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Expediente disciplinario y traslado forzoso al funcionario del Tribunal de Cuentas que denunció irregularidades

Fernando Clemente, jurista y letrado del Tribunal de Cuentas, se ha visto represalias con un cambio de destino por denunciar el nepotismo en dicho órgano constitucional. Carlos Berbell/Confilegal.
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El Tribunal de Cuentas ha abierto un expediente disciplinario y ha trasladado de forma forzosa de su puesto de trabajo a Fernando Clemente, letrado de esa institución y miembro del Comité de Empresa (Junta de Personal) quien denunció irregularidades en materia de personal, algunas de las cuales fueron calificadas por el Tribunal Supremo en varias sentencias como de «desviación de poder».

El expediente disciplinario busca el objetivo evidente, y contrastado, de suspenderle de empleo y sueldo. Medida gravísima para un funcioanrio que tiene como único ingreso su sueldo.

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De la misma manera, Clemente ha sido trasladado del destino que ocupaba desde hace 25 años en la Sección de Enjuiciamiento (desde que en 1993 aprobó las oposiciones de letrado del Tribunal de Cuentas), en el edificio principal -en la calle Ortega y Gasset, 100, en Madrid-, a la Sección de Fiscalización, en un edificio secundario, en la calle Padre Damián, al que la jerga interna de los funcionarios se conoce como «las colonias».

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Este funcionario consiguió que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo condenara hasta cuatro veces al Tribunal de Cuentas por el intento de nombramiento de Enrique Medina, hermano del consejero Javier Medina, número 2 de este órgano de control constitucional -elegido por el Partido Popular- para un importante puesto dentro de la institución.

La consecuencia directa de todos y cada uno de los 4 sentencias y 2 autos fue  la imposición de las costas al Tribunal de Cuentas, que superaron los 38.000 euros.

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Denuncias

En junio de 2017 Clemente presentó, ante el propio tribunal de cuentas, una denuncia por responsabilidad contable por entender que dichas costas debían asumirlas de su propio bolsillo aquellos cargos de designación política cuya gestión irregular tenía la culpa, en especial el consejero Javier Medina.

El Tribunal de Cuentas, que en esto era “arte y parte”, puesto que era la parte denunciada y al mismo tiempo el juez -como era de esperar- no admitió la denuncia y le condenó en costas.

Un mes más tarde, el 10 de julio, Clemente presentó otra denuncia, esta ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, contra la Comisión de Gobierno por los supuestos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos de 38.000 euros.

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Al día siguiente el consejero, jefe de este letrado –José Manuel Suárez Robledano– presentó un escrito al presidente en el que señalaba unas «posibles faltas» de carácter disciplinario con el objeto de abrirle el expediente que ahora ha visto la luz.

Clemente, en sus 25 años de servicio en el Tribunal de Cuentas, tiene una hoja de servicios impoluta.

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Como miembro del Comité de Empresa y como trabajador de esa institución, el funcionario no podía dejar pasar por alto lo sucedido, por lo que lo denunció por acoso, en el propio Tribunal de Cuentas.

Un procedimiento del que el consejero pasó, negándose a comparecer en la investigación abierta al efecto, y finalmente el Tribunal de Cuentas (su órgano interno de denuncias) archivó.

Nepotismo en el Tribunal de Cuentas

Este funcionario viene denunciado desde hace años el nepotismo en el Tribunal de Cuentas. La denuncia del caso del hermano de Medina no es la primera.

Un precedente directo fue la denuncia, y la consiguiente sentencia condenatoria -que lleva por fecha 30 de septiembre. también por desviación de poder- del nombramiento de la hermana del entonces consejero por el PSOE, Ciriaco de Vicente, que anulo tal decisión.

Un “whistleblower” en el Tribunal de Cuentas

Clemente, colaborador de Transparencia Internacional, es lo que en el mundo se identifica como un “whistleblower” (denunciante de irregularidades).

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El pasado 24 de octubre, el Parlamento Europeo aprobó, por 399 votos a favor (el 60 por ciento de los 666 eurodiputados presentes), 101 en contra(el 15 por ciento)  y 166 abstenciones (el 25 por ciento) el informe impulsado por la eurodiputada francesa, Virgine Rozière, en el que se hacía un llamamiento a la Comisión Europea para que, para finales de año, proponga normas que  garanticen la protección a los “whistleblowers” (denunciantes de irregularidades) en los 27 estados miembros de la Unión.

El informe aprobado es un documento no legislativo que, sin embargo, establece una fuerte prioridad en las instituciones europeas en la línea de desarrollar, posiblemente, una Directiva, decisión que ahora queda en manos de la Comisión Europea; a ella le corresponde hacer una propuesta.

“La información facilitada por los ‘whistleblowers’ es uno de los caminos más efectivos para luchar contra la corrupción”, afirmó Renate Schroeder, director de la Federación Europea de Periodistas (EFJ, por sus siglas en inglés).

En el informe aprobado se propone a los países miembros que desarrollen mecanismos para facilitar el lanzamiento de alertas internas y para permitir que los denunciantes informen a las ONG y la prensa, incluida la posibilidad de hacerlo de forma anónima; protección contra represalias, incluidas sanciones contra aquéllos que intentan evitar que los denunciantes hablen y medidas para desalentar las represalias; medidas de apoyo, como asistencia financiera y legal, apoyo psicológico e indemnización por daños a denunciantes en procesos civiles; y la existencia de organismos informadores nacionales independientes, verificando su credibilidad y orientando a los denunciantes, así como la autoridad a nivel de la UE para facilitar la coordinación en casos transfronterizos.

España está a la cola de la protección de los «whistleblowers».