi, de Alcorcón, aparecieron «de la nada» desde varios puntos diferentes e inesperadamente para Garrido, le recriminaron la falta de seriedad de su Consejería.
En el tono de los cuatro jueces decanos había un enfado muy evidente, revestido de la máxima educación y respeto. Porque es a la Consejería que preside Garrido a la que le corresponde el mantenimiento de los edificios judiciales en la Comunidad de Madrid.
Edificios que, desde principio de año, han sido protagonistas de accidentes que, por suerte, no han producido víctimas, como el de Aranjuez, la pasada semana, cuando se cayó parte de un techo sobre el lugar donde segundos antes había estado declarando un testigo en un juicio.
O el incendio de los juzgados de Torrejón de Ardoz, a principios de año, o el desprendimiento de la fachada de los Juzgados de Leganés, por no citar algunos de los interiores de los Juzgados de Plaza de Castilla. O la plaga de cucarachas.
Así que lo primero que le dijeron a Garrido fue que no entendían el premio «Balanza de Oro de la Justicia» que el Colegio de Procuradores le había concedido y que le había entregado el ministro de Justicia Rafael Catalá.
El premio fue argumentado «‘por su defensa de la figura del procurador; la consecución de una mayor dotación económica en la justicia gratuita, así como por su esfuerzo de adaptación e inversión a fin de que en los órganos jurisdiccionales de la Comunidad de Madrid sea efectivo el ‘papel cero’, según se cita en su concesión».
Sobre lo primero no entraron los cuatro jueces decanos no entraron, pero sobre lo segundo…, con todos los problemas que había tenido -y seguía teniendo- la implantación de Lexnet en la Comunidad de Madrid, pues no era para premio, la verdad.
«No entendemos por qué le han dado el premio, señor consejero», le espetaron los cuatro.
Garrido no tenía escapatoria. Aquello era una encerrona en toda regla. En un aparte. Echarandio, Rodríguez, Rosell y Rodríguez Llamosí no eran cargos del Consejo General del Poder Judicial.
No le debían su nombramiento a los «cardenales» del «Vaticano judicial» sino que habían sido elegidos por los parroquianos. Su legitimidad emanaba de la base del «obispado» judicial de cada demarcación.
Del mismo lugar que la indignación.
El consejero reconoció ante los cuatro conjurados que la Mesa por la Justicia no estaba siendo operativa. Que habían existido «defectos de comunicación» sobre lo que habían hecho y de lo que iban a a hacer.
Garrido reconoció el compromiso adquirido de convertir a los 21 jueces decanos -20 de las poblaciones de la periferia y el de los Juzgados de Madrid- en interlocutores directos, cosa que no se ha producido, y a tenerlos informados de forma constante y actualizada.
Los jueces decanos son la máxima autoridad en los edificios judiciales. Su conocimiento de los problemas de todos y cada uno de ellos es completo porque son ellos los que tienen que avisar a la Comunidad de Madrid de los problemas que aparecen.
El consejero, finalmente, tranquilizó a los 4 jueces decanos y se comprometió con ellos a reunirse personalmente y a explicarles todo con pelos y señales.
Sin dilaciones, en los próximos días.
La «Operación consejero» dio sus frutos.
