Ana Isabel Flores García, jueza sustituta y temporalmente titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Talavera de la Reina, Toledo, ha archivado la denuncia que presentó el juez Fernando Presencia contra el fiscal jefe de la Sección de Talavera de la Reina, Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, por un supuesto delito mediambiental, otro contra la ordenación del territorio y por blanqueo de capitales, relacionados con la construcción de un chalet de su propiedad en la localidad de Pepino.
«De lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa, por lo que procede decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones», dice la jueza sustituta Flores García en un auto fechado el pasado 21 de junio.
«El presente procedimiento se incoó por las imputaciones del denunciante [Fernando Presencia] en escrito de recusación de la juez instructora del procedimiento DP 432/16 del Juzgado número 2 de Talavera de la Reina», continúa el auto, que tiene tan sólo dos folios.
«Los supuestos hechos denunciados (delito de blanqueo de capitales, delito medioambiental y delito contra la ordenación del territorio) además de haber sido ya denunciados (por manifestaciones de la parte) no se acreditan en este procedimiento de modo alguno«, añade.
Archivo provisional.
Dos juezas en direcciones opuestas
La denuncia que ahora archiva Flores García había sido admitida a trámite el pasado mes de febrero por su antecesora en ese juzgado, la también jueza sustituta María del Carmen Pozuelo Sánchez, quien venía ocupando ese destino desde el 16 de noviembre de 2016.
Pozuelo Sánchez sí apreció, de forma totalmente opuesta a su compañera, la existencia de posibles delitos el pasado mes de febrero.
Flores García relevó a Pozuelo Sánchez en ese Juzgado el 17 de abril.
En la denuncia, Presencia afirmaba que la construcción del chalet del mencionado fiscal jefe de Sección se realizó en zona prohibida, junto al Arroyo Berrenchín, en la localidad de Pepino, colindante con la ciudad mencionada.
Algo que también denunció en su momento Ecologistas en Acción en un informe.
Al ser aforado el mencionado fiscal, la jueza sustituta Pozuelo Sánchez consideró que le correspondía a la Sala de Admisión de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) decidir si continuar con la incoación de diligencias previas o archivar.
Dos meses más tarde, en abril, la mencionada Sala devolvió la causa al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Talavera porque sus componentes consideraron que los hechos, supuestamente atribuidos a De la Cruz Andrade, “nada tienen que ver con el ejercicio de las funciones propias del cargo” de fiscal.
Por lo tanto, no regía, en ese caso, el aforamiento y, en consecuencia, la competencia del TSJCLM para investigar dichos hechos sino que le correspondía al juez predeterminado por la ley, en este caso, la jueza Pozuelo Sánchez.
No fue ella sino su compañera sustituta, Flores García, la que, en vez de investigar, le ha dado carpetazo al asunto.
La Confederación Hidrográfica del Tajo
La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ordenó en 2009, al fiscal jefe de Sección, De la Cruz Andrade, demoler el chalet que tiene construido en la población de Pepino, colindante con la ciudad mencionada, al estar construido en “zona de policía” del cauce del Arroyo Berrenchín.
La Resolución fue dictada, según la CHT, el 6 de marzo de 2009, “imponiendo la obligación de reponer las cosas a su estado anterior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 118 del Texto refundido de la Ley de Aguas, salvo que sean legalizadas las obras o autorizados los trabajos denunciados a instancia del interesado”.
Esto último nunca se llevó a cabo.
