Fernando Clemente, letrado del Tribunal de Cuentas, un «whistleblower» (alertador de corrupción) de libro, ha sido excluido del curso «Jurisdicción constitucional y Tribunal de Cuentas», organizado conjuntamente con el Consejo General del Poder Judicial en la sede de esta institución, en el que el consejero saliente, Javier Medina Guijarro es uno de los coorganizadores e interviene en el mismo.
Clemente denunció repetidas veces ante la justicia el nombramiento irregular de Enrique Medina Guijarro, hermano del consejero, como subdirector de esta institución.
Y consiguió que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dictara cuatro sentencias condenatorias y dos autos contra el Tribunal de Cuentas.
Una de esas sentencias decía con toda claridad que hubo “desviación de poder” en el nombramiento del hermano del consejero por el sistema de libre designación.
El Supremo no solo anuló el nombramiento sino que, además, condenó en costas al Tribunal de Cuentas con 9.000 euros, cosa excepcional.
A Clemente no le cabe ninguna duda de que Medina Guijarro está detrás de su exclusión de este curso, que comenzó el martes y termina hoy, porque la pasada semana la secretaria del consejero solicitó a los departamentos de la Sección de Fiscalización, en la que se halla destinado Clemente, que propusieran asistentes por departamento.
El suyo propuso a tres personas, entre ellos a este letrado. Y en primer lugar, porque cronológicamente fue el primero en solicitarlo, y así figuraba en la propuesta enviada.
El viernes 29 de octubre se comunicó a los otros dos funcionarios propuestos que habían sido “seleccionados” para el curso. Pero no a Clemente.
Tampoco se le comunicó por escrito su exclusión ni el motivo de la misma, como tiene que ser.
LO QUE HAY DETRÁS
El curso está codirigido por el consejero José Manuel Suárez Robledano al que la Asociación de Letrados y Auditores demandó también ante la misma Sala Tercera del Supremo por el nombramiento irregular de Agustín Pérez-Cruz Martín, como subdirector técnico en el Departamento Tercero de la Sección de Enjuiciamiento.
El Supremo, como ocurrió en el caso del “hermanísimo”, también lo anuló; Clemente es uno de los líderes de dicha Asociación.
Tanto Medina Guijarro como Suárez Robledano en su día manifestaron por escrito que se abstenían en los asuntos que tuvieran relación con dicho letrado por enemistad manifiesta.
Hasta que no se transponga definitivamente la Directiva Europea sobre protección de denunciantes –que tendría que estar antes del 17 de diciembre de este año– los «alertadores de corrupción» son incluidos en listas negras, como en el caso del letrado Clemente, donde se le ha excluido sospechosamente de forma no motivada.
Este tipo de denunciantes son normalmente excluidos de cualquier actividad formativa como profesores, de su participación en tribunales de oposiciones, además de la imposibilidad de cambiar de puesto de trabajo y de promocionarse profesionalmente.
El letrado excluido presentó en 2017 una denuncia-querella ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que fue posteriormente archivada por tres votos contra dos.
Dos de los magistrados emitieron un voto particular oponiéndose al archivo, al entender que había indicios racionales en relación a Javier Medina.
