Nunca antes había sucedido, pero ha ocurrido ahora. Los 7 consejeros elegidos por el Partido Popular han dado un golpe de mano, aprovechándose de su mayoría en el Pleno del Tribunal de Cuentas -son 7-, y se han hecho con el control completo de la Comisión de Gobierno -y, por tanto, de la Institución.
El letrado del Tribunal de Cuentas que ha venido denunciando irregularidades [whistleblower] en la institución, Fernando Clemente, ha presentado una querella ante el Tribunal Supremo contra Javier Medina, "número 2" de la institución, por la comisión de un supuesto delito de prevaricación administrativa.
Ramón Álvarez de Miranda, presidente del Tribunal de Cuentas, fue preguntado, el pasado 15 de marzo en el Congreso sobre "el favoritismo" en ese órgano.
El Tribunal de Cuentas ha tardado once meses en acatar un fallo del Tribunal Supremo, con un castigo de 9.000 € en costas, a pagar por el erario público.
La Comisión de Gobierno del Tribunal de Cuentas convoca irregularmente una plaza contra la opinión del abogado del Estado-jefe y el letrado que lo recurrió.