María del Prado Salmerón, representante de Ecologistas en Acción de Talavera, señalando el chalet del fiscal decano, que se encuentra a pocos metros de un embalse, en una zona que tiene evidente peligro de inundación.
Ecologistas en Acción pregunta a la Confederación Hidrográfrica del Tajo qué pasa con el chalet del fiscal decano
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03/11/2020 06:45
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Actualizado: 02/11/2020 20:36
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La asociación Ecologistas en Acción dirigió ayer una carta al presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), Antonio Yáñez Cidad, para que se le informe sobre la decisión que debía haber tomado el pasado mes de marzo, cuando tenían que haber resuelto la solicitud de legalización del chalet que el fiscal decano de Talavera, Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, levantó en la población de Pepino, a 8 kilómetros de esa ciudad.
En zona de servidumbre del Arroyo Berrenchín, espacio totalmente prohibido, de acuerdo con la ley.
La Sección Segunda de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM), formada por los magistrados Raquel Iranzo Prades –presidenta–, Miguel Ángel Pérez Yuste, Ricardo Estévez Goytre y Jaime Lozano Ibáñez –ponente–, dictó la sentencia 122/2019 de 30 de abril, en la que desestimó el recurso que había interpuesto la esposa del fiscal decano, María García, contra la orden de demolición del chalet de la CHT de 2009.
El abogado del Estado del caso, Pedro González, argumentó, dentro de ese procedimiento, en la misma dirección: el chalet fue construido ilegalmente y, por lo tanto, había que demolerlo.
La sentencia no fue recurrida ante el Tribunal Supremo, en casación, por ninguno de los dos copropietarios, por lo que se convirtió en firme y definitiva el 15 de julio de 2019.
No quedaba más que la demolición del edificio, de 466 metros cuadrados, a cuenta del propio bolsillo del fiscal decano de Talavera.
El 30 de julio, García recibió un oficio de la CHT por el que le daba 30 días para que derribara su chalet voluntariamente.
Frente a esa orden final, la mujer interpuso el mencionado escrito ante la CHT, el 10 de septiembre, pasado, diez días después de que prescribiera el plazo para llevar a cabo la orden de demolición, solicitando la legalización de la vivienda.
La CHT abrió un expediente para estudiarla, algo que Ecologistas en Acción consideró altamente irregular.
Fuentes de la Confederación explicaron a Confilegal, en octubre de 2019, que tardarían 6 meses en resolverlo.
Ha pasado más del doble de tiempo: 13 meses.
ACCESO AL EXPEDIENTE
La misiva, firmada por María del Prado Salmerón Muñoz, coordinadora local y comarcas de Ecologistas en Acción Talavera de la Reina y Comarca, pide a la Confederación Hidrográfica del Tajo que le entreguen «copia de los documentos tanto del expediente sancionador de referencia como de los documentos que pudieran existir en el expediente de apertura de inicio de legalización de la construcción ilegal de María García García».
También solicita que se les explique por qué se les dio a los propietarios del chalet un segundo «plazo voluntario cuando existía una sentencia que daba firmeza al primero» y que venía avalado por la sentencia del TSJCLM.
Y que se les informe para cuándo está prevista la orden de demolición.
Situación del chalet del fiscal decano de Talavera de la Reina en Pepino.
El chalet del fiscal decano fue construido en la zona de servidumbre y en la zona policía del cauce del Arroyo Berrenchín, dentro de la franja de 100 metros.
Planos del chalet del fiscal decano y de su esposa que la Confederación Hidrográfica del Tajo ordenó derruir en 2009, orden que no se ha cumplido.
DOS FUNCIONARIOS DEL CHT DENUNCIADOS POR ESTE CASO
La suerte de dos funcionarios de la CHT, Javier Díaz Regañón Jiménez y José Antonio Díaz-Lázaro Carrasco, comisarios de aguas de la CHT, también está en manos judiciales.
La Audiencia Provincial tiene pendiente la resolución de un recurso de apelación interpuesto por el fiscal de Medio Ambiente de Madrid, César Estirado, contra el archivo de una denuncia interpuesta por la Asociación contra la corrupción y en defensa de la acción pública” (ACODAP) y su presidente, Fernando Presencia –como acción popular por los supuestos delitos de falsedad documental y prevaricación administrativa.
El fiscal Estirado entiende que la inactividad de la CHT, al no demoler el chalet ilegal, podría constituir un delito de “prevaricación urbanística omisiva”, contemplada en los artículos 320 y 11 del Código Penal.
“Es patente una indebida inactividad de los responsables competentes de la CHT en cuanto al cumplimiento de la Orden de demolición de la construcción que afectaba las zonas de servidumbre y de policía (la primera no legalizable) del dominio público hidráulico que se mantiene desde la resolución de fecha 6 de marzo de 2009 hasta el requerimiento de ejecución de fecha 13 de octubre de 2017, más de ocho años”, ha escrito Estirado en su recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid.
Para el fiscal del caso, el hecho de que la CHT no haya hecho nada –la “inactividad administrativa”– es “prevaricadora”.
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