La historia es ampliamente conocida. Ocurrió en el siglo XVIII. El rey de Prusia, Federico el Grande, dio orden de derribar un molino que afeaba las vistas de su palacio de Sanssouci, en Potsdam, cerca de Berlín.
El molinero, sin embargo, se opuso a la decisión del rey y puso una demanda contra él ante los tribunales con una frase histórica: «Sire, es gibt noch Richter in Berlin» (señor, todavía hay jueces en Berlín).
El juicio se celebro y el tribunal dio la razón al molinero: el rey, por muy rey que fuera, no tenía derecho a tirar el molino.
Federico II, respetuoso con la justicia, celebró que hasta él mismo tuviera que respetar la decisión de los jueces.
La anécdota pasó a la historia como un símbolo de la independencia del poder judicial ante el poder ejecutivo.
Entre los jueces y los fiscales españoles la frase «Todavía hay jueces en Berlín» es ampliamente conocida.
La anécdota viene a colación del caso de Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, fiscal decano de Talavera de la Reina y su chalet, construido en zona de inundación y de policía, ilegal, por lo tanto, en Pepino, una población cercana a la ciudad en la que presta sus servicios.
En 2009 la Confederación Hidrográfica del Tajo le comunicó al señor fiscal decano de esa ciudad -el defensor de la legalidad- que derribara su chalet por haber sido construido en zona prohibida, junto al Arroyo de la Fuente o Berrenchín. Un chalet de 466 metros cuadrados a poco menos de 70 metros de un lago.
No lo hizo.
Tampoco la Confederación movió un dedo para hacer ejecutivo su requerimiento.
Y nadie lo hubiera movido si el magistrado Fernando Presencia no lo hubiera denunciado, en la guerra personal que viene librando contra De la Cruz Andrade desde 2015.
Todo el mundo en Castilla-La Mancha conocía este hecho.
Tanto la Fiscalía de Toledo como la Fiscalía Superior de esa región, sin olvidar el Tribunal Superior de Justicia y el Congreso de los Diputados, ante el que Ecologistas en Acción presentó una denuncia.
Nadie movió un dedo. Ni jueces ni fiscales de la región.
Nadie.
Podían haber actuado de oficio, pero todo el mundo miró para el otro lado porque era el fiscal decano, el defensor de la legalidad.
Se suponía.
Sin embargo, cuando la Fiscalía de Medio Ambiente, radicada en Madrid, dirigió un oficio, un simple oficio, el pasado mes de septiembre, al comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Tajo, Justo Mora Alonso-Muñoyerro, para que informara sobre el estado de la cuestión es cuando la maquinaria, súbitamente, se ha puesto en movimiento.
Lo contábamos ayer en Confilegal.
El mencionado técnico contestó a la Fiscalía de Medio Ambiente relatando cómo estaban las cosas e informando que el 30 de octubre habían requerido “a la denunciada [la mujer del fiscal decano] para que proceda a la ejecución voluntaria de la citada Resolución”.
Un requerimiento que se produjo de un modo oficial al afectado el 30 de noviembre pasado.
Ecologistas en Acción se preguntaba ayer, en una nota de prensa: “¿Por qué han pasado más de ocho años para que la Confederación Hidrográfica del Tajo haya dado al inicio de ejecución de la sanción que es de marzo del 2009?”.
La respuesta es evidente.
Menos mal que todavía existen fiscales en Madrid, como también existían jueces en Berlín.
