¿Qué hará la FGE? La Justicia envía la supuesta prevaricación urbanística omisiva del chalet del fiscal decano a Talavera
La fiscal General del Estado, Dolores Delgado, anunció durante su discurso en el acto de apertura del año judicial que publicaría esta instrucción.

¿Qué hará la FGE? La Justicia envía la supuesta prevaricación urbanística omisiva del chalet del fiscal decano a Talavera

|
15/11/2020 10:13
|
Actualizado: 15/11/2020 10:14
|

Los acontecimientos en torno a la legalidad del chalet que el fiscal decano de Talavera construyó en zona prohibida en la localidad de Pepino, a 8 kilómetros al norte de esa ciudad, han dado un giro inesperado que pone a la propia Fiscalía General del Estado (FGE) en una situación muy incómoda, sobre la que invariablemente, tendrá que decidir qué hacer.

De otra forma, si simplemente no hiciera nada, su reputación podría quedar gravemente comprometida.

Es la consecuencia del envío, por parte de la magistrada juez del Juzgado de Instrucción 5 de Madrid, Carmen Valcarce Codes, de la denuncia que interpuso la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (ACODAP) y de su presidente, Fernando Presencia, contra los comisarios de aguas de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), José Antonio Díaz-Lázaro y Javier Díaz Regañón, a los que acusó de los delitos de prevaricación administrativa, contra la ordenación del territorio y medio ambiente, tráfico de influencias y falsificación documental.

También denunció al fiscal decano de Talavera, Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, y su esposa, María García, por los supuestos delitos contra la ordenación del territorio y medio ambiente y un delito de tráfico de influencias.

La magistrada de Madrid acordó el archivo provisional pero la Audiencia Provincial de Madrid, en un auto de apelación, lo denegó y ordenó el envío del asunto a los Juzgados de Talavera de la Reina, porque es a ellos los que tienen la competencia territorial.

«La Sala considera que estando relacionada la prevaricación urbanística que aquí se denuncia con delitos contra la ordenación del territorio y medio ambiente, la conducta debe entenderse cometida en el lugar en el que la decisión injusta haya tenido efecto que, en nuestro caso es, en todo caso, en un partido judicial ajeno a Madrid, y ello con independencia de que la sede de la CHT se encuentre en la capital de España», dice el auto del tribunal de apelación.

INDICIOS CLAROS DE PREVARICACIÓN URBANÍSTICA OMISIVA

El fiscal de Medio Ambiente de Madrid, César Estirado, también recurrió el archivo decretado por la magistrada Valcarce.

Estirado considera que la CHT al ordenar el derribo del chalet en 2009 y no haber materializado dicha decisión puede haber cometido un delito de prevaricación urbanística omisiva del artículo 320 y 11 del Código Penal. 

El fiscal entiende –y así lo recoge el auto del tribunal de apelación, que hubo inacción «por parte de los responsables de la CHT por inejecución de la resolución de fecha 6 de marzo de 2009, que ordenaba la demolición de la construcción, hasta el requerimiento de ejecución de fecha 31 de octubre de 2017. Es decir, una demora de más de ocho años que de ser dolosa sería constitutiva del citado tipo penal».

Para el fiscal del caso, el hecho de que la CHT no haya hecho nada –la “inactividad administrativa”– es “prevaricadora”. Y el resultado es “equiparable a dictar una resolución expresa”.

Por lo que existe “dolo” de los responsables, “dada la trascendencia urbanística que tiene la tolerancia pasiva de la Autoridad competente para demoler unas obras no autorizadas y sometidas a requisito de su autorización, máxime si son legalizables”.

El fiscal decano de Talavera, Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, con el chalet que se construyó de fondo, el cual presenta un muro de contención más que evidente para afrontar posibles inundaciones qeu se puedan producir. La CHT ordenó su demolición en 2009, hace 11 años.

Gráfico elaborado por Ecologistas en Acción e incluido en el informe que dice que el chalet está construido dos metros dentro de la zona de servidumbre -establecida en 5 metros-, en la que está prohibida cualquier tipo de construcción. Gráfico: Ecologistas en Acción.

EL PROPIO FISCAL DENUNCIADO ES EL QUE TIENE QUE INFORMAR SOBRE LA LEGALIDAD DE SU CHALET

Y aquí viene la patata caliente. Porque le corresponde a la Fiscalía que Ángel Demetrio de la Cruz Andrade dirige en Talavera de la Reina informar si hay materia delictiva o no en la denuncia que se va a recibir de la magistrada Valcarce, en Madrid.

Ni De la Cruz Andrade ni ninguno de los fiscales a sus órdenes, ni el fiscal jefe de Toledo ni tampoco el fiscal superior de la Comunidad de Castilla-La Mancha pueden tener nada que ver con el caso.

Están contaminados.

La doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha repetido una y otra vez en su doctrina que la apariencia de imparcialidad es tan importante como la imparcialidad misma.

La imparcialidad de todos los mencionados está comprometida en este caso, que tiene su raíz en un enfrentamiento personal del fiscal decano mencionado y el exmagistrado, presidente de ACODAP.

Máxime cuando algunas de las acusaciones son muy similares a las que vertió Presencia y por las que fue condenado recientemente en Talavera por un delito de calumnias y otro de denuncia falsa.

El giro que ha dado la historia, con el envío de la denuncia desde Madrid a Talavera, pone además a la Fiscalía General del Estado, que dirige Dolores Delgado, en una situación muy incómoda que enfrenta a dos de sus fiscales.

Por una parte, el fiscal de Medio Ambiente de Madrid, César Estirado, que dice ver indicios claros de un delito de prevaricación urbanística omisiva en la construcción del chalet del fiscal decano de Talavera de la Reina, Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, levantado en una zona de servidumbre, prohibida por ley, con un muro de contención más que evidente para afrontar las posibles inundaciones que se puedan producir, lo que expresa por sí mismo, a las claras, el conocimiento previo de que es una zona de inundaciones probables.

Sobre el papel, la solución no debería ser muy difícil. El artículo 1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal dice que la misión de este cuerpo es “la defensa de la legalidad”. ¿Será posible?

La pelota queda en el tejado de la FGE.

A la vista de todos.

Noticias Relacionadas:
Lo último en Tribunales