«Presentaremos la querella criminal en el Supremo», avanza el abogado del funcionario del Tribunal de Cuentas expedientado
José María Garzón, el abogado del funcionario del Tribunal de Cuentas, Fernando Clemente, avanza, en este artículo, que seguirán las indicaciones de la Sala de lo Penal e interpondrán la querella. Carlos Berbell/Confilegal.

«Presentaremos la querella criminal en el Supremo», avanza el abogado del funcionario del Tribunal de Cuentas expedientado

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16/2/2018 06:15
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Actualizado: 25/9/2018 11:13
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«Presentaremos la querella criminal en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Por una cuestión procesal no se puede dejar de investigar un caso tan grave», declaró a Confilegal José María Garzón, abogado del letrado del Tribunal de Cuentas, Fernando Clemente, después de conocer que la Sala de lo Penal había inadmitido la denuncia presentada en junio de 2017 contra los miembros de la Sala de Gobierno de esa institución por los supuestos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos de 38.000 euros. 

El Ministerio Fiscal propuso el archivo de la causa, en su informe que tiene fecha de 28 de noviembre de 2017, por considerar que los hechos denunciados no eran constitutivos de delitos.

Sin embargo, como la denuncia se presentaba contra el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, y los consejeros Javier Medina Guijarro y Felipe García Ortiz, cargos asimilables a los de jueces y magistrados, la Fiscalía consideraba requisito necesario la presentación de la consiguiente querella.

«Se ha considerado que tanto la competencia del Tribunal como la exigencia legal de querella constituyen presupuestos procesales de los que depende el proceso íntegramente», dice el auto, del que ha sido autor el magistrado Francisco Monterde.

De acuerdo con Garzón, «la Sala de lo Penal indica con claridad la senda a seguir. La seguiremos al pie de la letra».

«DESVIACIÓN DE PODER»

Clemente había denunciado la citada Comisión de Gobierno ante la Sala Segunda después de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo se pronunciara por cuatro veces contra el intento de colocación del hermano de Medina, Enrique Medina Guijarro, en un puesto nivel 30.

La mencionada Sala, a instancia de Clemente, se pronunció en contra y calificó los hechos de «desviación de poder». Una de las consecuencias directas de tales fallos fue  la imposición de las costas, al Tribunal de Cuentas, en los cuatro procedimientos reseñados, que se elevaron a 38.000 euros en total.

Dinero que ha tenido que pagarse con cargo al presupuesto de ese órgano, es decir del erario público, y no de los ingresos personales de los miembros de la Comisión de Gobierno.

En su momento, el abogado de Clemente afirmó que las actuaciones del Tribunal de Cuentas en este caso -que han sido consideradas ilegales por el Tribunal Supremo en lo referente al asunto del nombramiento del hermano del miembro del Tribunal de Cuentas, Enrique Medina- «podrían ser constitutivas de un delito de malversación de caudales públicos del artículo 432 del Código Penal, que ha sido redactado de nuevo en la reforma de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, y que podría conllevar la pena de prisión de dos a seis años, así como de un delito de prevaricación, del 404, 405 o 406 del Código Penal».

Esa fue la base de la denuncia.

EXPEDIENTE DISCIPLINARIO

A raíz de aquella denuncia el Tribunal de Cuentas abrió un expediente disciplinario y trasladó de forma forzosa de su puesto de trabajo al funcionario, letrado de esa institución y miembro del Comité de Empresa (Junta de Personal).

El expediente disciplinario busca el objetivo evidente, y contrastado, de suspenderle de empleo y sueldo. Medida gravísima para un funcioanrio que tiene como único ingreso su sueldo.

De la misma manera, Clemente ha sido trasladado del destino que ocupaba desde hace 25 años en la Sección de Enjuiciamiento (desde que en 1993 aprobó las oposiciones de letrado del Tribunal de Cuentas), en el edificio principal -en la calle Ortega y Gasset, 100, en Madrid-, a la Sección de Fiscalización, en un edificio secundario, en la calle Padre Damián, al que la jerga interna de los funcionarios se conoce como “las colonias”.

DENUNCIAS

En junio de 2017 Clemente presentó, ante el propio tribunal de cuentas, una denuncia por responsabilidad contable por entender que dichas costas debían asumirlas de su propio bolsillo aquellos cargos de designación política cuya gestión irregular tenía la culpa, en especial el consejero Javier Medina.

El Tribunal de Cuentas, que en esto era “arte y parte”, puesto que era la parte denunciada y al mismo tiempo el juez -como era de esperar- no admitió la denuncia y le condenó en costas.

Un mes más tarde, el 10 de julio, Clemente presentó la denuncia mencionada, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, contra la Comisión de Gobierno por los supuestos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos de 38.000 euros.

Al día siguiente el consejero, jefe de este letrado –José Manuel Suárez Robledano– presentó un escrito al presidente en el que señalaba unas “posibles faltas” de carácter disciplinario con el objeto de abrirle el expediente que ahora ha visto la luz.

Clemente, en sus 25 años de servicio en el Tribunal de Cuentas, tiene una hoja de servicios impoluta.

Como miembro del Comité de Empresa y como trabajador de esa institución, el funcionario no podía dejar pasar por alto lo sucedido, por lo que lo denunció por acoso, en el propio Tribunal de Cuentas.

Un procedimiento del que el consejero pasó, negándose a comparecer en la investigación abierta al efecto, y finalmente el Tribunal de Cuentas (su órgano interno de denuncias) archivó.

Nepotismo en el Tribunal de Cuentas

Este funcionario viene denunciado desde hace años el nepotismo en el Tribunal de Cuentas. La denuncia del caso del hermano de Medina no es la primera.

Un precedente directo fue la denuncia, y la consiguiente sentencia condenatoria -que lleva por fecha 30 de septiembre. también por desviación de poder- del nombramiento de la hermana del entonces consejero por el PSOE, Ciriaco de Vicente, que anulo tal decisión.

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