El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, fue preguntado, el pasado 15 de marzo -en el marco de su comparecencia ante la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas- sobre «el favoritismo» existente en su seno. Una interpelación de la que fue autor el diputado Joan Mena Arca, de Unidos Podemos.
Álvarez de Miranda, que acudió a presentar 21 informes de fiscalización del órgano que preside, eludió la pregunta de una forma lacónica: «Este caso, perdónenme, pero no tiene nada que ver con el debate de esta materia la adjudicación de un plaza concreta de un puesto en el tribunal».
Minutos antes, Mena Arca le había espetado: «Esta misma tarde -supongo que le habrá llegado la noticia- el diario El País ha destapado que hace ocho días el Tribunal Supremo les ordenó por sexta vez que convocasen la famosa plaza, acusándoles de favoritismo».
«Esto es -continuó Mena Arca-, el Tribunal Supremo está acusando de favoritismo al órgano fiscalizador. Más o menos, señor presidente, lo que viene a decir el Supremo es que hemos puesto al zorro a cuidar de las gallinas, y eso hace que todo el mecanismo de fiscalización de nuestros partidos políticos se derrumbe».
El diputado concluyó su intervención de forma muy cortante que, sin duda, marcó el fondo y la forma evasiva de la contestación de Álvarez de Miranda: «Tenemos pues un problema, un problema del que habla no solo Unidos Podemos, sino también los tribunales del ordenamiento jurídico español. Tenemos un organismo politizado por los partidos políticos que ha sido acusado por el Tribunal Supremo de favoritismo. Señor presidente, ¿cómo corregimos esto? Ustedes tienen mucho que decir aquí y esperamos su respuesta como presidente del Tribunal de Cuentas«.
De esta forma, el diputado se hacía eco de la información que ese día hizo pública El País bajo el titular «Condena de 38.000 euros al Tribunal de Cuentas por el enchufe del hermano de un jefe» y que firmaba el periodista de investigación José Antonio Hernández.
«Cuatro sentencias y dos autos ha tenido que dictar desde 2014 el Tribunal Supremo para que el Tribunal de Cuentas le haga caso y vuelva a convocar con todas las garantías la plaza que otorgó en 2013 a Enrique Medina, hermano de Javier Medina, vicepresidente de facto de este organismo y presidente de la Sección de Fiscalización. El Supremo acaba de dictar un auto, su sexta resolución sobre este asunto, en el que censura el favoritismo del órgano fiscalizador y convoque esa plaza de acuerdo con la ley», decía la información.
«Además, y debido al reiterado incumplimiento de sus seis resoluciones, le ha impuestos costas que ascienden ya a 38.000 euros, dinero que deberá pagar el tribunal de sus arcas. En este asunto, el Tribunal de Cuentas modificó sobre la marcha la bases para excluir a una candidata del propio tribunal que reunía todos los requisitos y ajustarlas a los méritos del hermano de su número dos», añadía Hernández.
Una información en la misma línea que Confilegal 16 días antes –«El Tribunal Supremo ordena al Tribunal de Cuentas cumplir una sentencia y le impone 10.000 euros en costas»-, y también el 6 de marzo -«El Tribunal de Cuentas todavía no ha cumplido la sentencia del Tribunal Supremo»-.
