Folleto del curso sobre corrupción al que han impedido ir al letrado denunciante.
El letrado del Tribunal de Cuentas que denunció a la Comisión de Gobierno por responsabilidad contable, excluido arbitrariamente de un curso
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27/6/2017 04:57
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Actualizado: 26/6/2017 23:51
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Fernando Clemente, el letrado del Tribunal de Cuentas que denunció a la Comisión de Gobierno de ese órgano por responsabilidad contable, ha sido excluido arbitrariamente por la secretaria general, Ana Puy Fernández, de un curso que organiza la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, junto con el patrocinio y organización del Tribunal de Cuentas, bajo el título «El Tribunal de Cuentas y la lucha contra la corrupción: actualidad, funcionamiento y reforma».
Clemente es el único funcionario del Tribunal de Cuentas que ha sido excluido, sin explicación alguna, de la lista de asistentes.
Esto ha provocado que el letrado interponga un recurso de alzada contra la decisión de la secretaría general, Puy Fernández, tomada el 22 de junio pasado, solicitando la nulidad de dicha decisión que parece tener su origen en las denuncias presentadas por Clemente contra el presidente, Ramón Álvarez de Miranda, y los miembros de la Comisión de Gobierno, Javier Medina y Felipe García Ortiz.
El letrado es quien consiguió que el Tribunal Supremo condenara 4 veces al Tribunal de Cuentas por el intento de colocar a un hermano de Medina, Enrique Medina, de modo fraudulento que el Supremo no dudó de describir como de «desviación de poder» y por la que esa institución ha sido condenada con 38.000 euros en costas.
Su presencia en el curso, se deduce, que es «non grata».
Al no publicitarse dicho curso dentro del Tribunal de Cuentas, aquellos que tuvieran interés en asistir como alumnos desconocían el procedimiento de solicitud.
Clemente manifestó su interés, de asistir al curso el pasado 9 de junio, vía correo electrónico dirigido al asesor de formación. Tres días más tarde, le confirmó que el curso estaba patrocinado, entre otros, por el Tribunal de Cuentas pero que no estaba incluido en el programa de formación del personal.
En consecuencia, el letrado se puso en contacto con Manuel Alonso Núñez, coordinador del curso, reiterándole su interés.
A lo que este contestó que debía dirigirse a la Presidencia de la Sección de Enjuiciamiento, que ostenta Felipe García Ortiz, uno de los denunciados por él, la última vez por responsabilidad contable.
A través, otra vez, del correo electrónico, Clemente volvió a repetir su interés por asistir como alumno en el curso el 16 de junio.
Tres días más tarde, reiteró su solicitud, mandando un escrito por el Registro General.
El presidente de la Sección de Enjuiciamiento, García Ortiz, le contestó «amablemente» con un lacónico «sin problemas».
El 20 de junio, desde la Secretaría de la Dirección Técnica de la Presidencia de la Sección de Enjuiciamiento se comunicó la propuesta de asistencia al curso a 3 funcionarios de esa Sección, uno de los cuales era Clemente.
Sin embargo, dos días más tarde, el 22 de junio, el letrado tuvo conocimiento «extraprocedimental» de que la secretaria general, Ana Puy Fernández, que trabaja a las órdenes directas de la Comisión de Gobierno, le había excluido de participar en dicho curso.
Clemente se entrevistó con la secretaria general para que le explicara por qué había sido excluido.
«Según la secretaria general, al final dependía de una decisión discrecional de los consejeros titulares de cada uno de los departamentos», dice Clemente en el recurso de alzada presentado contra tal decisión.
El Presidente de la Sección de Enjuiciamiento, García Ortiz, efectuó la propuesta de los letrados asistentes por la Sección de Enjuiciamiento, siendo este el órgano competente y no la secretaria general para efectuar la exclusión.
«Finalmente, la explicación que me dio de mi exclusión, que era la única que se había producido, es que el número de alumnos propuesto por el presidente de la Sección de Enjuiciamiento no se correspondía con el número de plazas disponibles», añade en el mencionado recurso.
El acto de exclusión se efectuó por la sustitución de la lista de los propuestos originalmente, por una segunda lista donde la única exclusión era la de Clemente.
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