Fernando Clemente, jurista y letrado del Tribunal de Cuentas, se ha visto represalias con un cambio de destino por denunciar el nepotismo en dicho órgano constitucional. Carlos Berbell/Confilegal.
El funcionario del Tribunal de Cuentas que denunció irregularidades se querella contra Javier Medina
Por prevaricación administrativa
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20/7/2018 06:15
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Actualizado: 20/7/2018 10:33
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El letrado del Tribunal de Cuentas que ha venido denunciando irregularidades [whistleblower] en la institución, Fernando Clemente, ha presentado una querella ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra Javier Medina, presidente de la Sección de Enjuiciamiento y «número 2» de la institución, por la comisión de un supuesto delito de prevaricación administrativa.
Medina es aforado, por su condición de consejero, por lo que le corresponde enjuiciar la querella al Alto Tribunal.
El funcionario lo considera responsable de todo un procedimiento administrativo desviado y arbitrario para beneficiar a su hermano, Enrique Medina.
Hasta ahora, cuatro sentencias y dos autos de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo le han dado la razóna Clemente, con lo que se ha impedido que Medina colocara a su hermano en una plaza de subdirector, excelentemente remunerada; un ejemplo del nepotismo que habita en esa institución.
Como consecuencia de las denuncias de estas irregularidades, y muchas otras, el funcionario, que también es miembro de la Junta de Personal (Comité de Empresa) ha sufrido duras represalias.
Después de 25 años de servicio en la Sección de Enjuiciamiento, el Tribunal de Cuentas le ha abierto un expediente disciplinario y le ha sancionado, cesado y trasladado de forma forzosa de su puesto de trabajo en el edificio principal, situado en el 100 de la calle Ortega y Gasset de Madrid, a un edificio secundario, en la calle Padre Damián, donde se encuentra la Sección de Fiscalización; en la jerga interna de los funcionarios se le conoce como «las colonias».
DESVIACIÓN DE PODER EN LA ELECCIÓN DEL «HERMANÍSIMO»
Gracias a la intervención de Clemente, se pudo saber que el Tribunal de Cuentas modificó las bases para excluir a una candidata del propio tribunal que reunía todos los requisitos y ajustarlas a los méritos del hermano de su número dos.
El último auto dictado por la Sala Tercera del Supremo sobre la plaza de subdirector dada a dedo a Enrique Medina impuso otros 10.000 euros en costas al Tribunal de Cuentas.
Y ya van 38.000 euros.
En la resolución del 25 de abril de 2016, el Supremo anuló la plaza otorgada a dedo a Enrique Medina y declaró que el Tribunal de Cuentas había cometido «una desviación de poder”.
El consejero del Tribunal de Cuentas, Javier Medina, fue promotor de una carta contra el periodista de El País, José Antonio Hernández; de fondo algunos de los titulares de los que se queja.
Y le impuso 9.000 euros en costas, un hecho rarísimo porque el Supremo no suele imponer costas a las instituciones del Estado, a no ser que la cosa fuera muy flagrante.
En el último auto (8 de febrero de 2017), el Supremo rechazó por “contradictorios” los argumentos de la secretaria general del Tribunal, Ana Puy, en el sentido de que la sentencia ya había sido cumplida, subraya que los incumplimientos de sus fallos denotan una “finalidad desviada de conceder el puesto de trabajo en litigio favoreciendo a un funcionario determinado”.
Las irregularidades de procedimiento que ha descubierto el Supremo en este largo proceso nacen en 2012. Fue entonces cuando Enrique Medina, funcionario de la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos (del Ministerio de Agricultura), fue apartado como gerente del Tribunal de Cuentas.
Y recolocado, en comisión de servicios, como subdirector técnico, adscrito a la Presidencia del Tribunal.
Para ese puesto se dictaron unos requisitos.
El aspirante debía, señalan las bases, tener «experiencia en cooperación y asistencia técnica, en dirección de proyectos, en auditoría y en elaboración de informes”.
Otro punto de las bases imponía el dominio de los idiomas «de inglés y francés, y experiencia en el desempeño de un puesto similar”. En su currículo, Enrique Medina afirmaba que, en lengua extranjera, su conocimiento se limitaba a “un nivel medio de inglés”. Nada de francés.
Además, respecto del inglés no aportaba ningún título o certificado reconocido que acreditara ese nivel medio que decía poseer.
El 15 de marzo de 2013 fue cuando el tribunal de cuentas convocó la citada plaza.
16 SOLICITANTES
De los 16 solicitantes, tres ya estaban destinados en el organismo. Solo había una auditora del Tribunal de Cuentas entre esos tres y solo ella podía acreditar experiencia en un puesto similar porque estaba destinada en la Presidencia, como recogían las bases. Y también acreditaba ella en su currículo el dominio de ambos idiomas.
Justo al presentar ella la solicitud, la Presidencia del Tribunal de Cuentas, el 4 de abril de 2013, modificó la convocatoria y quitó el requisito de tener que conocer los citados idiomas. Y, además, excluyó de la convocatoria a los integrantes de los Cuerpos Superiores de Auditores y Letrados del Tribunal de Cuentas, al que pertenecía la citada aspirante.
Tras estos descartes, solo Enrique Medina cumplía los requisitos.
Clemente llevó tales irregularidades al Tribunal Supremo, que una y otra vez le ha dado la razón ante los distintos incidentes que han ido demorando el proceso hasta este último auto mencionado.
Después de la corrección de errores citada, que no era tal como luego sentenció el Tribunal Supremo, a la vista del recurso del letrado del dejaron sin efecto dicha convocatoria .,
También recurrió que se dejara sin efecto dicha convocatoria y el pleno del tribunal de cuentas aceptó su recurso, para luego dejar desierta la plaza, hecho que también fue recurrido por el letrado.
Más adelante modificaron la plantilla del tribunal y crearon un puesto a la medida del hermano del consejero donde evidentemente no exigían nada más que unos requisitos muy genéricos y nada de inglés y francés, ni auditoría.
Después de modificada la plantilla convocaron la plaza a medida, convocatoria que fue recurrida por el letrado dictándose sentencia estimatoria por el Tribunal Supremo y más adelante le otorgaron dicha plaza al hermano del consejero.
Fernando Clemente, el letrado del Tribunal de Cuentas que ha presentado la querella, junto a su abogado, José María Garzón, con el Tribunal Supremo al fondo. Carlos Berbell/Confilegal.
TAMBIÉN RECURRIDA
Dicha adjudicación también fue recurrida por el letrado. Posteriormente el Tribunal Supremo dictó una sentencia anulando tal nombramiento declarando que había desviación de poder.
“Acordamos”, señalaba el ponente del Auto, el magistrado del Supremo, Jorge Rodríguez Zapata, “que el Tribunal de Cuentas debe convocar de inmediato el puesto en litigio de Subdirector técnico, nivel 30, de la Presidencia del Tribunal, por el sistema de libre designación, indicando en forma expresa que lo hace en ejecución de la sentencia 897/2016, de 25 de abril para que, posteriormente y, tras la tramitación legal, se produzca su adjudicación en favor de quien en Derecho corresponda”.
Y añadía: “No aceptamos que la sentencia (…) haya sido ejecutada por la Comisión de Gobierno del Tribunal de Cuentas (…)”.
En el proceso de litigación contra el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Supremo facilitó a Clemente un informe sobre este asunto elaborado por Javier Borrego, abogado del Estado Jefe en el Tribunal de Cuentas y ex magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El prestigio internacional de Borrego cargó de razón extra a la reclamación de Clemente ante el Tribunal Supremo.
En dicho informe, que había estado guardado bajo siete llaves por la Secretaría General del Tribunal de Cuentas, Borrego enumeraba las “serias irregularidades” que se produjeron en el nombramiento de Enrique Medina y proponía de forma clara, directa y contundente su anulación.
En 2009 consiguió que el alto tribunal anulara el nombramiento de Carmen de Vicente, hermana del ex diputado socialista y consejero del Tribunal de Cuentas, Ciriaco de Vicente, a quien había nombrado para un puesto de nivel 30 (el mismo que el del hermano del consejero nombrado por el PP), en un puesto creado para ella en el Departamento de Control de la Seguridad Social. Fue un caso, el primero de los iniciados por Clemente, que guarda muchísimas similitudes con el actual.
LA CONEXIÓN «PEPERA»
Las sentencias del caso Enrique Medina no han sido el único varapalo. El mismo Tribunal Supremo anuló la adjudicación a Agustín Pérez-Cruz de la plaza de subdirector técnico en el Departamento Tercero de la Sección de Enjuiciamiento, en este caso el recurso fue planteado por el sindicato Asociación de Letrados y Auditores del Tribunal de Cuentas, a la que pertenece como representante sindical el letrado Clemente.
Dicho puesto –de libre designación, como el de Medina- había sido convocado pensando en Pérez–Cruz Martín-, quien, entre 2012 y 2013, ocupó provisionalmente ese puesto, siendo nombrado a propuesta del consejero José Manuel Suárez Robledano.
Este consejero y Javier Medina coinciden en que fueron elegidos a propuesta del mismo grupo político, el Partido Popular.
De acuerdo con la norma legal establecida, Pérez-Cruz Martín podía ocupar ese puesto –de libre designación- en comisión de servicio, por el periodo máximo de un año, a cuyo término el Tribunal de Cuentas tenía que convocarlo públicamente.
José Manuel Suárez Robledano, el consejero que ha continuado las represalias contra Clemente. Qué es.
Y así se hizo en el Boletín Oficial del Estado de 16 de octubre de 2013, el problema fue que Pérez-Cruz Martín no lo solicitó en plazo. Sí lo hicieron 16 personas, tres de ellas letrados del propio Tribunal de Cuentas con una amplia experiencia en la sección de enjuiciamiento.
El consejero José Manuel Suárez Robledano decidió proponer que se dejara desierta la plaza. La decisión fue recurrida ante el Tribunal Supremo por la mencionada asociación.
“Decir que de los dieciséis solicitantes, todos los cuales reúnen los requisitos exigidos, ninguno reúne las condiciones de idoneidad y confianza necesarias, no es decir nada si no se añaden unas mínimas explicaciones que permitan descartar la utilización de esa fórmula al antojo de quien debe hacer la designación”, decía aquella sentencia, de la que fue ponente el magistrado Pablo Lucas.
La Presidencia del Tribunal de Cuentas volvió, después, a convocar públicamente la misma plaza, a la que sí se presentó Pérez-Cruz Martín, junto letrados del propio Tribunal de Cuentas con una amplia experiencia.
En esa ocasión, Pérez-Cruz Martín fue nombrado a propuesta del consejero José Manuel Suárez Robledano y ocupó definitivamente el puesto de subdirector técnico en el Departamento Tercero de la Sección de Enjuiciamiento.
Ese nombramiento fue recurrido, igualmente, ante la misma Sala del Tribunal Supremo.
Y ahora el alto tribunal ha vuelto a anular la adjudicación de la plaza a Pérez-Cruz.
Es precisamente este consejero que solicito al sindicato que agrupa los letrados del tribunal de cuentas, al que pertenece el letrado Clemente que antes de dictarse la última sentencia en este asunto y cuando ya el procedimiento estaba concluso para sentencia fuera retirado el recurso, llevado el asunto a la asamblea de los letrados estos votaron mayoritariamente en contra de la retirada del recurso y así se lo comunicaron por escrito al consejero José Manuel Suárez Robledano.
El letrado Clemente defendió en dicha asamblea que no se retirará el recurso y que constara su intervención en defensa de la legalidad en el acta de dicha asamblea sindical. Naturalmente esa actuación del letrado generó la inmediata del consejero citado dado que el letrado Clemente depende jerárquicamente de dicho consejero.
Finalmente este consejero inicio las actuaciones contra el letrado Clemente el 11 de julio de 2017, posteriormente le ceso y finalmente le sancionó disciplinariamente.
Estas actuaciones entiende el letrado Clemente que han sido en represalia por sus recursos, denuncias y diversas actuaciones sindicales y están actualmente impugnadas en vía administrativa y judicial.
REPRESALIADO
En junio de 2017 este letrado presentó, ante el propio Tribunal de Cuentas, una denuncia por responsabilidad contable por entender que dichas costas debían asumirlas de su propio bolsillo aquellos cargos de designación política cuya gestión irregular tenía la culpa, en especial el consejero Javier Medina.
El Tribunal de Cuentas, que en esto era “arte y parte”, puesto que era la parte denunciada y al mismo tiempo el juez -como era de esperar- no admitió la denuncia y le condenó en costas, con una petición del Abogado del Estado de que no fuera condenado en costas.
Un mes más tarde, el 10 de julio, Clemente presentó otra denuncia, esta ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, contra la Comisión de Gobierno por los supuestos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos de 38.000 euros, por las costas.
Al día siguiente el consejero, jefe de este letrado –José Manuel Suárez Robledano– presentó un escrito al presidente en el que señalaba unas “posibles faltas” de carácter disciplinario con el objeto de abrirle el expediente.
Clemente, en sus 25 años de servicio en el Tribunal de Cuentas, tiene una hoja de servicios impoluta.
Como miembro del Comité de Empresa y como empleado de esa institución, el funcionario no podía dejar pasar por alto lo sucedido, por lo que lo denunció por acoso, en el propio Tribunal de Cuentas.
Un procedimiento del que el consejero pasó, negándose a comparecer en la investigación abierta al efecto, y finalmente el órgano interno de denuncias archivó la denuncia a pesar de que el instructor de la denuncia apreciaba indicios de acoso y termino presentando su dimisión por cómo se había resuelto la denuncia.
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