El control de los sistemas informáticos en las salas de juicios está bajo la responsabilidad de un funcionario.
Preocupación en la Sala de lo Penal del Supremo por la dejadez de funcionarios y secretarios judiciales en la grabación de los juicios
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18/7/2017 05:00
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Actualizado: 21/2/2023 12:14
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Los magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal están muy preocupados por la constatación de un hecho que se viene repitiendo demasiado a menudo: la dejadez de los funcionarios que asisten a los tribunales en los juicios, responsables de grabar las vistas en CD y DVD, y la falta de supervisión posterior de los secretarios judiciales (ahora letrados de la Administración de Justicia) de que tales grabaciones se hacen de forma óptima, de cara a los posibles recursos de casación.
«No es un problema de insuficiencia de medios. El problema es la dejadez más absoluta. Porque la cosa no consiste sólo en darle al botón para que se ponga a grabar el DVD cuando el magistrado presidente pronuncia la fórmula de audiencia pública. No, el problema es que cuando una víctima menor o mayor declara por videoconferencia, el funcionario responsable no se preocupa de colocar el micrófono junto al televisor, para grabar su testimonio, con lo que, muchas veces, tenemos a las partes preguntando pero no las palabras de la testigo, que suele ser la víctima», explican fuentes del Supremo a Confilegal.
«Y eso se repite también cuando declaran tras un biombo, para evitar la confrontación con el agresor. Una y otra vez se les olvida poner un micrófono frente al testigo, con lo que también nos perdemos su testimonio», añaden.
Por otra parte, el letrado de la Administración de Justicia (antiguo secretario judicial) está dispensado de estar en la sala ya que se está grabando por medios informárticos.
«Pero tampoco verifica que la grabación ha sido realizada con las mínimas condiciones y que se escucha bien a todas las partes. Y eso por no mencionar las veces que recibimos DVDs completamente en blanco», señalan las mismas fuentes.
Algunos magistrados de la Sala consideran que la responsabilidad de que las grabaciones se lleven a cabo en modo y forma, y se envíen convenientemente, es del letrado de la Administración de Justicia. Otros consideran que corresponde al presidente de la Audiencia Provincial correspondiente.
De cualquiera de las maneras, el problema parece ser una nueva versión de «entre todas la mataron y ella sola se murió».
«En algunos casos existe una dejación absoluta. Y no puede ni debe ser. Ya sabemos que a algunos les puede doler lo que decimos, pero es lo que hay. Y de esto se están aprovechando algunos abogados, que lo saben y lo están utilizando. Sobre todo en recursos de casación de casos de agresiones sexuales, donde al no disponer del testimonio de las víctimas, esto puede suponer una rebaja considerable de la pena a imponer», aclaran.
La secretaria de Estado, informada
La secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés, fue informada de este estado de cosas la mañana del pasado viernes, durante la reunión que celebró con la Sala de lo Penal.
«Sánchez-Cortés se sintió concernida. Se dio cuenta de la gravedad del asunto. En la Sala no buscamos un retroceso al proceso de digitalización de la Justicia en absoluto, pero sí queremos que las grabaciones se hagan con todas las garantías», indican.
Por eso, el Pleno de la Sala reclamó, en un acuerdo fechado el 24 de mayo pasado, completar la grabación de los juicios -referidos a agresiones sexuales, homicidios y asesinatos, aunque no los mencionan expresamente- con estenotipistas que recojan las declaraciones de acusados, testigos y peritos, de la misma forma que se hace en el Congreso de los Diputados y en el Senado, donde también se graba en vídeo, al estimar que el “el actual sistema de documentación de las vistas orales es altamente insatisfactorio” y pueden dar lugar a nulidades.
Primer juicio anulado
Precisamente, ayer este diario digital publicaba la noticia de que el Supremo había anulado el juicio a un hombre que fue condenado a nueve años de prisión por un delito continuado de abusos sexuales con acceso carnal por entender que se vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva al no grabarse correctamente las sesiones por un mal funcionamiento del sistema de grabación.
En su sentencia, los magistrados ordenan que la Audiencia Provincial de Cádiz celebre un nuevo juicio, con un tribunal diferente, cuyo desarrollo quede debidamente documentado.
Este caso ha sido la gota que ha desbordado el vaso. El recurrente denunció la indefensión que le había causado el no poder formalizar su recurso de casación en los términos en que había sido preparado, ante la imposibilidad de consultar el acta que documentaba el juicio que, por un deficitario funcionamiento del sistema instalado en la sala donde se celebró, no fue grabado correctamente.
En concreto, alegaba que la declaración de la víctima -un menor que era hijo de la entonces pareja del condenado- y la ratificación de los peritos eran inaudibles.
Tenía razón. Y la Sala de lo Penal se la dió.
Las pruebas documentadas por la Audiencia Provincial de Cádiz no constaban y, por consiguiente, no se pudo comprobar el sentido de las declaraciones, ni las posibles contradicciones, inexactitudes o imprecisiones relevantes en relación con la declaración del menor, o las aclaraciones en cuanto a metodología y conclusiones en el caso de los peritos.
La decisión de que se celebre un nuevo juicio tampoco puede ser una solución pues los abogados defensores pueden considerar que es una vulneración del principio de «non bis in idem» (no se puede juzgar dos veces a una persona por el mismo delito), ya que sus clientes no tienen la culpa de que los sistemas de grabación de la Administración de Justicia no hayan recogido todos los testimonios; sus defendidos se sometieron a la acción de la justicia.
Por esta razón, la cosa podría desembocar en recursos de amparo ante el Tribunal Constituiconal, que podrían tener visos de éxito.
Sin olvidar el dolor de las víctimas, que tendrían que volver a pasar por todo eso por cual de una deficiente gestión de los medios materiales de la justicia por parte de sus responables.
Un sistema plagado de agujeros
Los magistrados de la Sala de lo Penal también se quejan de los diferentes sistemas de grabación en DVD existentes en las 12 Comunidades Autónomas con competencias transferidas.
«No existe sólo uno sino varios y en ocasiones nos encontramos en que los sistemas de reproducción que tenemos son incompatibles con el formato que nos han enviado», revelan las mismas fuentes.
Por no mencionar la ausencia de indexación de los vídeos grabados, sobre lo que el Consejo General del Poder Judicial llamó la atención recientemente.
«Cuando el recurso de casación viene con 10 o 15 DVDs, porque los juicios han sido largos, de 15 días a un mes, por ejemplo, llegar al punto de la grabación al que se refiere el abogado, para comprobar su tesis se convierte en un proceso harto complicado. Si los vídeos estuvieran indexados esto facilitaría mucho las cosas», concluyen las fuentes citadas.
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