La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso interpuesto por el abogado Eduardo López Mendoza contra el archivo del expediente disciplinario abierto a la magistrada del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria, Victoria Rosell.
«Requiérase al Consejo General del Poder Judicial a fin de que en el improrrogable plazo de veinte días, bajo los apercibimientos a que se refiere el artículo 48 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, remita el expediente administrativo correspondiente a la resolución impugnada, debiendo igualmente practicar los emplazamientos a que se refiere el artículo 49 de la referida Ley», dice la diligencia de ordenación suscrita por María Josefa Oliver Sánchez, letrada de la Administración de Justicia, que lleva por fecha el 4 de julio.
El magistrado ponente designado es José Luis Requero Ibáñez.
El origen del conflicto se remonta a la recusación que el letrado López Mendoza presentó contra la maigstrada Rosell, que estaba investigando al abogado por una supuesta estafa, el 26 de noviembre de 2013.
Como es preceptivo, Rosell envió la recusación a la Audiencia Provincial para que tomara una decisión.
Algo que hizo el 11 de mayo de 2015.
No se abstuvo
Sin embargo, según el anterior promotor disciplinario, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, y el teniente fiscal, Luis Navajas, la magistrada Rosell, en vez de abstenerse de tomarle declaración durante ese periodo de tiempo -como es obligado-, lo intentó en dos ocasiones. A lo que se negó el abogado.
En consecuencia se le abrió expediente disciplinario.
El promotor propuso a la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un mes de suspensión en sus funciones a la magistrada como “autora responsable de una infracción disciplinaria muy grave de desatención en el cumplimiento de los deberes judiciales”, según decía la propuesta, que llevaba por fecha 6 de abril de 2017.
Navajas, en su informe -de 28 de marzo de 2017- afirmaba que los hechos merecían “una corrección terminante, por su gravedad y trascendencia”.
La decisión que tomó la Comisión Disciplinaria el 16 de mayo pasada no fue en absoluto pacífica.
Al contrario, fue muy acalorada e intensa, según pudo saber Confilegal.
Finalmente acordó por 5 votos -los de Vicente Guilarte, Ángeles Carmona, Roser Bach, Victoria Cinto y Enrique Lucas– a 2 –Wenceslao Olea y Carmen Llombart– archivar el expediente disciplinario a la titular del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo tiene ahora la última palabra.
