Planos del chalet del fiscal decano y de su esposa que la Confederación Hidrográfica del Tajo ordenó derruir en 2009, orden que no se ha cumplido.
La Abogacía del Estado pide que se cumpla la orden de demoler el chalet del fiscal decano de Talavera
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22/1/2019 03:22
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Actualizado: 22/1/2019 12:53
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La Abogacía del Estado en Albacete ha pedido a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que se cumpla la orden de demolición que el fiscal decano de Talavera, Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, tiene en la localidad de Pepino por haber sido construido en “zona de policía” del cauce del Arroyo Berrenchín, y, por lo tanto, en zona prohibida por la Confederación Hidrográfica del Tajo.
El pueblo de Pepino, que cuenta con 2.907 habitantes, está situado a 8 kilómetros al norte de Talavera de la Reina y es considerada zona residencial.
De acuerdo con el escrito dirigido por el abogado del Estado, Pedro González, al tribunal de la Sección Primera, competente para dirimir este recurso presentado en nombre de la esposa del fiscal decano, María García García, la Confederación abrió, por esa construcción, un expediente sancionador el 14 de noviembre de 2008, por el que fue informada dicha señora.
Una comunicación que se dirigió a la calle Laurel, 85, de Tres Cantos, Madrid, su anterior domicilio.
«Y consta que ese acuerdo fue recogido por la propia interesada en la Oficina de Correos de Tres Cantos el día 26 de noviembre de 2008», dice el abogado del Estado.
«La hoy actor no formuló alegaciones, no negó los hechos, ni propuso ninguna prueba», añade la Abogacía del Estado.
«La Confederación dictó, con fecha 6 de marzo de 2009, revolución sancionadora, sin imponer sanción por prescripción de la infracción, pero acordó la reposición del terreno». Traducido: la demolición de la edificación, el chalet.
Según el expediente administrativo, se trató de notificar dicha resolución a María García García el 19 de mayo y el 1 de junio de 2009.
Pero no contestó nadie.
Se dejó aviso en el buzón, pero nadie lo recogió, por lo que se publicó la resolución en el BOE del 22 de junio de 2009 y en un edicto que se publico en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Tres Cantos, entre el 1 de julio de 2009 hasta el 13 de julio de 2009.
EL ABOGADO DEL FISCAL DECANO Y DE SU ESPOSA ARGUMENTA NULIDAD
Francisco Javier González de Rivera, el abogado de María García García y de Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, que fue quien presentó el recurso, reclama al tribunal que se declare contraria a derecho, y consiguientemente nula, la resolución de 6 de marzo de 2009 que ordena derruir el chalet, así como el oficio de ejecución suscrito por el comisario de aguas, el 31 de octubre de 2017, en el que se apremió a los dueños del chalet a cumplir la orden.
El letrado plantea tres cosas en su recurso: 1. que el acuerdo de 6 de marzo de 2009 nunca le fue notificado a su cliente y fue, por lo tanto,»defectuoso»; 2. que ha caducado el plazo para la demolición. Y 3. que no existe ninguna corriente natural de agua.
Desde el punto de vista del abogado del Estado, la alegación de que la dueña del chalet nunca fue informada «es claramente maliciosa, pues consta que el empadronamiento en Pepino -población a pocos kilómetros al norte de Talavera, que es donde se encuentra el chalet- se produjo el 7 de julio de 2009, cuando ya se habían realizado los dos intentos de notificación en el domicilio legal y real de la interesada, cuando ya se había hecho la publicación del edicto en el BOE» y se había publicado el Edicto en Tres Cantos.
Sobre la caducidad, el abogado del Estado afirma con rotundidad que «no cabe caducidad alguna, ni tampoco prescripción, pues la prescripción de la obligación de reponer el demanio [dominio público] se produce a los 15 años, artículo 327.1 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico».
La orden de demolición fue marzo de 2009.
Por lo tanto, han pasado 9 años y 10 meses.
En lo relativo a la zona prohibida en que ha sido construido el chalet, el abogado del Estado pide al tribunal que se lleve a cabo un informe pericial, «a ejecutar por técnico competente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, preferiblemente ingeniero de Caminos Canales y Puertos» para que determine si se construyó en zona de policía, invadiendo la zona de servidumbre «una vivienda».
En la foto, el chalet del fiscal jefe de Talavera de la Reina, en el término municipal de Pepino, construido sobre una zona ilegal, según Ecologistas en Acción. Foto: Confilegal.
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN
Ecologistas en Acción realizó un informe sobre el mencionado chalet en el que decía que “Por su ubicación, la vivienda de la parcela nº 237 de la segunda fase de la Urbanización El Gran Chaparral se encuentra parcialmente sobre la zona de servidumbre del dominio público hidráulico del arroyo de la Fuente o del Berrenchín y plenamente tanto dentro de la zona de policía como de la de riesgo de inundación”.
Ecologistas en Acción, que cita la Ley de Aguas, recuerda que constituyen “el dominio público hidráulico, entre otros bienes los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas y los lechos de lagos, lagunas y embalses superficiales, en cauces públicos”.
A estos efectos, la citada ley establece una llamada “zona de servidumbre” de 5 metros, a cada lado del cauce, y una “zona de policía”, de 100 metros -que comprende también los 5 metros citados- sobre las mismas zonas, en las que “está taxativamente prohibido construir“.
En esas zonas fue construido el chalet.
“Por su ubicación, la vivienda de la parcela 237 de la segunda fase de la Urbanización El Gran Chaparral se encuentra parcialmente sobre la zona de servidumbre del dominio público, hidráulico del arroyo de la Fuente o del Berrenchín y plenamente tanto dentro de la zona de policía como de la de riesgo de inundación”.
La foto describe la situación del chalet del fiscal decano de Talavera.
ECOLOGISTAS-EN-ACCIÓN-INFORME-SOBRE-SITUACIÓN-DE-LA-VIVIENDA-UNIFAMILIAR-y-ESPACIO-FLUVIAL_PEPINO_FINAL
LA ABOGACÍA DEL ESTADO SIGUE SOLICITANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE DEMOLICIÓN
El abogado del Estado, Pedro González, concluye suplicando a la Sala que dicte sentencia, desestimando el recurso, lo que conllevaría que se ejecutara la orden de demolición del chalet, y que se le impongan las costas a la esposa del fiscal decano, que es quien lo presentó.
EL FISCAL DECANO AMENAZÓ A CONFILEGAL POR INFORMAR SOBRE ESTE ASUNTO
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