El Congreso inicia su lucha contra la morosidad empresarial con sanciones
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21/6/2017 04:58
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Actualizado: 20/6/2017 21:36
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El Congreso de los Diputados se ha comprometido a tramitar en breve una proposición de ley de Ciudadanos para crear un régimen sancionador contra las empresas morosas. La proposición de ley contó con el visto bueno de Ciudadanos junto a PP, PSOE, Podemos, PNV, PdeCat,ERC y Grupo Mixto. Pese a todo, casi todos los grupos han anunciado que introducirán enmiendas al documento.
La citada proposición de Ley propone acabar en un abanico de multas leves–de 60 a 2.045 euros–, graves –de 2.046 a 8.195 euros– y muy graves –hasta los 163.955 euros para aquella empresa morosa.
En 2016, aunque el plazo de pago legal máximo para el sector privado es de sesenta días, la medía está en setenta y siete; y aunque el plazo de pago legal máximo en el sector público es de treinta días, la media está en setenta y un días. Es verdad que se ha mejorado desde los peores años de la crisis, pero el alto incumplimiento de los plazos legales de pago sigue siendo muy preocupante.
El portavoz económico de Ciudadanos, Toni Roldán, destacó que se trata de perseguir a aquellos que no pagan las facturas a su tiempo. En su intervención recordó que cerca de medio millón de trabajadores perdieron su trabajo por la crisis y ha criticado la falta de proactividad del Gobierno sobre estos temas.
Roldán considera necesario crear un mecanismo de arbitraje que pueda solucionar los pagos de forma ágil, un Observatorio que publique los plazos de pagos y haga un seguimiento, y un código sancionador que multe a las empresas que incumplen sus plazos legales de pago.
En la Exposición de Motivos de esta Proposición de Ley de Ciudadanos se destaca que en España todavía no hemos recuperado los niveles de empresas del año 2011. En 2016, había en nuestro país 3.236.582 empresas, 13.994 menos de las que había en 2011.
Del total de empresas, el 55,36% (1.791.909) no tiene asalariados; el 83,03% tiene 1 o 2 asalariados; el 95,69% tiene menos de 10 trabajadores; y el 99,27% (3.213.096 empresas) tiene menos de 50 asalariados. Además, desde 2011, la composición del mapa empresarial ha cambiado, con 47.622 empresas de 1 o 2 asalariados más y 41.752 empresas de entre 3 y 9 trabajadores menos
Tolerancia cero contra la morosidad
El texto también contempla la creación de un Observatorio de la Morosidad y cuenta con el visto bueno de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), así como de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad o la patronal catalana Pimec que han valorado positivamente esta medida que se presenta en el Parlamento.
“Es el paso definitivo hacia una política de “Tolerancia 0 con la Morosidad”, ha señalado el Presidente de ATA, Lorenzo Amor. “Es imprescindible poner en marcha un régimen sancionador contra la Morosidad. El legislador y las Administraciones deben tener esa misma tolerancia cero con la morosidad”
ATA recordaba a CONFILEGAL la importancia de esta iniciativa pues pese a los esfuerzos de la Administración por auto-controlarse y que ha supuesto una mejoría sustancial de los plazos de pago a proveedores, hoy en 78 días de media desde los más de 130 días que se llegaron a darse durante la crisis, aún ni la Administración local, ni la autonómica, ni la estatal cumplen con la Ley que establece en 30 días el plazo de pago.
Sin embargo, desde la organización de autónomos han considerado que en el sector privado no ha habido tal esfuerzo y que aún las grandes pagan de media en 126 días mientras que empresas de menos de 50 trabajadores y autónomos entre sí, lo hacen por debajo del plazo legal de 60 días. “Cumplir con los plazos legales de pago es también responsabilidad social, pues la morosidad ha destruido negocios , y muchos siguen mirando hacia otro lado presumiendo de sus políticas de RSC”, advierte Amor.
Desde ATA se pide celeridad a esta metida y el mayor consenso político. «Además de las sanciones, debe estudiarse que aquellas empresas que no cumplan no puedan acogerse a determinadas ventajas fiscales o se les penalice fiscalmente, algo en lo que el Ministerio de Hacienda ha anunciado hoy que está trabajando y debería coordinarse con la tramitación de la Proposición de Ley”, explica el presidente de esta organización de autónomos.
Todos los partidos políticos están de acuerdo en que estas medidas, además de a la empresa privada se deriven a la administración y sus empresas públicas que también causan problemas en autónomos y pymes.
Parece evidente que el texto de Ciudadanos sufrirá diferentes enmiendas en el trámite parlamentario. Cuestiones sobre qué organismo gestionará estas sanciones y cómo será el propio proceso sancionador con un posible sistema arbitral está aún por pulir y desarrollar en la práctica.
Desde el PSOE se planteó en el debate de este martes que la futura Ley de Contratos del Sector Público, también a trámite en el Congreso aclare que el pago entre las partes por encima de sesenta días debe ser considerado ilegal. Otra cuestión que debe aclararse es como comprobar y verificar los pagos que se hacen desde las diferentes administraciones públicas para que puedan estar dentro de este régimen sancionador.
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